Lo que deberías saber del Veraz por tarjeta de crédito

Las deudas originadas por tarjeta de crédito de entidades financieras no pueden figurar en la base de datos de antecedentes financieros, ya que la ley establece una prohibición de informar.

El Veraz (ORGANIZACION VERAZ S A COMERCIAL DE MANDATOS E INFORMES) es una empresa que se dedica a comercializar base de datos que contiene información financiera de las persona,  la cual es consultada por las entidades crediticias a los fines de poder hacer un análisis antes de otorgar prestamos. Por lo cual, según los datos que figuren en el sistema serán muy importantes al momento de que le otorguen o le rechacen la solicitud de crédito.

La ley 25065 de tarjetas de crédito establece la prohibición de informar disponiendo lo siguiente : ” Las entidades emisoras de Tarjetas de Crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de Tarjetas de Crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina. Las entidades informantes serán solidaria e ilimitadamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los beneficiarios de las extensiones u opciones de Tarjetas de Crédito por las consecuencias de la información provista.”

El citado artículo establece que las deudas de tarjeta de crédito no pueden ser informadas en la base de datos de antecedentes financieros. Algunas entidades financieras lo que suelen hacer es informar la deuda de tarjeta de crédito mediante giros al descubierto en cuenta corriente. Dicha operatoria es ilegal y esta penada por lo que además de solicitar la rectificación de los datos se puede solicitar los daños y perjuicios que le hayan ocasionado al damnificado. De hecho, en algunos casos algunos bancos las deudas de tarjeta de crédito la instrumentan en un certificado de saldo deudor de cuenta corriente lo cual esta expresamente prohibido en la ley de tarjeta de crédito. La ley 25.065 de tarjetas de créditos establece la nulidad de las cláusulas que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito. En su artículo 14 dispone que “Serán nulas las siguientes cláusulas: a) Las que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera de los derechos que otorga la presente ley. b) Las que faculten al emisor a modificar unilateralmente las condiciones del contrato. c) Las que impongan un monto fijo por atrasos en el pago del resumen. d) Las que impongan costos por informar la no validez de la tarjeta, sea por pérdida, sustracción, caducidad o rescisión contractual. e) Las adicionales no autorizadas por la autoridad de aplicación. f) Las que autoricen al emisor la rescisión unilateral incausada. g) Las que impongan compulsivamente al titular un representante. h) Las que permitan la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito. i) Las que importen prorroga a la jurisdicción establecida en esta ley. j) Las adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de Tarjeta de Crédito”. Asi mismo le recomendamos la lectura del siguiente artículo Diferencia entre cuenta corriente y tarjeta de crédito

Esta operatoria de informar e instrumentar las deudas generadas por tarjeta de crédito mediante un certificado de saldo deudor , en primer lugar, es a los fines de poder informar la deuda a las bases de datos de antecedentes financieros y, en segundo lugar, es para tener la vía ejecutiva en la ejecución judicial lo cual les habilita la traba de medidas cautelares con el inicio de la demanda. Los acreedores al momento de ejecutar deudas originadas por tarjeta de crédito previamente al armado de la vía ejecutiva deben citar al deudor a reconocer la documental que exige la ley de defensa del consumidor.

La ley 24240 de defensa del consumidor en su art. 36 habla sobre las operaciones de venta de crèdito estableciendo los requisitos. La normativa dice lo siguiente: “En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.  Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato. La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.  El Banco Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en la presente ley. Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario.” Asi mismo, La ley de Defensa de los Consumidores también prevé en su art. 37 inc. b la invalidez de las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte.

Por lo expuesto  la existencia de un certificado de saldo deudor de cuenta corriente cuyo importe incluye deudas derivadas del uso de una tarjeta de crédito, no puede ser ejecutado en forma directa sino que -respecto a dichos conceptos- debe recurrirse previamente al trámite de preparación de la vía ejecutiva.

