¿Qué es un consorcio de cooperación?


Los consorcios de cooperación son contratos asociativos celebrados entre personas físicas o jurídicas que tengan domicilio en el país, quienes organizan un fondo operativo a los fines de potenciar sus actividades económicas o celebrar negocios en conjuntos.  El fondo operativo del consorcio, que fijen las partes, será inalterable y permanecerá indiviso por todo el término acordado.

El término “consorcio” proviene del latin consortiumCON de completamente, SORTIS de suerte y el sufijo IO de relación, por lo que significa conjunto de personas que tienen la misma suerte; y la expresión “cooperación” del latín cooperatio: del sufijo CO de reunión, OPERARI de operar y el sufijo CIÓN de acción, que significa acción y efecto de trabajar juntos; por lo tanto se podría entender al consorcio de cooperación como un conjunto de personas que trabajan en conjuntos el objetivo de obtener resultados a su favor.

En argentina en el año 2004 se sanciono la Ley 26.005 que dispuso que las personas (sea de existencia físicas o jurídicas), que tengan domicilio en el país podrán componer por contrato “Consorcios de Cooperación” estableciendo una organización compartida con el objetivo de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros, definidas o no al momento de su constitución, a fin de mejorar o acrecentar sus resultados.

Con la sanción del Código Civil y Comercial se codificó la figura del consorcio de cooperación en el art. 1474 que establece que el contrato de contener el nombre, los datos de los miembros, el objeto, plazo, la denominación de fantasía con la leyenda “consorcio de cooperación”, constitución domicilio especial en el cual se notificaron los efectos que deriven del contrato, el fondo común operativo, las obligaciones y derechos, el porcentaje de inversión y la proporción en que cada uno participa de las ganancias, el porcentaje de responsabilidad de los participantes, forma de toma de decisiones, representantes, mayorías necesarias para la modificación del contrato, formas de control interno, sanciones, causal de extinción del contrato, forma de liquidación y reunión anual para el tratamiento de la situación del consorcio.

Este contrato no constituye una persona jurídica o sujeto de derecho, como tampoco tendrá el mando de la actividad económica de sus miembros; solo es a los efectos de que los firmantes distribuyan las ganancias obtenidas conforme a lo pactado en el contrato constitutivo. Esto significa que las ganancias obtenidas deberán ser confeccionadas por los representantes. La ley de procedimiento tributario establece que serán Responsables en Forma Personal y Solidaria, “Cualesquiera de los integrantes de una unión transitoria de empresas o de un agrupamiento de colaboración empresarial, respecto de las obligaciones tributarias generadas por el agrupamiento como tal y hasta el monto de las mismas. El consorcio de cooperación al ser un instrumento contractual que carece de personalidad, no es sujeto en el Impuesto a las Ganancias, por lo que los resultados derivados de la gestión deberán ser declarados por los partícipes de acuerdo a lo establecido en el contrato constitutivo.

El contrato puede instrumentarse mediante instrumento privado con firma certificada inscribiéndose conjuntamente con la designación de sus representantes o por instrumento público.  Para que este convenio obtenga validez se requiere su registro por ante la Inspección General de Justicia, caso contrario la ley otorga los efectos de una sociedad de hecho que significa que los contratantes del consorcio de cooperación responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas.  Asi mismo, si el contrato de constitución omite la proporción en que los firmantes responden a sus obligaciones, se presumirá la solidaridad entre sus miembros.

Un ejemplo de consorcio de cooperación puede ser una empresa petrolera que por medio de esta figura contractual configurada por empresas de transporte (terrestre, marítimo) con el objetivo de proporcionar los vehículos terrestres como embarcaciones fluviales para el transporte de hidrocarburos.

La idea de esta figura contractual asociativa es facilitar el desarrollo, el funcionamiento y la operatoria volcado a los negocios sin tanta reglamentación y requisitos para su funcionamiento, siendo los requisitos esenciales de esta figura el objeto común y el origen o la actividad negocial

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Despido por cierre de empresa

En el marco del principio protectorio del Derecho del Trabajo ubicamos al pronto pago laboral, concebido como un mecanismo de autorización de pago sin la sentencia previa o el pedido de verificación del crédito que la ley exige para los acreedores no laborales.

En su origen, los créditos laborales han tenido un tratamiento especial, fueron regulados en principio por la ley de quiebras y en la Ley de Contrato de Trabajo y luego modificado por distintas leyes, siendo que la última de ellos estableció el sistema que se encuentra vigente .-

Los créditos laborales tienen una protección especial, direccionada a que los trabajadores no se vean obligados a esperar el trámite completo de la quiebra para cobrar sus haberes, solución que tiene su explicación en el carácter alimentario de los salarios.-

La ley ha establecido un régimen de privilegios para los créditos laborales, reflejado no solo en la preferencia que le asigna a los trabajadores en concurrencia con otros acreedores del empleador, sino que también les otorga los medios para hacer efectiva tal preferencia.

