Asentimiento conyugal por poder

La ley establece que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los bienes gananciales. El cónyuge que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.

El asentimiento conyugal es la declaración de voluntad del otro cónyuge, por el cual presta conformidad a la enajenación del inmueble o al someterlo a un gravamen como por ejemplo la hipoteca. El asentimiento conyugal debe ser realizado por escritura pública cuando se trata de una enajenación o un gravamen, esta es una formalidad exigida por la ley. La intención de este instituto es proteger al que no participa de la operación para que este en conocimiento del acto a producirse.

En la mayoría de los casos se dan cuando el marido quiere vender la casa (sea como bien familiar o bien ganancial), y necesita la firma de la mujer para poder perfeccionar el acto.  Cuando un matrimonio no elige el régimen de separación de bienes, todas las adquisiciones formaran un conjunto de bienes gananciales. El cónyuge que adquirido los bienes podrá administrarlo y disponerlos, pero necesitará el asentimiento conyugal del otro para enajenar o gravar los bienes registrables.  El código Civil y Comercial de la Nación trata el tema a partir del artículo 456.

El que va a prestar el asentimiento, debe tener presente que si el bien a vender o gravar ésta comprendido dentro de la comunidad del matrimonio (régimen de bien ganancial) el 50 % le pertenece, por lo que en caso de disolución o conflicto es importante sacarse todas las dudas antes de firmar, ya que una vez prestado el asentimiento no se podrá reclamar la nulidad.

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MALA PRAXIS MEDICA- COMPETENCIA

En algunas oportunidades, al querer entablar acciones judiciales por “mala praxis médica”, ello nos lleva a la duda de cuál sería la competencia: ordinaria o federal. 

El sometimiento delas obras sociales y/o  agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la ley. ¿Y cuáles son los términos de la ley de Obras Sociales? ¡Pues atender a sus beneficiarios! De lo que se desprende que en caso que surjan  incumplimientos asistenciales las Obras Sociales podrán ser demandadas por ante la justicia ordinaria.-

De ese modo lo han declarado  recientes fallos judiciales, en cuanto se sostuvo en ellos,  que es competente la justicia civil para entender en la acción de daños y perjuicios pretendidos por la actora en razón de la conducta que atribuye al profesional que la atendió y a la Obra Social a la que pertenece

Ese criterio resulta aplicable, ya que lo que se debate es  la responsabilidad civil de los médicos  y no, exclusivamente, aspectos que hacen a la instrumentación y planificación de las obras sociales, por lo que no resulta de aplicación el fuero de excepción (que indica que debe plantearse en sede federal).

En este orden de ideas, cabe destacar que nuestro más alto  Tribunal reiteró que corresponde la intervención de la justicia  civil (ordinaria) en los casos en los que, se demande por la responsabilidad civil de los profesionales  médicos, aun cuando un ente de obra social también integre la acción judicial(como demandado).-

En el mismo sentido, se ha decretado, en  reiterados casos  que si se demanda al profesional de la medicina que intervino en la cuestión, corresponde su tramitación ante el fuero civil aun cuando un organismo de la obra social también integre la litis como codemandado, sin que ese criterio se vea modificado cuando se demanda también al Estado Nacional

Es dable señalar, entonces, que si el demandante  centró el reclamo en la responsabilidad de los demandados en razón de haber sido la causa originaria y directa de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la mala actuación de los profesionales que lo atendieron, forzoso es concluir que debe intervenir  interviniendo la Justicia  Civil.

A fin de concluir, es dable precisar  que la sola mención de alguna omisión en la prestación del servicio por parte de la obra social o del prestador médico no resulta por sí suficiente para inferir  en la conveniencia del desplazamiento en la competencia ordinaria (civil)

Extravío del pagare

Existe  la posibilidad, mientras tenemos en nuestro poder  un pagaré, con determinado vencimiento y/o a la vista, de que lo extraviemos  o nos los sustraigan(al pagaré)

Resulta de vital importancia de mantener  en todo momento la custodia de los pagarés para evitar tener que realizar después las acciones pertinentes para poder cobrarlo, que alargan el proceso de cobro y nos supondrán un gasto extra.

Es de total obviedad,  que sin tener el cartular,  no resulta posible  exigir el pago al firmante del pagaré, y  por ende  tampoco se podrá  cobrar.

Comprobada la  pérdida, sustracción o destrucción, el portador desposeído  debería comunicar r el hecho al girado y al librador y requerir la cancelación del título al juez letrado del lugar donde la letra debe pagarse o ante el de su domicilio

Por lo tanto, una vez  que se ha constatado, el extravió y/o sustracción del documento, y se ha comunicado al firmante, habría que  promover sin demora una acción judicial, con la finalidad   de evitar  que un tercero pueda cobrar ilegítimamente el importe del pagaré que no le corresponde.

Este procedimiento, está previsto por la ley,  donde se explican claramente las acciones que se deben tomar,  para obtener finalmente una resolución judicial de modo que  permita,  reclamar el pago del pagaré a vencimiento así como, la posibilidad de iniciar las actuaciones judiciales correspondientes, en caso de no poder obtener su cobro.

