¿Por que la reforma laboral?

La reforma laboral impulsada por el gobierno actual a debatirse por poder legislativo está dividida en tres proyectos de leyes, el primero modificaría la ley de contrato de trabajo en cuanto sus indemnizaciones, el segundo implementar el régimen de la pasantía y el tercero la evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET).

En un breve síntesis el primer proyecto de ley de la reforma laboral lo que propone es  la regularización del empleo no registrado excluyendo a lo establecido con los empleados de servicios de casas domésticas, la condonación de deudas a los empleadores que han operado en contra de la ley (en fraude al trabajador) como también las que se encuentren controvertidas en sede administrativas o judicial, la abstención de la AFIP de formular de oficio determinaciones de deudas, la implementación de herramientas informáticas para la comunicación de homologación de acuerdos; la multas quedaran a favor de los organismos de seguridad social cuyo destino sera para la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para ser computados a favor de los trabajadores, por lo cual dispone la creación de un fondo de cese laboral que tendrá el objeto de asumir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa contempladas en los artículos 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

La regularización del empleo no registrado significa el olvido de la deuda de la seguridad social, sin ningún tipo de limitación en cuanto a la cantidad de empleadores de la empresa o cantidad de empleados irregulares. Los trabajadores que se vean obligados a incluirse en este régimen, solamente podrán computar 5 años de servicios a los tiempos jubilatorios. Por otro lado La multa por el trabajo irregular se computara en un 50% del valor de la remuneración y para el cálculo de la indemnización se excluye aguinaldo, premios, o cualquier reconocimiento reconocido a favor del trabajador.

Por ultimo este primer proyecto de ley que configura la reforma laboral, crearía el fondo de cese laboral que remplazaría la forma de pago de indemnización actual por despido. Actualmente el trabajador cuando cobra un juicio se le libre cheque (o se ordena transferencia según el monto y la el ámbito sea provincia o capital), por lo cual se aprobarse este proyecto el dinero correspondiente al trabajador quedara a cargo del empleador y sería administrado por un ente sin fines de lucro.

Para los que quieran leer el primer proyecto de la reforma laboral, en el siguiente link podrán consultarlo:  PDF primer proyecto de la reforma laboral

El segundo proyecto de la reforma laboral se titula “capacitación laboral continua” disponiendo como propósitos la necesidad de satisfacer el derecho a la capacitación, horas de aprendizaje continuo para mayores de 18 años (sean de nivel secundario o universitario) dentro de empresas o instituciones tanto públicas como privadas, excluyendo a las empresas de servicios eventuales por un plazo máximo de 12 meses con una carga horaria de hasta 30 horas por semana. El fin de este proyecto de ley es que las personas que este en una “capacitación laboral continua” perciban una contribución sin carácter remunerativo, la cual se entiendo como estímulo para su capacitación.

En el siguiente link podrán consultar el segundo proyecto de la reforma laboral : https://estudiogatica.files.wordpress.com/2018/07/pdf-segundo-proyecto-reforma-laboral.pdf

El último proyecto de ley crea la  AGNET (Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud), el cual se sancionarse la ley este organismo será descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, y tendrá autarquía económica, financiera, y personería jurídica.
Este organismo podría llegar a tener grandes atribuciones, por lo que sería bueno hablar que recientemente la justicia ordeno a petición de la defensoría oficial a raíz  a aplicarse la vacuna obligatoria a una menor, conforme al calendario nacional de vacunación, contra el Virus del Papiloma Humano (HPV), a pesar de la negativa de los padres https://estudiogatica.files.wordpress.com/2018/07/pdf-tercer-proycto-de-la-reforma-laboral.pdf . Supongamos que en un futuro aparece un nanochip o microchip que se promociona como un instrumento para mejorar la salud, por más que uno se negase a vacunarse (para la implementación el chip) podría ser obligado mediante la justicia. (ver fallo https://estudiogatica.files.wordpress.com/2018/07/vacunacion.pdf)

Estos proyectos de ley deben estar en conocimiento de la sociedad, por lo cual te pído que compartas esta nota para que más gente se informe e investigue.

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¿Qué es un consorcio de cooperación?


Los consorcios de cooperación son contratos asociativos celebrados entre personas físicas o jurídicas que tengan domicilio en el país, quienes organizan un fondo operativo a los fines de potenciar sus actividades económicas o celebrar negocios en conjuntos.  El fondo operativo del consorcio, que fijen las partes, será inalterable y permanecerá indiviso por todo el término acordado.

