Mala praxis – Responsabilidad civil del cirujáno plástico

La mala praxis realizada por los cirujanos plásticos en donde el resultado es distinto al perseguido, a causa de la culpa del médico tras realizar la cirugía, origina responsabilidad civil y debe reparar los daños y perjuicios ocasionados.

Las obligaciones de los profesionales de la salud, como la de los cirujanos plásticos, son de medio o resultado por lo tanto su actividad busca preservar la salud del paciente en un sentido amplio, más allá de los casos en que existe el riesgo común a toda intervención quirúrgica.

En principio la cirugía reparadora busca la corrección de los defectos adquiridos o los congénitos. Por lo tanto, posee por finalidad el embellecimiento del paciente, o su mejora física. Es requisito fundamental que el individuo que se someta a la cirugía preste su consentimiento expreso el cual debe estar documentado.

Cuando existe un incumplimiento y este es atribuible a la negligencia profesional la responsabilidad estará ligada a la culpabilidad por parte del profesional de la salud.

En las obligaciones de resultado la prueba del incumplimiento genera un presunción de culpa por parte del médico, la cual solamente podrá ser desvirtuada con la prueba del caso fortuito. La única defensa posible que puede alegar el profesional es haber obrado diligentemente.

Como particularidad de esta especialidad (cirugía estética), se ha señalado que en estos casos la intervención del especialista nunca es urgente, al punto de que quien no se somete a este tipo de cirugía por lo general no arriesga su vida ni su integridad física.

En las cuestiones donde interviene un profesional de la materia, la doctrina ha establecido la carga de la prueba dinámica, la cual establece que quien está en mejor posición de probar debe acreditar que no hubo impericia en su accionar. Para saber más, te recomendamos leer: Carga dinámica en la mala praxis médica.

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Que hacer ante un cambio de lugar de trabajo

El cambio de lugar de trabajo sin justas causas dispuesto por el empleador, implicando el traslado para otra localidad, resulta un abuso de las facultades de la empresa por lo que habilitaría al trabajador a considerarse despedido por culpa exclusiva de su empleador.

La ley de contrato de trabajo establece que el empleador está facultado para introducir todos aquellos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren modalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador.

Las modificaciones del contrato de trabajo que puede realizar el empleador están limitado a cambios circunstanciales dentro de la relación laboral siempre y cuando estos no impliquen un perjuicio moral o material al trabajador. Por lo tanto, el lugar de trabajo al resultar un elemento fundamental (de la relación de trabajo), no entra dentro de las facultades del empleador; siempre y cuando su modificación no dependa de circunstancias objetivas.

Si el empleador necesita por razones objetivas trasladar la planta fabril a otro lugar debe negociar con el o los trabajadores y ha de contar con su consentimiento expreso, determinando las condiciones del traslado (reconocimiento de mayores gastos, consideración del mayor tiempo de viaje como hora suplementaria, etc.), pero nunca podrá disponer unilateralmente el cambio.

Cuando el empleador disponga medidas vedadas por la ley, el trabajador tendrá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas.

Si usted se encuentra frente a este hecho, contáctenos.

Lo que debes saber si fallo el airbag

Si ante una colisión con el vehículo no se activan los airbags, el damnificado se encuentra amparado por la ley de defensa al consumidor parar reclamar ante la justicia mediante un juicio sumarísimo los daños y perjuicios sufridos, además de la aplicación de multas por daños punitivos, por el vicio de la cosa, siendo que tanto el fabricante y concesionaria son responsables por haber puesto en el mercado un producto riesgoso.


Entre el dueño del vehículo y el fabricante, existe una relación de consumo, la cual deriva de la adquisición del automóvil, más allá que la compra haya sido directa o por intermedio de un concesionario, ya que la responsabilidad se origina por una atribuida deficiencia del producto.

La responsabilidad del fabricante, como del concesionario (y de todos los que participen de la cadena) está en la falla en la apertura del airbag. El vicio de la cosa es determinante en los daños que pueden padecer los tripulantes. Por lo tanto, son responsables por haber generado el riesgo, al lanzar al mercado un producto con serias deficiencias en el sistema de seguridad.