Una vez radicada la denuncia, el juez debería practicar  las averiguaciones pertinentes sobre la veracidad o no de los hechos que se presentan, y tras estudiar las diferentes particularidades de cada caso, decretaría algunas de estas  posibilidades.

La primera,  puede consistir en la obligar al  firmante de expedir un duplicado o  la segunda en la que se expresa el reconocimiento del derecho del tenedor desposeído a exigir el pago si el vencimiento del pagaré ya ha transcurrido.

Por último, cabe poner de resalto que el trámite judicial  comienza y se desarrolla con la intervención de una sola parte -el portador desposeído-, y tiende a lograr la resolución judicial, no contra otro sujeto determinado, sino para establecer la eficacia de un nexo jurídico -acto de constatación-, sin conflicto con nadie, es decir que no hay intereses encontrados con parte alguna  No persigue una decisión entre dos partes, sino solamente con relación al sujeto que reclama el ejercicio de la actividad judicial en el caso concreto.


Al tramitarse inaudita parte, corresponde al tenedor desposeído  cumplir con los recaudos de toda demanda judicial, indicando los requisitos formales del pagaré, cuya cancelación se pretende. También deberá acompañar la prueba documental que tenga en su poder y ofrecerá la pertinente sobre la titularidad del derecho, la propiedad del documento, y de las circunstancias que motivaron la desposesión involuntariamente sufrida 

Cheque rechazado por orden de no pagar

Por lo general, los cheques sin indicación de beneficiario, por lo cual, resultando la legitimación de su mera posesión, y habiéndose depositado en una cuenta para su cobro, el simple rechazo bancario consignado en el dorso del documento con aclaración de su causa, deja expedita la vía ejecutiva por surtir los efectos de un protesto.

La orden de no pagar un cheque.  NO le hace perder a éste su fuerza ejecutiva, ya que sólo tiende a impedir el pago cuando se dan algunas  circunstancias consignadas en la ley , sin que ello determine  la validez del documento considerado en su perfeccionamiento (orden de pago y título de crédito).

Si el firmante y/o librador de los cheques se limita a mencionar una denuncia policial, sin acreditar el inicio del procedimiento de cancelación, no podrá privar al ejecutante,  de su derecho a exigir judicialmente el cobro de la deuda instrumentada en los documentos cuestionados.

Actuar en sentido inverso, quitándole fuerza ejecutiva a los cheques mediante el simple recurso de formular una denuncia policial, sería un grave error.

Sin perjuicio de lo expuesto, de modo previo, resultaría prudente efectivizar algunas acciones: En primer lugar, determinar  fecha de la orden de no pagar, fecha del hecho o acto que le diera causa, y si se ha registrado ratificación judicial (en caso de extravío, por tentativa de estafa)
Alguno de estos datos surgen del propio cheque rechazado y de información de la base del BCRA. Otros se deben obtener del Banco girado. Para ello se debería remitir una comunicación  al Banco girado, requiriendo toda la información que resulte menester.-

Por otro lado,  si de las averiguaciones surge que la denuncia y los hechos o actos que le dieron causa son posteriores a la tenencia del Banco del cheque, debe efectuarse reclamo (y potencialmente denuncia penal) al librador del valor

Cumplidos los recaudos, antes reseñados , se estaría en condiciones  de accionar por vía judicial, habida cuenta que resultaría  preferible que recaiga sobre la víctima directa de una sustracción o una pérdida el perjuicio económico, a que se entronice por vía de interpretación judicial un mecanismo que permita a las gentes de mala fe abusarse del prójimo, quitándole virtualidad al cheque.

Habeas data competencia

En esta oportunidad, nos convoca  el tema de la competencia sobre una acción de habeas data.-

A pesar, que algunos autores  entienden que el tema “in exámine” corresponde a la justicia federal,  la Justicia nacional en lo Comercial , ha declarado que corresponde atribuir la competencia a ese fuero, habida cuenta que  la causa(de habeas data)   emerge a raíz de conflictos entre un usuario con  entidades bancarias, sometido a normas mercantiles; máxime teniendo en cuenta que la materia a decidir atañe a cuestiones y reclamos derivados de la actividad privada de las demandadas, con incidencia, únicamente, en la situación particular de quien formula el reclamo.

Por lo expuesto, la Justicia Nacional en lo Comercial resulta competente, y no la justicia federal, toda vez que no se cuestiona en autos el ejercicio del poder de policía financiera del Banco Central de la República Argentina, y las disposiciones que consagran la jurisdicción federal, -que por su naturaleza es limitada y de excepción-, deben ser interpretadas restrictivamente, descartando su aplicación analógica a situaciones que no sean expresamente contempladas en cada caso.