Volviendo al tema de la información suministrada a la base de datos financieras, las personas que se vean afectadas al incumplimiento de la normativa, es decir que figuren informadas por deudas de crédito (o simulen otro tipo de deuda que su origen se por el uso de tarjeta de crédito)  podrán promover acción de habeas data para suprimir los datos, además de los daños y perjuicios, y la acción penal contra los funcionarios que hayan violado la prohibición de informar.

Usted puede sacar su informe de veraz gratuito, registrándose www.veraz.com.ar,  deberá llamar  al número que figura en el sitio en donde le harán unas preguntas de índole personal para posteriormente otorgarle un código para finalizar el tramite.

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Diferencia entre cheque y pagaré

Los pagarés y los cheques son documentos usados tanto por empresas como por particulares para abonar cantidades adeudadas. Estos documentos, entregados por una entidad financiera o una persona se autoriza a otra a cobrar una determinada cantidad de dinero.

A la hora de optar entre un cheque o un pagaré como sistema de pago habría que tener en cuenta cuáles son sus diferencias.

Ocurre con frecuencia, que se confunden estos dos conceptos ya que presentan características muy similares. Por tanto, es necesario conocer en qué se diferencian y en qué se parecen.

Aunque ambos son documentos que en general se utilizan para cancelar obligaciones, existen algunas diferencias entre ellos.

Un cheque es una orden de pago librada por una persona física o jurídica a un banco, con el que mantiene una cuenta corriente, para que éste último pague una suma expresada en el documento, a quien tenga derecho a cobrarlo. El librador es quien emite el cheque y el portador legitimado es quien tiene derecho de cobro.

El pagaré es un tipo de documento en el que alguien se compromete a pagar una suma económica con una fecha determinada .-

Si bien ambos son utilizados como medios idóneos para cancelar obligaciones, hay que tener presente que uno es una orden de pago(cheque), mientra que el otro (pagaré) es una promesa de pago.-

El cheque puede ser cobrado desde el momento en que se expide, mientras que el pagaré tiene un lugar y una fecha de cobro establecidos.

En la actualidad, el cheque puede ser común, a cobrar en 30 días desde la fecha de creación del cheque o bien puede diferir el momento de su pago a una fecha comprendida dentro de un plazo de 365 días desde su creación

Para ser considerado pagaré, el cartular debe contener de manera obligatoria: la mención de ser pagaré; promesa incondicional de pago; Nombre del beneficiario; Fecha de vencimiento; Fecha y lugar en que se suscribe; lugar de pago y firma del suscriptor.

Otra distinción importante es en cuanto a su cobro por via judicial :

En cuanto al cheque el mismo puede ser rechazado entre otros motivos, por sin fondos y/o orden de no pagar, y es partir de la fecha del rechazo, el beneficiario cuenta con un año de plazo para reclamar su cobro judicial.-

En referencia al pagaré, el plazo para iniciar el cobro judicial es de un año a partir de la fecha de vencimiento del pagaré, en caso que este no hubiese sido cancelado.-

Sin perjuicio de antedicho, también se podría afirmar que los cheques y pagarés tienen entre si algunas similitudes que es fundamental puntualizar , como ser : son instrumentos de pago, lo que significa que ambos resumen el pago de un importe adeudado; son realizados por un emisor, y entregados a un beneficiario el cual es la persona que cobrará el importe; son instrumentos útiles que pueden ser utilizados por cualquier persona tanto empresas como particulares; necesitan la firma del emisor para tener validez; .ambos solicitan que sea llenada la fecha de la emisión del documento y de alguna manera, representan un compromiso de pago.

Libertad de expresión en redes sociales

La libertad de expresión es el derecho que tienen las personas, físicas o jurídicas, a poder emitir su opinión, manifestarse, publicar sus ideas, poder difundir lo que piensan, sin censura previa, siempre y cuando no inciten la violencia, no sean injuriosas o calumniosas para otras personas, u ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero.