El acreedor laboral, como resulta un trabajador, beneficiario de un crédito cuya causa-título sea anterior a la fecha del concurso preventivo o decreto de quiebra, está obligado a presentarse en el proceso concursal y para efectuar su reclamo, puede seguir dos caminos : solicitar el pronto pago o la verificación.-

El pronto pago, continúa considerándose estrictamente como una autorización de pago. No requiere verificación ni sentencia previa. Sigue siendo competente el juez concursal habilitando, en caso que sea rechazado, el trabajador deberá promover juicio ante el juez laboral .-

El rechazo al pronto pago, sería cuando se trataren de créditos que no surjan de la documentación laboral y contable del empleador o que estuvieren controvertidos, o existieran dudas sobre su subsistencia o legitimidad

A modo de conclusión es importante destacar que los créditos comprendidos en el pronto pago resultan: entre otras ; las remuneraciones debidas al trabajador; las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades laborales; sanciones conminatorias por omisión de ingresos de aportes retenidos), indemnizaciones sustitutivas de preaviso, integración de mes de despido e indemnización por antigüedad o despido, extinción de contrato de trabajo por fuerza mayor, por muerte del trabajador o del empleador, por vencimiento del plazo, por quiebra o concurso del empleador, por jubilación del trabajador y por incapacidad o inhabilitación); indemnizaciones agravadas por despidos por causa de embarazo y por causa de matrimonio); (indemnizaciones agravadas para las relaciones laborales no registradas o registradas de modo deficiente); (indemnizaciones agravadas de la ley de empleo cuando el empleador no registrare una relación laboral, consignare una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor que la percibida por el trabajador)

Lo que deberías saber sobre el divorcio

A partir de la implementación del nuevo código, ha habido importantes modificaciones en varias figuras legales, entre otras, verbigracia el divorcio, Veamos:

Lo novedoso en relación con el divorcio, que ahora es un proceso voluntario cuyo propósito no es una pretensión sino una solicitud; se trata de una petición de ambos cónyuges, o unilateral de uno de ellos. De lo antedicho, se puede inferir que en este proceso no hay demanda, ni pretensión, ni partes, aporte de “pruebas, ni producción de pruebas ni contradicción, sino solo una petición realizada, donde se acompañará elementos para fundamentar su pedido.

La reclamación, o sea la controversia, y las respectivas calificaciones, según la situación de que se trate, de actor, demandado, reconvincente y reconvenido, quedaran relegados para una etapa posterior ; pero solo limitado a aquellos aspectos en los cuales no se obtuvo una solución satisfactoria para ambos esposos.

Se podría sostener, que nos encontramos ante un proceso sin conflicto.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, establece que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. La norma, a diferencia de lo que sucedía con la legislación anterior, consagra una nueva forma de resolver las crisis familiares, focalizando en las consecuencias o efectos y no en las causas de la ruptura familiar. Si bien el divorcio continua siendo judicial, se eliminan las causas objetivas y subjetivas, se excluye la figura de la separación personal, se suprimen los plazos que

establecía el Código Civil, tanto el que se fijaba desde la celebración del matrimonio para solicitar el divorcio por mutuo consentimiento como los plazos de falta de convivencia que habilitaban el pedido de separación y divorcio por la causal objetiva, así como el trámite de doble audiencia.

Sin perjuicio de lo expuesto, es necesario , en el caso que haya sido requerido por uno de los cónyuges, que el otro (cónyuge) haya tomado intervención , para el dictado de la sentencia.

Bien de Familia: Protección frente a ejecuciones

Afectar un inmueble como bien de familia es una manera de resguardarlo contra eventuales y agresiones patrimoniales (ejecuciones, medidas cautelares).

Cuando una propiedad se afecta al régimen de bien de familia, en principio, no se puede ejecutar por deudas posteriores a esa inscripción (salvo por expensas, ABL y gastos de construcción o mejoras).

Según nuestra legislación «El “bien de familia” no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en el caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos … o créditos por construcción o mejoras introducidas en la finca».

Sin embargo esta afectación genera también algunas desventajas ya que al constituirlo como bien de familia ya no será un bien admisible de ser utilizado como garantía. Por otra parte, también es importante tener en cuenta que el bien tampoco se puede vender sin antes desafectar.-

Cuando una persona solicita un crédito hipotecario, el banco suele exigir como condición que el inmueble no esté como bien de familia, por lo tanto se “desafecta” porque de otro modo no se podría ejecutar.