 Respecto a la Provincia de Buenos Aires, la ley establece que la jurisdicción le corresponderá al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juez de Paz Letrado, donde existiere, cuando se trate de archivos privados destinados a dar informes; y al Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo cuando se trate de archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Será competente para entender en la acción constitucional de hábeas data el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

Po último, cabe resaltar que el proceso de hábeas data ( en la Provincia de Buenos Aires )  tramitará según las disposiciones de la ley provincial, y  supletoriamente, por las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial en lo atinente al proceso sumarísimo.

Competencia territorial en los contratos de seguros

En esta ocasión, nos parece de interés, adentrarnos sobre el tema de la competencia territorial pertinente para demandar a una Compañía de Seguros, a raíz de los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento contractual.

Reiteradamente , los jueces han sostenido que resultaba competente la justicia para intervenir en el proceso por daños y perjuicios si la citada en garantía tenía una sucursal en esta jurisdicción, no obstante, un nuevo examen de la cuestión, ha llevado a los juzgadores a modificar tal criterio, de conformidad con la jurisprudencia más reciente .

Así, se ha sostenido que si bien las previsiones legales permiten demandar a una compañía aseguradora ante el juez de la sede de una de sus sucursales, ello supone que la acción se vincule a la ejecución de obligaciones allí contraídas por sus agentes locales.

A los fines de la citación en garantía del asegurador, el domicilio que resultaría competente, debería ser el estatutario que la compañía de seguros tiene registrado ante la autoridad societaria competente o donde funcione su dirección y administración, si se tratare de un único establecimiento, y si posee distintos establecimientos o sucursales tiene el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales, pero sólo para la ejecución de obligaciones allí contraídas por las filiales locales de la compañía

Aún cuando la ley no distingue en cuanto a los diversos domicilios que pudiere tener la aseguradora -casa central, agencia, delegación, sucursal-, el Código establece que las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales, por lo que la admisión del desplazamiento de la competencia autorizado por la ley de seguros requiere no sólo que se haya denunciado la existencia de una sucursal en la jurisdicción en que se interpone la demanda sino que además el contrato respectivo se hubiera realizado en ese lugar.

Continuando con el tópico, los jueces han entendido que la jurisdicción en la cual la aseguradora citada en garantía tiene una sucursal resulta incompetente para entender en la acción de daños y perjuicios interpuesta, ya que el siniestro, el domicilio de ambas partes y el lugar de celebración del contrato se encuentran en otra demarcación territorial

Concluyendo con el presente comentario, se podría sostener que el fundamento de la competencia territorial reside en la tutela del derecho subjetivo a los llamados “Jueces Naturales”, que son en principio los del domicilio del justiciable. La interpretación en materia de competencia no debe efectuarse con un criterio amplio sino restringido de manera tal de no sacar las causas de sus jueces naturales

Falta de cobertura del seguro

La falta de pago del seguro ante un siniestro habilitaría al asegurado a reclamar por los daños causados en toda su extensión.

Existiendo una relación contractual entre el asegurado y el seguro, obliga a que este último ante un siniestro el seguro debe cubrir la suma estipulada en el contrato. Cabe destacar que si el seguro no cumple el contrato celebrado entre las partes, el mismo no puede limitarse solo a lo expresado en el contrato. El que perimió con su incumplimiento, genera una frustración que deviene en el reclamo de los distintos rubros que puede integrar la demanda (tales como daño moral, lucro cesante, etc.). De ninguna manera puede limitarse al contenido del contrato original, cuando el actor ha sido obligado a reclamar por su derecho en sede judicial.

Dicho incumplimiento resulta, en el momento de entablar una demanda, omnicomprensivo de todos los defectos de que puede adolecer la prestación (cuantitativos y cualitativos), ya que debe considerarse todos y cada uno de los rubros que sustentan los daños ocasionados por el riesgo cierto del incumplimiento del deudor.-

La insuficiencia o no de la actividad desplegada por el deudor en la ejecución de su prestación y para ello deberá, como primera cosa, responder conforme al contrato y luego hacerse cargo de los daños causados en toda su extensión.

Se trata de una responsabilidad en sentido amplio, sinónima de un conjunto de consecuencias que se siguen de la infracción del deudor y que debe soportar por ese mismo hecho, a la que, más propiamente, conviene denominar sistema de remedios por el incumplimiento. La responsabilidad civil en su sentido restringido se identifica con la indemnización de daño.

La opción de ejercitar uno u otro pertenece al asegurado quien la ejercitará según mejor convenga a su interés afectado. Después del incumplimiento, que rompe el orden normal de las cosas (los contratos se celebran para cumplirse), es el asegurador quien debe decidir sobre el o los remedios de que hará uso para la realización de su interés, sin más límites que los provenientes de los supuestos específicos de cada remedio.

El incumplimiento es un hecho objetivo que se identifica con cualquier desviación del programa de prestación con relación a la conducta desplegada por el deudor en cumplimiento del contrato, carente de una valoración subjetiva, es el que permite articular el sistema de los remedios de que dispone el acreedor y entre los cuales puede optar más o menos libremente.