En el ámbito internacional: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. IV expresa: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.; la Declaración Universal de  Derechos Humanos en su artículo 19 establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 dispone la  Libertad de Pensamiento y de Expresión, enunciando que  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección;  2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:  a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas;  3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones;  4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2;  5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Dentro del ordenamiento de la república argentina la Constitución Nacional en su artículo 14 dispone que” Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”; así mismo el articulo 32 expresa que : El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.”

La ley de servicio de internet (ley 26032) consagra que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.

El nuevo Código Civil y Comercial tutela expresamente la dignidad de las personas y que la libertad de expresión no puede analizarse sin consideración del objeto involucrado en la información.

Por lo cual las publicaciones realizadas por las redes sociales cuando su contenido no presente ilegalidad manifiesta y no estén relacionadas con la esfera de la intimidad de algún tercero quedan amparadas por la libertad de expresión.

Nuestro ordenamiento consagra por un lado el derecho de la sociedad a estar informada y a expresar todo tipo de opiniones e ideas a través de un medio de gran difusión como Internet –con sus efectos positivos y negativos–; y por el otro, los derechos (personalísimos o a la propiedad) de las personas humanas o jurídicas que puedan resultar afectados por el uso que se haga del referido medio, de acuerdo con las concretas circunstancias de cada caso.

La Corte Suprema ha establecido que toda restricción, sanción o limitación a la libertad de expresión -que goza en nuestro ordenamiento jurídico de una posición privilegiada- debe ser de interpretación restrictiva. Por lo cual quien pretenda iniciar una acción contra las opiniones vertidas en redes sociales (o medios de comunicación) deberá probar que la publicación resulta una calumnia o injuria que provoca una lesión a la intimidad, honor o bueno nombre.

 

¿Qué es un consorcio de cooperación?


Los consorcios de cooperación son contratos asociativos celebrados entre personas físicas o jurídicas que tengan domicilio en el país, quienes organizan un fondo operativo a los fines de potenciar sus actividades económicas o celebrar negocios en conjuntos.  El fondo operativo del consorcio, que fijen las partes, será inalterable y permanecerá indiviso por todo el término acordado.

El término “consorcio” proviene del latin consortiumCON de completamente, SORTIS de suerte y el sufijo IO de relación, por lo que significa conjunto de personas que tienen la misma suerte; y la expresión “cooperación” del latín cooperatio: del sufijo CO de reunión, OPERARI de operar y el sufijo CIÓN de acción, que significa acción y efecto de trabajar juntos; por lo tanto se podría entender al consorcio de cooperación como un conjunto de personas que trabajan en conjuntos el objetivo de obtener resultados a su favor.

En argentina en el año 2004 se sanciono la Ley 26.005 que dispuso que las personas (sea de existencia físicas o jurídicas), que tengan domicilio en el país podrán componer por contrato “Consorcios de Cooperación” estableciendo una organización compartida con el objetivo de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros, definidas o no al momento de su constitución, a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.

Con la sanción del Código Civil y Comercial se codificó la figura del consorcio de cooperación en el art. 1474 que establece que el contrato de contener el nombre, los datos de los miembros, el objeto, plazo, la denominación de fantasía con la leyenda “consorcio de cooperación”, constitución domicilio especial en el cual se notificaron los efectos que deriven del contrato, el fondo común operativo, las obligaciones y derechos, el porcentaje de inversión y la proporción en que cada uno participa de las ganancias, el porcentaje de responsabilidad de los participantes, forma de toma de decisiones, representantes, mayorías necesarias para la modificación del contrato, formas de control interno, sanciones, causal de extinción del contrato, forma de liquidación y reunión anual para el tratamiento de la situación del consorcio.

