¿Qué es un viajante de comercio?

El estatuto del viajante de comercio comprende a los trabajadores  que hacen la venta, en nombre y por cuenta de uno o más comerciantes y/o industriales, concierten negocios relativos al comercio o industria de su o sus representados, mediante una remuneración y en la medida que el trabajador deba trasladarse al domicilio de los clientes para concretar las operaciones, dado que la condición de viajante de comercio supone necesariamente la realización de tareas fuera del ámbito de la empresa.

El viajante, salvo convenio escrito en contrario con su o sus empleadores, está autorizado a concertar negocios por cuenta de varios comerciantes y/o industriales, siempre que los mismos no comprendan mercaderías de idéntica calidad y características. Solo quedan comprendidos los trabajadores que hacen de la venta, en nombre y por cuenta de su empleador, su actividad principal, por lo tanto no incluye tareas tales como realizar cobros u obtener informaciones sobre las posibilidades de mercado, procurar nueva clientela, etc. No quedaran comprendidos como viajantes de comercios quienes no acrediten que su actividad era ejercida de acuerdo a las ordenes proporcionadas del empresario, mas en el caso de los ejercicios de libre comercio y representación de varias firmas, sin estar sujeto a jornada laboral, ni control, supervisiones o régimen disciplinario.

La diferencia entre el viajante y el agente de comercio, es la autonomía empresaria con que actúa el agente de comercio ya que este cuenta con una organización creada por él, posee una sede propia la cual la organiza a su propio riesgo, toma su propio personal y a diferencia del viajante, no debe rendir cuentas en términos de un mandatario y tampoco esta sometido a control o una vigilancia.

El salario del viajante se constituye, en todo o en parte, en base a comisión a porcentaje sobre el importe de las ventas efectuadas. También se considerarán integrando la retribución: los viáticos, gastos de movilidad, hospedaje, comida y compensaciones por gastos de vehículos. Las comisiones por sus ventas de mercaderías que aunque luego no sean vendidas por estar los productos en falta, integran la remuneración del viajante.

La normativa aplicable exige al empresario la obligacion de llevar el libro del viajante, en el que el empleador debe asentar el nombre, apellido y fecha de ingreso del viajante; sueldo, viático y porcentaje en concepto de comisión y toda otra remuneración; determinación precisa e individualizada de la zona o lugar asignado para el ejercicio de sus operaciones e inscripción por orden de fecha y sucesivamente de las notas de venta entregadas o remitidas, estableciendo el monto de la comisión devengada y de las notas y comisiones que correspondan a operaciones indirectas. De las mismas efectuarán liquidación detallada, que entregarán o remitirán al viajante conjuntamente con las copias de facturas.

Si el empleador incumple dicha carga de llevar el libro se genera una presunción a favor del trabajador. La ley establece que incumbirá al comerciante o industrial la prueba en contrario si el viajante o sus derecho habientes prestan declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en el libro a que se refiere el artículo anterior. En los casos en que se controvierta el monto o cobro de remuneraciones del viajante, la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la parte patronal. En todo caso, los comerciantes o industriales deberán conservar las notas de venta remitidas o elevadas por los viajantes no siéndoles admitida su destrucción hasta transcurridos los plazos de 5 años o los que establece la leyes.

En  caso que exista una diferencia en la categoria del trabajo, se aplicara un multa en funciòn de la obligacion de registro y sus contenidos con forme el presupuesto de aplicaciòn de la multa del art. 1 de la ley 25323 ante la denuncia de una categoria falsa o la asignacion de una remuneracion inferior a la real por registraciòn defectuosa.

Con respecto al plazo para poder iniciar la acción queda en el marco de la ley de contrato de trabajo ya que la misma es de común aplicacion a todas las acciones emergentes de derechos laborales y que como se trata de una norma de orden público el plazo resulta inalterable e inmodificable por acuerdo individual o colectivo o aún por disposición legal a la que supera y deroga, el plazo establecido en el estatuto del viajante de comercio.