La fragilidad de los componentes secundarios ante una colisión frontal por alcance, demuestran lo vulnerable que puede ser el sistema de seguridad. Cuando un vehículo carece de un sistema adecuado para soportar un choque, existe responsabilidad de la marca.

Existe una obligación de seguridad, consagrada en la ley de defensa al consumidor que prevé la responsabilidad objetiva derivada del vicio o defecto de la cosa. Es una obligación de resultado, por cuanto el fabricante debe entregarle al consumidor un producto o servicio que ha de cumplir con una finalidad para la cual fue adquirido o es utilizado.

Si usted ha sido víctima de un vehículo defectuoso en cuanto a sus medidas de seguridad, usted tiene derecho a una indemnización, contáctenos.

Fraude laboral con monotributo

El fraude laboral se configura en los casos que existe una relación de dependencia enmascarada en una locación de servicios entre una persona en subordinación y otra en mando, que contrata dentro de sus establecimientos y la fuerza de trabajo por plazo indeterminado, con el fin de evitar registrar al empleado.

Muchos trabajadores y profesionales, en especial en el área de la salud, para poder ser contratados les exigen que se inscriban como monotributistas y emitan facturas para percibir el salario. Las empresas en infracción reconocen que existe prestación (por los trabajadores/profesionales), pero invocan que es una unión contractual de locación de servicios. Si el trabajador, sea en el ámbito público o privado, ha firmado un contrato de este tipo corresponde que sea considerado en la verdadera situación jurídica que le cabe. Por lo tanto, se aplica el principio de primacía de la realidad ya que se trata de un trabajador en relación de dependencia y lo que realmente existe es un contrato de trabajo en negro lo cual habilita a la aplicación de multas.

Existe la tesis que dice probada la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otra persona que se beneficia y abona una retribución por aquellos, independientemente del nombre con que se califique dicha retribución – honorarios, sueldo, etc.-, se proyecta la citada presunción de que se trata de una relación de dependencia y, en todo caso, por ser “iuris tantum”, sólo podrá ser desvirtuada por prueba en contrario. En su caso, debe existir una independencia de conducta personal que pudiera llevar a concluir de que el servicio es un caso aislado sin continuidad.

El trabajador afectado a tal situación puede intimar por telegrama a su empleador a que regularice la situación laboral bajo apercibimiento de considerarse gravemente injuriado y despedido por culpa del empleador.

Si necesita asesoramiento laboral, contáctenos.

Que hacer ante un robo al salir del banco

En una típica salidera bancaria, dos delincuentes, a punta de pistola, asaltaron a un hombre, que minutos antes había retirado una suma de dinero en efectivo. Durante el asalto, los delincuentes le gritaron “dame la guita que recién sacaste del banco o te mato”, y en la huida, uno de ellos le efectuó un disparo que impactó en el maxilar de la víctima.

En este escenario, el actor promovió una demanda de daños y perjuicios contra la sucursal bancaria. Sin embargo, la entidad negó todos los hechos, con el argumento de que “no se trató de una salidera bancaria, ya que fue a varias cuadras del banco y el actor habría concurrido a su domicilio particular”.

 

El banco adujo que cumplió con las medidas de seguridad dentro de la sucursal y que “no puede suplir una responsabilidad indelegable del Estado Nacional” ni “extender medidas de seguridad y vigilancia fuera de la misma y a varias cuadras de distancia”.

 

El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, ya que “tuvo por probado los extremos invocados en la demanda y no habiendo la accionada acreditado una causa ajena que la exonere de responsabilidad”.

La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal relató que durante toda la operatoria realizada en el banco, el accionante estuvo “expuesto a la vista de todas las personas que se hallaban en el lugar, poniendo un sujeto en particular, especial atención a todos y cada uno de los movimientos que hizo la víctima hasta que éste se retiró del lugar”.

El video filmación muestra el momento en que el actor se encuentra en la caja a fin de efectuar la compra de dólares, y también, como es particularmente observado por un individuo ubicado a dos filas de distancia, quien luego se tira tras los pasos de la víctima.