Este contrato no constituye una persona jurídica o sujeto de derecho, como tampoco tendrá el mando de la actividad económica de sus miembros; solo es a los efectos de que los firmantes distribuyan las ganancias obtenidas conforme a lo pactado en el contrato constitutivo. Esto significa que las ganancias obtenidas deberán ser confeccionadas por los representantes. La ley de procedimiento tributario establece que serán Responsables en Forma Personal y Solidaria, “Cualesquiera de los integrantes de una unión transitoria de empresas o de un agrupamiento de colaboración empresarial, respecto de las obligaciones tributarias generadas por el agrupamiento como tal y hasta el monto de las mismas. El consorcio de cooperación al ser un instrumento contractual que carece de personalidad, no es sujeto en el Impuesto a las Ganancias, por lo que los resultados derivados de la gestión deberán ser declarados por los partícipes de acuerdo a lo establecido en el contrato constitutivo.

El contrato puede instrumentarse mediante instrumento privado con firma certificada inscribiéndose conjuntamente con la designación de sus representantes o por instrumento público.  Para que este convenio obtenga validez se requiere su registro por ante la Inspección General de Justicia, caso contrario la ley otorga los efectos de una sociedad de hecho que significa que los contratantes del consorcio de cooperación responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas.  Asi mismo, si el contrato de constitución omite la proporción en que los firmantes responden a sus obligaciones, se presumirá la solidaridad entre sus miembros.

Un ejemplo de consorcio de cooperación puede ser una empresa petrolera que por medio de esta figura contractual configurada por empresas de transporte (terrestre, marítimo) con el objetivo de proporcionar los vehículos terrestres como embarcaciones fluviales para el transporte de hidrocarburos.

La idea de esta figura contractual asociativa es facilitar el desarrollo, el funcionamiento y la operatoria volcado a los negocios sin tanta reglamentación y requisitos para su funcionamiento, siendo los requisitos esenciales de esta figura el objeto común y el origen o la actividad negocial

Despido por cierre de empresa

En el marco del principio protectorio del Derecho del Trabajo ubicamos al pronto pago laboral, concebido como un mecanismo de autorización de pago sin la sentencia previa o el pedido de verificación del crédito que la ley exige para los acreedores no laborales.

En su origen, los créditos laborales han tenido un tratamiento especial, fueron regulados en principio por la ley de quiebras y en la Ley de Contrato de Trabajo y luego modificado por distintas leyes, siendo que la última de ellos estableció el sistema que se encuentra vigente .-

Los créditos laborales tienen una protección especial, direccionada a que los trabajadores no se vean obligados a esperar el trámite completo de la quiebra para cobrar sus haberes, solución que tiene su explicación en el carácter alimentario de los salarios.-

La ley ha establecido un régimen de privilegios para los créditos laborales, reflejado no solo en la preferencia que le asigna a los trabajadores en concurrencia con otros acreedores del empleador, sino que también les otorga los medios para hacer efectiva tal preferencia.

El acreedor laboral, como resulta un trabajador, beneficiario de un crédito cuya causa-título sea anterior a la fecha del concurso preventivo o decreto de quiebra, está obligado a presentarse en el proceso concursal y para efectuar su reclamo, puede seguir dos caminos : solicitar el pronto pago o la verificación.-

El pronto pago, continúa considerándose estrictamente como una autorización de pago. No requiere verificación ni sentencia previa. Sigue siendo competente el juez concursal habilitando, en caso que sea rechazado, el trabajador deberá promover juicio ante el juez laboral .-

El rechazo al pronto pago, sería cuando se trataren de créditos que no surjan de la documentación laboral y contable del empleador o que estuvieren controvertidos, o existieran dudas sobre su subsistencia o legitimidad

A modo de conclusión es importante destacar que los créditos comprendidos en el pronto pago resultan: entre otras ; las remuneraciones debidas al trabajador; las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales; sanciones conminatorias por omisión de ingresos de aportes retenidos), indemnizaciones sustitutivas de preaviso, integración de mes de despido e indemnización por antigüedad o despido, extinción de contrato de trabajo por fuerza mayor, por muerte del trabajador o del empleador, por vencimiento del plazo, por quiebra o concurso del empleador, por jubilación del trabajador y por incapacidad o inhabilitación); indemnizaciones agravadas por despidos por causa de embarazo y por causa de matrimonio); (indemnizaciones agravadas para las relaciones laborales no registradas o registradas de modo deficiente); (indemnizaciones agravadas de la ley de empleo cuando el empleador no registrare una relación laboral, consignare una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor que la percibida por el trabajador)