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Lo que deberías saber sobre el divorcio

A partir de la implementación del nuevo código, ha habido importantes modificaciones en varias figuras legales, entre otras, verbigracia el divorcio, Veamos:

Lo novedoso en relación con el divorcio, que ahora es un proceso voluntario cuyo propósito no es una pretensión sino una solicitud; se trata de una petición de ambos cónyuges, o unilateral de uno de ellos. De lo antedicho, se puede inferir que en este proceso no hay demanda, ni pretensión, ni partes, aporte de “pruebas, ni producción de pruebas ni contradicción, sino solo una petición realizada, donde se acompañará elementos para fundamentar su pedido.

La reclamación, o sea la controversia, y las respectivas calificaciones, según la situación de que se trate, de actor, demandado, reconvincente y reconvenido, quedaran relegados para una etapa posterior ; pero solo limitado a aquellos aspectos en los cuales no se obtuvo una solución satisfactoria para ambos esposos.

Se podría sostener, que nos encontramos ante un proceso sin conflicto.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, establece que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. La norma, a diferencia de lo que sucedía con la legislación anterior, consagra una nueva forma de resolver las crisis familiares, focalizando en las consecuencias o efectos y no en las causas de la ruptura familiar. Si bien el divorcio continua siendo judicial, se eliminan las causas objetivas y subjetivas, se excluye la figura de la separación personal, se suprimen los plazos que

establecía el Código Civil, tanto el que se fijaba desde la celebración del matrimonio para solicitar el divorcio por mutuo consentimiento como los plazos de falta de convivencia que habilitaban el pedido de separación y divorcio por la causal objetiva, así como el trámite de doble audiencia.

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario , en el caso que haya sido requerido por uno de los cónyuges, que el otro (cónyuge) haya tomado intervención , para el dictado de la sentencia.

Cobertura total por diabetes insulinodependientes

El tratamiento por diabetes insulinodependientes debe ser cubierto de forma gratuita e interrumpida la provisión, con una cobertura completa, para los medicamentos e insumos y reactivos para control de glucemia.

La diabetes es una enfermedad que aparece cuando los niveles de glucosa de la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, están muy altos. La normativa aplicable a la enfermedad Diabetes, en argentina, aborda el tema de manera abarcativa   y platea una cobertura amplia en lo social, laboral y educativa, además de médica y farmacológica. Cuando se exige cobertura por la enfermedad de diabetes, las obras sociales deben reforzar los recaudos a fin de dar un efectivo cumplimiento para la atención de la persona enferma de diabetes, en función que existe una relación de una confianza especial, por la prestación de un servicio de salud.

La cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes, se fija al 100% (ciento por ciento) y en las cantidades necesarias según prescripción médica. La ley 26914 establece que la autoridad de aplicación establecerá normas de provisión de medicamentos e insumos, las que deberán ser revisadas y actualizadas como mínimo cada dos (2) años, a fin de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, para una mejor calidad de vida de los pacientes diabéticos.

Ante la enfermedad de diabetes insulino dependiente, existiendo una cuestión de derecho a la preservación de la salud, el cual incluye el derecho a la vida, y la garantía constitucional de protección integral de la seguridad sociales, las obras sociales en conflicto con la cobertura total del tratamiento prescripto, tienen la obligación de dar una respuesta rápida,  caso contrario podría acarrear consecuencias negativas que pueden interferir en le suspensión o interrupción de dicho tratamiento, por lo que será responsable de efectivizar el incumplimiento como también de los daños y perjuicios que se ocasionen.

Cuando la naturaleza de la patología que sufre el enfermo padece de diabetes tipo labil -insulinodependiente-, justifica la toma de medidas rápidas y efectivas en favor a asegurar la efectiva admisión de una atención medica adecuada, como por ejemplo seria en brindar una bomba de infusión continua de insulina en el marco del tratamiento indicado.

El amparo resulta la vía idónea para el reclamo de la cobertura del 100% de medicamentos e insumos requeridos por una portadora de diabetes insulina dependiente, pues se debe evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de garantías constitucionales que hacen a la protección del derecho a la salud desde el significado del régimen de seguridad social.

 

Derechos del consumidor: cambio de producto o devolución de dinero o quita

La venta de un producto con defecto, por parte de un comerciante, obliga a todos los participantes en la cadena del consumo al cambio o la devolución del dinero o ofrecer una quita, ya que el consumidor  cuenta con derechos que lo protegen ante estas situaciones de conflicto.