El término “consorcio” proviene del latin consortiumCON de completamente, SORTIS de suerte y el sufijo IO de relación, por lo que significa conjunto de personas que tienen la misma suerte; y la expresión “cooperación” del latín cooperatio: del sufijo CO de reunión, OPERARI de operar y el sufijo CIÓN de acción, que significa acción y efecto de trabajar juntos; por lo tanto se podría entender al consorcio de cooperación como un conjunto de personas que trabajan en conjuntos el objetivo de obtener resultados a su favor.

En argentina en el año 2004 se sanciono la Ley 26.005 que dispuso que las personas (sea de existencia físicas o jurídicas), que tengan domicilio en el país podrán componer por contrato “Consorcios de Cooperación” estableciendo una organización compartida con el objetivo de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros, definidas o no al momento de su constitución, a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.

Con la sanción del Código Civil y Comercial se codificó la figura del consorcio de cooperación en el art. 1474 que establece que el contrato de contener el nombre, los datos de los miembros, el objeto, plazo, la denominación de fantasía con la leyenda “consorcio de cooperación”, constitución domicilio especial en el cual se notificaron los efectos que deriven del contrato, el fondo común operativo, las obligaciones y derechos, el porcentaje de inversión y la proporción en que cada uno participa de las ganancias, el porcentaje de responsabilidad de los participantes, forma de toma de decisiones, representantes, mayorías necesarias para la modificación del contrato, formas de control interno, sanciones, causal de extinción del contrato, forma de liquidación y reunión anual para el tratamiento de la situación del consorcio.

Este contrato no constituye una persona jurídica o sujeto de derecho, como tampoco tendrá el mando de la actividad económica de sus miembros; solo es a los efectos de que los firmantes distribuyan las ganancias obtenidas conforme a lo pactado en el contrato constitutivo. Esto significa que las ganancias obtenidas deberán ser confeccionadas por los representantes. La ley de procedimiento tributario establece que serán Responsables en Forma Personal y Solidaria, “Cualesquiera de los integrantes de una unión transitoria de empresas o de un agrupamiento de colaboración empresarial, respecto de las obligaciones tributarias generadas por el agrupamiento como tal y hasta el monto de las mismas. El consorcio de cooperación al ser un instrumento contractual que carece de personalidad, no es sujeto en el Impuesto a las Ganancias, por lo que los resultados derivados de la gestión deberán ser declarados por los partícipes de acuerdo a lo establecido en el contrato constitutivo.

El contrato puede instrumentarse mediante instrumento privado con firma certificada inscribiéndose conjuntamente con la designación de sus representantes o por instrumento público.  Para que este convenio obtenga validez se requiere su registro por ante la Inspección General de Justicia, caso contrario la ley otorga los efectos de una sociedad de hecho que significa que los contratantes del consorcio de cooperación responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas.  Asi mismo, si el contrato de constitución omite la proporción en que los firmantes responden a sus obligaciones, se presumirá la solidaridad entre sus miembros.

Un ejemplo de consorcio de cooperación puede ser una empresa petrolera que por medio de esta figura contractual configurada por empresas de transporte (terrestre, marítimo) con el objetivo de proporcionar los vehículos terrestres como embarcaciones fluviales para el transporte de hidrocarburos.

La idea de esta figura contractual asociativa es facilitar el desarrollo, el funcionamiento y la operatoria volcado a los negocios sin tanta reglamentación y requisitos para su funcionamiento, siendo los requisitos esenciales de esta figura el objeto común y el origen o la actividad negocial

Acompañante terapéutico en Salud Mental

Los acompañantes terapéuticos tienen una gran importancia en el campo de los tratamientos de salud mental, ya que resultan una herramienta útil para abordar las patologías como la dislexia, psicosis, autismo,  mutismo selectivo, demencias, esquizofrenias, adicciones, etcétera.

La ley al establecer la figura del acompañante terapéutico lo que busca es prevenir el daño inminente o una amenaza cierta de daño concreto (art. 43 de la Constitución Nacional). No se debe confundir con la mera acción preventiva de un daño eventual o conjetural.

Las prestadoras médicas deberán efectuar, con la intervención necesaria de un equipo interdisciplinario -a través de acciones de evaluación y orientación-, un adecuado seguimiento y control de la enfermedad de los menores con problemas de salud mental y su evolución, y llegado el caso, orientarlo invariablemente hacia un servicio que contemple su superación.

Asi mismo, la ley 25.241 establece el programa de asistencia primaria de salud mental, que establece el acompañante terapéutico como un derecho que debe garantizarse a los pacientes. Esto significa que la obra social brindar cobertura del 100 % del acompañante terapéutico escolar a un niño con discapacidad. En su Anexo I se refiere al acompañante terapéutico, quien interviene acompañando, cuidando, estimulando e integrando socialmente a los pacientes. Esta prestación está concebida para desarrollar acciones que auxilien y complementen el tratamiento que el afectado recibe por parte del profesional. El fin de esta figura es acompañar un tratamiento sin aislar al paciente dé su entorno familiar y social.