Lo que deberías saber sobre el divorcio

A partir de la implementación del nuevo código, ha habido importantes modificaciones en varias figuras legales, entre otras, verbigracia el divorcio, Veamos:

Lo novedoso en relación con el divorcio, que ahora es un proceso voluntario cuyo propósito no es una pretensión sino una solicitud; se trata de una petición de ambos cónyuges, o unilateral de uno de ellos. De lo antedicho, se puede inferir que en este proceso no hay demanda, ni pretensión, ni partes, aporte de “pruebas, ni producción de pruebas ni contradicción, sino solo una petición realizada, donde se acompañará elementos para fundamentar su pedido.

La reclamación, o sea la controversia, y las respectivas calificaciones, según la situación de que se trate, de actor, demandado, reconvincente y reconvenido, quedaran relegados para una etapa posterior ; pero solo limitado a aquellos aspectos en los cuales no se obtuvo una solución satisfactoria para ambos esposos.

Se podría sostener, que nos encontramos ante un proceso sin conflicto.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, establece que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. La norma, a diferencia de lo que sucedía con la legislación anterior, consagra una nueva forma de resolver las crisis familiares, focalizando en las consecuencias o efectos y no en las causas de la ruptura familiar. Si bien el divorcio continua siendo judicial, se eliminan las causas objetivas y subjetivas, se excluye la figura de la separación personal, se suprimen los plazos que

establecía el Código Civil, tanto el que se fijaba desde la celebración del matrimonio para solicitar el divorcio por mutuo consentimiento como los plazos de falta de convivencia que habilitaban el pedido de separación y divorcio por la causal objetiva, así como el trámite de doble audiencia.

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario , en el caso que haya sido requerido por uno de los cónyuges, que el otro (cónyuge) haya tomado intervención , para el dictado de la sentencia.

Bien de Familia: Protección frente a ejecuciones

Afectar un inmueble como bien de familia es una manera de resguardarlo contra eventuales y agresiones patrimoniales (ejecuciones, medidas cautelares).

Cuando una propiedad se afecta al régimen de bien de familia, en principio, no se puede ejecutar por deudas posteriores a esa inscripción (salvo por expensas, ABL y gastos de construcción o mejoras).

Según nuestra legislación «El “bien de familia” no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en el caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos … o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca».

Sin embargo esta afectación genera también algunas desventajas ya que al constituirlo como bien de familia ya no será un bien admisible de ser utilizado como garantía. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que el bien tampoco se puede vender sin antes desafectar.-

Cuando una persona solicita un crédito hipotecario, el banco suele exigir como condición que el inmueble no esté como bien de familia, por lo tanto se “desafecta” porque de otro modo no se podría ejecutar.

Los beneficiarios del régimen de bien de familia pueden ser el cónyuge (esposo o esposa), sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos (hijos, padres y abuelos). Es importante tener presente que no es necesario que convivan con el o los titulares del inmueble.

La jurisprudencia reciente ha sostenido que “a los efectos de establecer si un crédito es o no anterior a la afectación de un inmueble como bien de familia, es necesario determinar el hecho o acto generador de la obligación”, por lo que “a tales fines, debe estarse a la fecha del contrato o del hecho ilícito, en su caso, no resultando determinante la fecha del incumplimiento

contractual, ni la de la demanda, ni menos la de la sentencia que condene a su pago”.

Pero hay que tener en cuenta que la desafectación que podría incoar un acreedor se refiere a ese crédito, lo que no implica la cancelación de la inscripción

Concluyendo , es necesario señalar que para este instituto sea oponible a posibles acreedores , la inscripción debe ser anterior a las obligaciones que resulten exigibles, no resultando determinante la fecha del incumplimiento contractual, ni la de la demanda, ni menos la de la sentencia que condene a su pago