Para los jueces, el demandante “fue observado en forma pormenorizada por un sujeto que siguió sus movimientos hasta que éste se retiró del lugar”, por lo que entendieron que “el servicio de seguridad no fue prestado adecuadamente”.

De este modo, los vocales rechazaron los argumentos vertidos en torno a que los daños que invoca el reclamante fueron causados por un tercero extraño durante un suceso violento generado por delincuentes llevado a cabo lejos de la sucursal.

 

En efecto, el tribunal confirmó la responsabilidad del banco por violación del deber de seguridad. “(…) La entidad bancaria debe adoptar medidas de seguridad para prevenir y evitar robos, los que (…) resultan habituales”, concluyó el fallo en los autos “P., H. E. c/ B. de G. y B. A. SA s/ Daños y perjuicios”.

Asentimiento conyugal por poder

La ley establece que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los bienes gananciales. El cónyuge que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.

El asentimiento conyugal es la declaración de voluntad del otro cónyuge, por el cual presta conformidad a la enajenación del inmueble o al someterlo a un gravamen como por ejemplo la hipoteca. El asentimiento conyugal debe ser realizado por escritura pública cuando se trata de una enajenación o un gravamen, esta es una formalidad exigida por la ley. La intención de este instituto es proteger al que no participa de la operación para que este en conocimiento del acto a producirse.

En la mayoría de los casos se dan cuando el marido quiere vender la casa (sea como bien familiar o bien ganancial), y necesita la firma de la mujer para poder perfeccionar el acto.  Cuando un matrimonio no elige el régimen de separación de bienes, todas las adquisiciones formaran un conjunto de bienes gananciales. El cónyuge que adquirido los bienes podrá administrarlo y disponerlos, pero necesitará el asentimiento conyugal del otro para enajenar o gravar los bienes registrables.  El código Civil y Comercial de la Nación trata el tema a partir del artículo 456.

El que va a prestar el asentimiento, debe tener presente que si el bien a vender o gravar ésta comprendido dentro de la comunidad del matrimonio (régimen de bien ganancial) el 50 % le pertenece, por lo que en caso de disolución o conflicto es importante sacarse todas las dudas antes de firmar, ya que una vez prestado el asentimiento no se podrá reclamar la nulidad.

Como reclamar aportes no realizados

Si el empleador retiene los aportes del trabajador y no los deposita, el afectado puede efectuar la intimación y posterior denuncia en cualquiera de las dependencias de la AFIP, o en la Dirección de Fiscalización Operativa de la Seguridad Social.

Usted por medio de la página de ANSES puede consultar el listado histórico de aportes previsionales realizados por sus empleadores.

La falta de pago de aportes implica una severa multa a favor del trabajador perjudicado, equivalente a un sueldo por mes trabajado hasta que el incumplidor haga efectivo el depósito de los aportes correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la ley 25345 art. 43 en los arts.75°, 80°, 115°, 131° y 137° de la L.C.T. como así en el art.9° y 56° de la ley 18.037; art. 2° de la L.E. y art. 43° de la ley 25.345, siendo de aplicación los arts. 1738, 762, 765, 768 y769 del Código Civil y Comercial de la Nación.-

Para que la sanción proceda, es necesario que el trabajador intime al empleador a que un plazo de 30 días ingrese los importes adeudados más los intereses multas que pudieran corresponder. Por lo que el trabajador, deberá probar que intimo al empleador para la procedencia de la multa.

Cuando son varios los responsables del pago de aportes, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de la otra, es menester que aquella empresa contrate o subcontrate servicios que complementen su actividad normal, como en el caso que nos ocupa, se han vulnerado con cada cambio de titularidad ejecutando el mismo nombre comercial.

La ley 14236 y modificatorias establece en el artículo 16 que “las acciones por cobro de las contribuciones, aportes y multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los diez años”. La jurisprudencia ha establecido: “Si bien la Administración comienza su actuación con la denuncia del trabajador, existe sentencia laboral que reconoce la existencia de relación de dependencia en los términos que señala. Obviamente, hay prescripción liberatoria si hay inactividad del acreedor.”