La reglamentación interna de las Obra Sociales, no puede ser utilizadas como argumento válido para modificar el cumplimiento de la ley, más aún teniendo en cuenta la importancia que tiene para el tratamiento de rehabilitación de un niño con discapacidad. Tampoco las obras sociales pueden desatender cuando el médico a cargo del tratamiento recomendó que el paciente cuente con “acompañante terapéutico”.

Así mismo, el Estado Argentino ha incorporado a nuestra constitución los tratados internacionales que aseguran a todos los hombres le derecho a la preservación de la salud (art. XI, DADDH; art. 25, DUDH; art. 75:22, Const. Nac.).  La Constitución Nacional (art. 75 inc 23) y los Tratados Internaciones de Derechos Humanos con jerarquía constitucional establecidos en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna otorgan sustento normativo a los derechos de las personas con problemas en su salud mental.  Nuestro país ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales, entre otros, a la Convención sobre los Derechos del Niño que establece la obligación de los Estados partes de alentar y asegurar a los menores con impedimentos físicos o mentales el acceso efectivo a los servicios sanitarios, de rehabilitación, de educación, oportunidad de esparcimiento, para que el niño logre la integración social, desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible, para lo cual debe tenerse en cuenta la legislación nacional, la situación de cada infante y de las personas responsables de su mantenimiento (CIDN arts. 23, 24 y 26), y la ley 26.061 en su art. 15, desarrolla el derecho a la educación, señalando que los niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición.

Por lo tanto, la falta de inclusión de la prestación requeridas por un enfermo mental en la obra social, en principio, NO es una excusa suficiente para no brindar la cobertura. De lo contrario se podría llegar al absurdo de que quien padece de una discapacidad y no tiene ninguna obra social tendrá una cobertura como la requerida por parte del Estado Provincial y/o Nacional, y quienes sí la tiene una obra social no puedan acceder a las mismas prestaciones. La justicia debe buscar la integralidad en el cumplimiento de la prestación asistencial, que indica que la prestación debe ser ejecutada del modo más eficaz e idóneo para satisfacer las condiciones mínimas acordes con las necesidades del discapacitado.

El acompañante terapéutico es un dispositivo indicado para la atención de afiliados con patologías que abarca la salud mental, que por las características de sus diagnósticos requieren asistencia permanente, y está concebido para desarrollar acciones que auxilien a los profesionales en la tarea de promoción, asistencia y rehabilitación, tanto individual como familiar, tendientes a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su inserción social y laboral ayudando a desarrollar en el mismo conductas participativas.

Si la obra social niega la cobertura, será necesario poner un profesional del derecho para exigir el cumplimiento efectivo de la prestación medica mediante la justicia.

T: #Acompañante #Terapéutico #acompañamientoterapeutico

Publicidad engañosa

La publicidad engañosa realizada de forma pública es aquella que genera un error, omite información o afecte económicamente a los consumidores. Cuando un proveedor promociona un producto o servicio, que luego de la contratación no cumple con lo prometido resulta una infracción a la ley de defensa del consumidor 24.240 y a la Ley de Lealtad Comercial 22.802 por publicidad engañosa.

La oferta publicitaria obliga al proveedor y le da el derecho al consumidor de exigir todo lo que se ha ofrecido en la actividad promocional, aunque la oferta no conste en el contrato firmado en la adquisición del servicio o del bien. Esto quiere decir que, quienes pretendan colocar sus productos o servicios en el mercado publicitando determinadas precisiones en sus anuncios, estas integrarán al contrato que se celebre con el consumidor, sin importar su transcripción o no en el correspondiente instrumento.

La ley de lealtad comercial protege a los consumidores ante las publicidades poco precisas, que contengan inexactitudes u ocultamientos puedan ser inducidos a error, engaño o confusión en la adquisición de productos o mercaderías o en la contratación de servicios. Esto es a los fines de preservar la lealtad en las relaciones comerciales, la cual abarca los derechos de los consumidores y los de los competidores, tutelando la libertad, la debida información y la transparencia en aquellas actividades

La ley de defensa el consumidor como el nuevo código civil y comercial, establece que las precisiones formuladas en la publicidad o anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el usuario y obligan al oferente. Por lo tanto, el consumidor puede exigir todo lo que se haya ofertado en la actividad publicitaria o promocional. Quien realiza la oferta deberá responder por todo aquello a lo que se obligue a través de la publicidad. Por lo tanto, la carga de la prueba de la veracidad y corrección del contenido publicitario recaerá sobre el anunciante.