La ley de defensa al consumidor establece que en la compraventa de bienes muebles no consumibles, el comprador  y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. El plazo para reclamar garantía sin factura esta establecido por la ley: es de tres (3) meses para la venta de cosas usadas y seis (6) meses para el resto de los casos, habilitando la posibilidad de que el plazo pueda ser extendido pero no menos a la imposición legal. En caso de que para su arreglo el bien deba trasladarse a la fábrica o un taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, quien deberá afrontar los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse. Durante el periodo de tiempo que se prive al consumidor del uso de la cosa en garantía por reparación, se computa como una prorroga del plazo legal.

En caso que la cosa reparada no reúna las condiciones inmejorables para cumplir con el uso al que está destinada, (uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante) los garantes deberán responder por las reparaciones que no resulten satisfactorias, mas los daños y perjuicios resultantes del vicio de la cosa o de la prestación del servicio que pudieren corresponder y multa por daño punitivo. El consumidor puede optar por pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características (el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa) o devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales o obtener una quita proporcional del precio.

Ante este tipo de conflictos los consumidores afectados que estén domiciliados en la provincia de Buenos Aires pueden optar por la vía administrativa  de Defensa del Consumidor, o solicitar un abogado especialista en defensa del consumidor para que inicie la acción ante la justicia Comercial o Civil y Comercial, según corresponda la jurisdicción, a los fines del cobro del resarcimiento económico.

En la vía administrativa, para la reparación económica, el consumidor deberá presentar un escrito haciendo una descripción de los hechos generadores de perjuicio. Dependerá de si el caso es en provincia o capital, pero generalmente se estipulara una primer audiencia entre el consumidor y el representante legal de la empresa (que por lo general son abogado, por lo cual, claramente habrá una desventaja a la hora de negociar). En caso que no se pongan de acuerdo, y de que el reclamo prospere, si es en provincia la entidad administrativa dictara una resolución en donde se aplicaran multas a favor del consumidor; el problema que ocurre en esta situación, es que el multado apela la resolución administrativa y lleva el expediente a sede judicial (contencioso administrativo), por lo cual ya el consumidor no podrá hacer ninguna presentación si no se presenta con un abogado; esto significa, que una vez que se apela la multa administrativa si no se contrata de un abogado nunca lograra el cobro de las multas a favor; si es en capital una vez agotada la vía administrativa queda habilitada la acción legal.

Si el consumidor con domicilio en la provincia de Buenos Aires, opta por iniciar el reclamo mediante un abogado se deberá iniciar como previo la mediación previa obligatoria en cual se realiza una audiencia a los fines de poder conciliar el tema para evitar el inicio del juicio. De no conciliarse en la etapa previa, se habilita al inicio del juicio, el cual tramitara por el procedimiento más rápido en cual todos los plazos son de dos días salvo el de contestación de demanda (En la práctica, en algunas casos  no se respeta a raja tabla los plazos de dos (2) días establecidos en el código de procedimiento).

Por último, es importante destacar que la Ley 24240 con la reforma estableció el instituto de daños punitivos, por el cual habilita a que los jueces civiles apliquen multas a los infractores, con el fin de persuadir y lograr el cambio de conducta, que van desde los pesos quinientos ($500) a pesos cinco millones ($5.000.000) y que sera determinado  en consideración al valor del bien afectado, la conducta de la empresa y los inconvenientes sufridos por el usuario.

 

Indemnización por muerte del trabajador en accidente de trabajo

El resarcimiento económico por la muerte del trabajador en un accidente de trabajo es una obligación que nace de la relación laboral.

La muerte del trabajador puede estar originada por una lesión corporal, o por una enfermedad específica del trabajo o genérica ocasionada en el trabajo. En Argentina cuando un accidente laboral produce la muerte del trabajador, la indemnización corresponde a la viuda, a los ascendientes, hijos menores de 18 años solteros años o los incapacitados para el trabajo, o a otras personas que estuvieren a su cargo y que reúnan los requisitos exigidos por la ley (en ese orden). Mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y prelación establecida por ley, tendrán derecho a percibir una indemnización correspondiente a la mitad de la mejor remuneración percibida.

