Fraude laboral con monotributo

El fraude laboral se configura en los casos que existe una relación de dependencia enmascarada en una locación de servicios entre una persona en subordinación y otra en mando, que contrata dentro de sus establecimientos y la fuerza de trabajo por plazo indeterminado, con el fin de evitar registrar al empleado.

Muchos trabajadores y profesionales, en especial en el área de la salud, para poder ser contratados les exigen que se inscriban como monotributistas y emitan facturas para percibir el salario. Las empresas en infracción reconocen que existe prestación (por los trabajadores/profesionales), pero invocan que es una unión contractual de locación de servicios. Si el trabajador, sea en el ámbito público o privado, ha firmado un contrato de este tipo corresponde que sea considerado en la verdadera situación jurídica que le cabe. Por lo tanto, se aplica el principio de primacía de la realidad ya que se trata de un trabajador en relación de dependencia y lo que realmente existe es un contrato de trabajo en negro lo cual habilita a la aplicación de multas.

Existe la tesis que dice probada la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otra persona que se beneficia y abona una retribución por aquellos, independientemente del nombre con que se califique dicha retribución – honorarios, sueldo, etc.-, se proyecta la citada presunción de que se trata de una relación de dependencia y, en todo caso, por ser “iuris tantum”, sólo podrá ser desvirtuada por prueba en contrario. En su caso, debe existir una independencia de conducta personal que pudiera llevar a concluir de que el servicio es un caso aislado sin continuidad.

El trabajador afectado a tal situación puede intimar por telegrama a su empleador a que regularice la situación laboral bajo apercibimiento de considerarse gravemente injuriado y despedido por culpa del empleador.

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Que hacer ante un robo al salir del banco

En una típica salidera bancaria, dos delincuentes, a punta de pistola, asaltaron a un hombre, que minutos antes había retirado una suma de dinero en efectivo. Durante el asalto, los delincuentes le gritaron “dame la guita que recién sacaste del banco o te mato”, y en la huida, uno de ellos le efectuó un disparo que impactó en el maxilar de la víctima.

En este escenario, el actor promovió una demanda de daños y perjuicios contra la sucursal bancaria. Sin embargo, la entidad negó todos los hechos, con el argumento de que “no se trató de una salidera bancaria, ya que fue a varias cuadras del banco y el actor habría concurrido a su domicilio particular”.

 

El banco adujo que cumplió con las medidas de seguridad dentro de la sucursal y que “no puede suplir una responsabilidad indelegable del Estado Nacional” ni “extender medidas de seguridad y vigilancia fuera de la misma y a varias cuadras de distancia”.

 

El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, ya que “tuvo por probado los extremos invocados en la demanda y no habiendo la accionada acreditado una causa ajena que la exonere de responsabilidad”.

La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal relató que durante toda la operatoria realizada en el banco, el accionante estuvo “expuesto a la vista de todas las personas que se hallaban en el lugar, poniendo un sujeto en particular, especial atención a todos y cada uno de los movimientos que hizo la víctima hasta que éste se retiró del lugar”.

El video filmación muestra el momento en que el actor se encuentra en la caja a fin de efectuar la compra de dólares, y también, como es particularmente observado por un individuo ubicado a dos filas de distancia, quien luego se tira tras los pasos de la víctima.

Para los jueces, el demandante “fue observado en forma pormenorizada por un sujeto que siguió sus movimientos hasta que éste se retiró del lugar”, por lo que entendieron que “el servicio de seguridad no fue prestado adecuadamente”.

De este modo, los vocales rechazaron los argumentos vertidos en torno a que los daños que invoca el reclamante fueron causados por un tercero extraño durante un suceso violento generado por delincuentes llevado a cabo lejos de la sucursal.

 

En efecto, el tribunal confirmó la responsabilidad del banco por violación del deber de seguridad. “(…) La entidad bancaria debe adoptar medidas de seguridad para prevenir y evitar robos, los que (…) resultan habituales”, concluyó el fallo en los autos “P., H. E. c/ B. de G. y B. A. SA s/ Daños y perjuicios”.

Asentimiento conyugal por poder

La ley establece que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los bienes gananciales. El cónyuge que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.

El asentimiento conyugal es la declaración de voluntad del otro cónyuge, por el cual presta conformidad a la enajenación del inmueble o al someterlo a un gravamen como por ejemplo la hipoteca. El asentimiento conyugal debe ser realizado por escritura pública cuando se trata de una enajenación o un gravamen, esta es una formalidad exigida por la ley. La intención de este instituto es proteger al que no participa de la operación para que este en conocimiento del acto a producirse.

En la mayoría de los casos se dan cuando el marido quiere vender la casa (sea como bien familiar o bien ganancial), y necesita la firma de la mujer para poder perfeccionar el acto.  Cuando un matrimonio no elige el régimen de separación de bienes, todas las adquisiciones formaran un conjunto de bienes gananciales. El cónyuge que adquirido los bienes podrá administrarlo y disponerlos, pero necesitará el asentimiento conyugal del otro para enajenar o gravar los bienes registrables.  El código Civil y Comercial de la Nación trata el tema a partir del artículo 456.

El que va a prestar el asentimiento, debe tener presente que si el bien a vender o gravar ésta comprendido dentro de la comunidad del matrimonio (régimen de bien ganancial) el 50 % le pertenece, por lo que en caso de disolución o conflicto es importante sacarse todas las dudas antes de firmar, ya que una vez prestado el asentimiento no se podrá reclamar la nulidad.