Las profesiones liberales también quedan alcanzadas por las disposiciones de la ley de defensa del consumidor, cuando publicitan sus servicios profesionales en forma engañosa, pero no cuando incumplen un deber de informar propio de su ejercicio profesional.

Los proveedores tienen el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del producto o del servicio, por lo que debe prestar la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión. Por lo tanto, si el proveedor quiere desvirtuar cuando se imputa el hecho de haber realizado una publicidad engañosa, le corresponde demostrar que en la fecha que adquirió el consumidor no existir dicha oferta publicitaria.

Para denunciar o reportar publicidad engañosa de forma gratuita, deberá contar con una copia de la propaganda a los fines de presentarla ante el Área de Publicidad y Concursos de la Dirección de Lealtad Comercial sacando turno previo por la Mesa de Entradas del Ministerio de Producción (al 2018).

En caso de que el proveedor no satisfaga la oferta el consumidor afectado puede solicitar el cumplimiento efectivo más los daños y perjuicios, o en su caso solicitar la restitución más la reparación del daño material y moral. En caso que dicha conducta sea reincidente también se podrá solicitar la aplicación de la multa establecida por la ley de defensa del consumidor conocida como daños punitivos que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.

Certificado de trabajo por extinción del contrato de trabajo

Una vez finalizada la relación laboral, el empleador, además de abonar  al trabajador el importe de los rubros que correspondan a la liquidación final, deben entregar un certificado de trabajo, en donde figure  lo siguiente:

a) el tiempo de prestación de servicios, b) naturaleza de éstos, es decir, la categoría y tareas desempeñadas, c) remuneraciones percibidas, d) aportes y contribuciones efectuados a los organismos de la seguridad social, y e) calificación profesional obtenida en los puestos de trabajo en que se hubiere desempeñado, hubiere o no realizado acciones regulares de capacitación”.

Es de importancia destacar  que la ley ( cuando se extingue la relación laboral) habilita al empleado a requerir una “constancia documentada del cumplimiento de la obligación del empleador relativa al ingreso de los fondos de la seguridad social y de los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención .-

Si hubiera  incumplimiento de esta obligación, ello traerá como consecuencia el pago de  una indemnización específica para ese supuesto.

El empleador tendría un plazo de 30 días corridos  para hacer entrega del mencionado certificado, vencido el plazo, el trabajador  queda habilitado para intimar su entrega por el plazo de dos días hábiles. 

Actualmente, el certificado de servicios y remuneraciones debe ser confeccionado por vía informática, y tendrá como objeto, acreditar la relación laboral habida entre empleador y empleado, la categoría profesional del trabajador, las remuneraciones devengadas y los aportes y contribuciones ingresados al sistema de la seguridad social.

 Y por otro lado el empleador debería entregar otro formulario que se genera  en   la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), y debe contener firma certificada del empleador (servirá para acreditar esa prestación ante el órgano administrativo con la finalidad de obtener un beneficio previsional, )

Es dable destacar, que, son dos instrumentos distintos que tienen finalidades diversas., sin perjuicio que varios datos son comunes  El certificado de servicios y remuneraciones  sirve para tramitar una prestación provisional. El certificado de trabajo para acreditar la relación laboral habida entre las partes a las que se refiere, la categoría profesional del trabajador, las remuneraciones devengadas y los aportes y contribuciones ingresados al sistema de la seguridad social.

Para concluir, el empleador  cumplirá sus obligaciones entregando ambos instrumentos, sin limitar su cumplimiento a la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones, que el trabajador utilizará oportunamente para solicitar la prestación previsional. 

Despido por cierre de empresa

En el marco del principio protectorio del Derecho del Trabajo ubicamos al pronto pago laboral, concebido como un mecanismo de autorización de pago sin la sentencia previa o el pedido de verificación del crédito que la ley exige para los acreedores no laborales.

En su origen, los créditos laborales han tenido un tratamiento especial, fueron regulados en principio por la ley de quiebras y en la Ley de Contrato de Trabajo y luego modificado por distintas leyes, siendo que la última de ellos estableció el sistema que se encuentra vigente .-

Los créditos laborales tienen una protección especial, direccionada a que los trabajadores no se vean obligados a esperar el trámite completo de la quiebra para cobrar sus haberes, solución que tiene su explicación en el carácter alimentario de los salarios.-

La ley ha establecido un régimen de privilegios para los créditos laborales, reflejado no solo en la preferencia que le asigna a los trabajadores en concurrencia con otros acreedores del empleador, sino que también les otorga los medios para hacer efectiva tal preferencia.