La ley de contrato de trabajo equipara a la viuda, en los casos del fallecimiento del trabajador, a la pareja que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento. Así mismo, establece que “tratándose de un trabajador casado y presentados la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los cinco años anteriores del fallecimiento”.

Por último la ley de contrato de trabajo establece que “Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causahabientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento”. Esto quiere decir que además de la indemnización fijada por la ley de contrato de trabajo, también se podrán aplicar las que estén fijadas por normas complementarias o por contrato, como por ejemplo las vacaciones no gozadas, el sueldo anual complementario proporcional y el seguro de vida.

Conforme el ordenamiento vigente, el seguro de vida es obligatorio para todos los empleadores que tomen personal en relación de dependencia. Este seguro además de cubrir la muerte dentro del trabajo también incluye el suicidio sin ninguna limitación para su indemnización.

La Super Intendencia de Riesgos del trabajo ha establecido:

las contingencias ocurridas con posterioridad al 26/10/12 (Ley N°26.773), los derechohabientes percibirán la prestación que surge del siguiente cálculo:

53 x VMIB x 65 / Edad a la PMI

(*) Valor  Mensual del Ingreso Base: Promedio de remuneraciones sujetas a aportes de los doce (12) meses anteriores a la PMI, divido por los días corridos, y multiplicado por el factor 30,4.

PISO MINIMO – Actualización Piso mínimo: $180.000 (actualizado semestralmente por RIPTE) x grado de ILP/100 y por Tasa del BNA a la fecha de liquidación. Este es de aplicación cuando el monto determinado por la fórmula es inferior al mismo.

Para contingencias ocurridas entre el 01/03/18 hasta el 31/08/18: $ 1.569.865.

En forma complementaria, también cobrarán una Compensación Dineraria Adicional de pago único de $120.000, actualizada semestralmente por RIPTE(*) al momento de la primera manifestación invalidante.

Para contingencias ocurridas entre el 01/03/18 hasta el 31/08/18: $1.046.577.

Finalmente, si la contingencia se trata de un accidente de trabajo o enfermedad profesional (excluido in itinere), se adicionará a la sumatoria de la fórmula o el Piso Mínimo (el mayor de los dos) y la compensación adicional, una indemnización adicional de pago único equivalente al veinte por ciento (20%).

Para las contingencias ocurridas con posterioridad al 24/01/17 (Ley N° 27.348), los derechohabientes percibirán la prestación que surge del siguiente cálculo:

53 x VIB + Ripte+tasa(*) x 65 / Edad a la PMI

(*) A los fines del cálculo del valor del ingreso base (VIB) se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados —de conformidad con lo establecido por el artículo 1° del Convenio N° 95 de la OIT— por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante, o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables).

 Desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.

PISO MINIMO – Actualización Piso mínimo: $180.000 (actualizado semestralmente por RIPTE) x grado de ILP/100 y por Tasa del BNA a la fecha de liquidación. Este es de aplicación cuando el monto determinado por la fórmula es inferior al mismo.

Para contingencias ocurridas entre el 01/03/18 hasta el 31/08/18: $ 1.569.865 (más tasa del BNA).

En forma complementaria, también cobrarán una Compensación Dineraria Adicional de pago único de $120.000, actualizada semestralmente por RIPTE(*) al momento de la primera manifestación invalidante.

Para contingencias ocurridas entre el 01/03/18 hasta el 31/08/18: $1.046.577.

Finalmente, si la contingencia se trata de un accidente de trabajo o enfermedad profesional (excluido in itinere), se adicionará a la sumatoria de la fórmula o el Piso Mínimo (el mayor de los dos) y la compensación adicional, una indemnización adicional de pago único equivalente al veinte por ciento (20%).

(fuente: https://www.srt.gob.ar/index.php/fallecimiento-_/)

Bien de Familia: Protección frente a ejecuciones

Afectar un inmueble como bien de familia es una manera de resguardarlo contra eventuales y agresiones patrimoniales (ejecuciones, medidas cautelares).

Cuando una propiedad se afecta al régimen de bien de familia, en principio, no se puede ejecutar por deudas posteriores a esa inscripción (salvo por expensas, ABL y gastos de construcción o mejoras).

Según nuestra legislación «El “bien de familia” no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en el caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos … o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca».

Sin embargo esta afectación genera también algunas desventajas ya que al constituirlo como bien de familia ya no será un bien admisible de ser utilizado como garantía. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que el bien tampoco se puede vender sin antes desafectar.-

Cuando una persona solicita un crédito hipotecario, el banco suele exigir como condición que el inmueble no esté como bien de familia, por lo tanto se “desafecta” porque de otro modo no se podría ejecutar.

Los beneficiarios del régimen de bien de familia pueden ser el cónyuge (esposo o esposa), sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos (hijos, padres y abuelos). Es importante tener presente que no es necesario que convivan con el o los titulares del inmueble.

La jurisprudencia reciente ha sostenido que “a los efectos de establecer si un crédito es o no anterior a la afectación de un inmueble como bien de familia, es necesario determinar el hecho o acto generador de la obligación”, por lo que “a tales fines, debe estarse a la fecha del contrato o del hecho ilícito, en su caso, no resultando determinante la fecha del incumplimiento

contractual, ni la de la demanda, ni menos la de la sentencia que condene a su pago”.

Pero hay que tener en cuenta que la desafectación que podría incoar un acreedor se refiere a ese crédito, lo que no implica la cancelación de la inscripción

Concluyendo , es necesario señalar que para este instituto sea oponible a posibles acreedores , la inscripción debe ser anterior a las obligaciones que resulten exigibles, no resultando determinante la fecha del incumplimiento contractual, ni la de la demanda, ni menos la de la sentencia que condene a su pa

Que hacer en Argentina si te despidieron estando embarazada

Nuestro ordenamiento normativo protege  el período de embarazo y parte del plazo pos parto con una prohibición relativa del despido de la mujer, que en el caso de ocurrir, además de las indemnizaciones ordinarias por despido (preaviso e indemnización por antigüedad)se agrega una indemnización agravada de un año de remuneraciones, o sea de trece salarios (los salarios del año más el SAC o aguinaldo).

Esta especial cobertura  se da en base a la presunción de que el despido incausado por los siete meses y medio anteriores a la fecha presunta de parto, y por los siete meses y medio posteriores al parto, es por causa de maternidad y lo castiga con la indemnización precitada. 

La Justicia laboral se ha expedido sobre el particular, sosteniendo que “ si bien las normas relativas a la estabilidad de la mujer que trabaja tienen por finalidad obvia disuadir al empleador de posibles actitudes de discriminación frente a la contingencia de embarazo o maternidad y de allí que se las denomine normas de discriminación positiva o antidiscriminatorias, dicha finalidad no es la única ya que, en el caso específico de la maternidad, existen previsiones normativas de rango constitucional y legal que, frente a esa contingencia, otorgan una especial tutela a la trabajadora, aun cuando no medie un acto de discriminación en su contra”.

La situación antes mencionada, que prescribe  la Ley de Contrato de Trabajo,  encuentra su sentido en la maternidad de la trabajadora y tiene lugar a continuación de la licencia obligatoria, por lo cual durante el período de excedencia rige plenamente la protección legal, cuya intención y espíritu no es otro que proteger del despido y/o de cualquier acto discriminatorio a la mujer que ha sido madre y, por ende, al niño y a la familia, especialmente durante el período pre y post parto.

Es importante destacar, que la trabajadora debe  acreditar debidamente su embarazo, es decir de manera fehaciente, en cuyo caso   la empresa , en el supuesto que decida despedirla , deberá abonarle  la indemnización agravada legalmente determinada para estos casos´. A su respecto, en la ley que regula el  Contrato de Trabajo (Ley 20.744)  un capítulo que de modo concluyente se refiere a la Protección de la Maternidad. La normativa antes referida, sostiene  que se le debe garantizar el trabajo durante la gestación, si la notificación fue hecha de la manera correspondiente.

De lo expuesto,  en caso que la empleada  fuere despedida por discriminación por embarazo, esta debería accionar  por vía judicial, con el objeto de reclamar una indemnización por despido y un resarcimiento adicional de 13 sueldos .