El acreedor laboral, como resulta un trabajador, beneficiario de un crédito cuya causa-título sea anterior a la fecha del concurso preventivo o decreto de quiebra, está obligado a presentarse en el proceso concursal y para efectuar su reclamo, puede seguir dos caminos : solicitar el pronto pago o la verificación.-

El pronto pago, continúa considerándose estrictamente como una autorización de pago. No requiere verificación ni sentencia previa. Sigue siendo competente el juez concursal habilitando, en caso que sea rechazado, el trabajador deberá promover juicio ante el juez laboral .-

El rechazo al pronto pago, sería cuando se trataren de créditos que no surjan de la documentación laboral y contable del empleador o que estuvieren controvertidos, o existieran dudas sobre su subsistencia o legitimidad

A modo de conclusión es importante destacar que los créditos comprendidos en el pronto pago resultan: entre otras ; las remuneraciones debidas al trabajador; las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales; sanciones conminatorias por omisión de ingresos de aportes retenidos), indemnizaciones sustitutivas de preaviso, integración de mes de despido e indemnización por antigüedad o despido, extinción de contrato de trabajo por fuerza mayor, por muerte del trabajador o del empleador, por vencimiento del plazo, por quiebra o concurso del empleador, por jubilación del trabajador y por incapacidad o inhabilitación); indemnizaciones agravadas por despidos por causa de embarazo y por causa de matrimonio); (indemnizaciones agravadas para las relaciones laborales no registradas o registradas de modo deficiente); (indemnizaciones agravadas de la ley de empleo cuando el empleador no registrare una relación laboral, consignare una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor que la percibida por el trabajador)

Amparo ante negativa de cobertura en la obesidad mórbida

La obesidad mórbida, es el término utilizado para la patología en una persona que presenta un sobrepeso del 40 al 100 por ciento por encima del peso corporal ideal. Cuando una persona padece de obesidad mórbida tiene un riesgo mayor para la salud relacionado al exceso de peso, por lo cual  la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como un problema grave de salud y la define como  una acumulación anormal o excesiva de grasa.

Este tipo de padecimiento genera varios trastornos, ya que el incremento de grasa abajo del diafragma y en la pared torácica puede ejercer presión en los pulmones, ocasionando dificultad en la respiración y momentos de ahogo, siquiera sin realizar esfuerzo físico. La dificultad al respirar puede entrometerse  gravemente en el sueño generando trastornos como la apnea del sueño, lo que origina somnolencia durante el día entre otras complicaciones. También la obesidad mórbida puede causar varios problemas ortopédicos,  trastornos cutáneos ,tumefacción de los pies y los tobillos, diabetes, hipertensión arterial, síndrome depresivo e imposibilidad de moverse.

Cuando existe un riesgo en la salud del enfermo es necesario que se disponga la internación en un centro asistencial de atención, en el que puedan estabilizar las condiciones de salud suministrándole los tratamientos, la mediación y alimentación adecuada y necesaria a su patología.

Así mismo, cuando se ha realizado numerosos tratamientos (multidisciplinarios) para descender de peso sin conseguir resultados, o no logrando mantener el peso padeciendo otras enfermedades derivadas de la obesidad las cuales exigen tratamiento y medicación (por ejemplo: diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, etc.), el profesional de la salud puede prescribir la  “cirugía bariátrica”, la cual es el procedimiento quirúrgico para tratar la obesidad con el fin de lograr la disminución de la masa corporal.  Las obran sociales deben arbitrar los medios necesarios para brindar cobertura inmediata e integral de la cirugía bariátrica vía laparoscópica de  quien padece obesidad mórbida.

Cuando la conducta de la prestadora medica constituya en una verdadera barrera para la efectiva tutela de los derechos involucrados, colocando al damnificado  en la irresolución de saber si podrá realizarse la cirugía o no, de manera que no brindar una respuesta jurisdiccional favorable, oportuna y eficaz implicaría violentar los derechos constitucionales en detrimento de la salud, siendo que el derecho a la salud tiene rango constitucional por lo tanto, su privación o restricción manifiestamente ilegítima abre la vía del amparo.

Así mismo, los tratados internacionales sobre derechos humanos comprometen al Estado argentino a adoptar las medidas sanitarias y sociales relativas a la asistencia medica. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, expresa que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas –entre otros aspectos– a asistencia médica. En ese lineamiento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure – entre otros beneficios– la salud, el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, entre las medidas que deben adoptar los Estados partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, enuncia la prevención y el tratamiento de las enfermedades.