Los beneficiarios del régimen de bien de familia pueden ser el cónyuge (esposo o esposa), sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos (hijos, padres y abuelos). Es importante tener presente que no es necesario que convivan con el o los titulares del inmueble.

La jurisprudencia reciente ha sostenido que “a los efectos de establecer si un crédito es o no anterior a la afectación de un inmueble como bien de familia, es necesario determinar el hecho o acto generador de la obligación”, por lo que “a tales fines, debe estarse a la fecha del contrato o del hecho ilícito, en su caso, no resultando determinante la fecha del incumplimiento

contractual, ni la de la demanda, ni menos la de la sentencia que condene a su pago”.

Pero hay que tener en cuenta que la desafectación que podría incoar un acreedor se refiere a ese crédito, lo que no implica la cancelación de la inscripción

Concluyendo , es necesario señalar que para este instituto sea oponible a posibles acreedores , la inscripción debe ser anterior a las obligaciones que resulten exigibles, no resultando determinante la fecha del incumplimiento contractual, ni la de la demanda, ni menos la de la sentencia que condene a su pa

¿Como iniciar un reclamo por accidente de tránsito?

Cuando una persona es víctima de un accidente de tránsito, tendría derecho al cobro de una indemnización.  El monto a cobrar  dependera de varios factores.

En principio, se presenta el reclamo a la compañía de seguros que debe responder. No todas las compañías se manejan del mismo modo, esto depende de la solidez, liquidez, políticas internas y estrategia comercial de cada compañía. Algunas  tienen como política, intentar lograr un acuerdo con el damnificado en la etapa de mediación, mientras que algunas no ofrecen acuerdos razonables en esta etapa, por lo que debe llevarse el caso a juicio para conseguir una indemnización justa. 

Es importante destacar, que la pericia y habilidad del abogado en la negociación legal,  en la negociación por los puntos de incapacidad en caso de existir lesiones (como por ejemplo la cervicalgia o latigazo cervical, muy común en accidentes vehiculares). 

El latigazo o esguince cervical es una de las lesiones más comunes ocurridas como resultado de un accidente de tránsito, ya sea ante un impacto frontal, lateral o al ser colisionado desde la parte trasera del vehículo. La lesión es producida por un movimiento brusco y repentino de la cabeza hacia atrás (hiperextensión), hacia delante (hiperflexión) o ambas, lesionando músculos, ligamentos, articulaciones e incluso, rectificando la lordosis cervical. 

La suma que se paga por este tipo de lesión, depende de los puntos de incapacidad que se lleguen a determinar por el médico. 

Volviendo al reclamo, este se pude optar por presentar ante el área administrativa, que por lo general,  tiene estipulado un monto máximo de dinero a pagar según el siniestro, vehículo y daños ocasionados. En general, el monto resulta  un poco inferior al necesario para cubrir las reparaciones a realizar.

En una buena cantidad de casos ,  no se llega a juicio, ya que se resuelve en la etapa de mediación  ( es una etapa previa obligatoria antes de iniciar el juicio). En general,  en esta etapa , lse podría resolver  de entre tres a seis meses en el peor de los casos. 

En cambio, la acción judicial  es  mucho más prolongado, pudiendo extenderse entre tres a ocho años, y sólo es recomendado en casos donde la compañía de seguros no está dispuesta a negociar una indemnización coherente respecto de los daños sufridos.

Es de importancia, que luego de sufrir un accidente de tránsito, aunque en apariencia no haya lesiones, de todas formas es muy importante presentarse dentro de las primeras 24 horas en una institución médica, en donde se tomen placas de cuello y columna. Estas placas y los comprobantes médicos que se le brinden, serán de fundamental importancia a la hora de efectuar la vista médica.

¿Qué hacer si no se ha escriturado la compra de una propiedad?

Puede ocurrir que se ha comprado un inmueble hace mucho tiempo, pero NO se ha escriturado, es decir que la propiedad esta a nombre del vendedor.

Con anterioridad al nuevo Código, el plazo para escriturar era de 10 años, siendo que a partir de la vigencia del nuevo (código) el término es menor.

Pero, si el comprador esta en uso de la posesión (mediante boleto de compraventa) ello tiene efecto interruptivo de la prescripción de la obligación de escriturar.

En efecto, cuando el comprador ha pagado la totalidad del precio y se encuentra en posesión pacífica de la cosa, ello importa por parte del vendedor el reconocimiento tácito de su obligación de escriturar, que interrumpe el curso de la prescripción. Pues parece impropio y antijurídico que el obligado a escriturar se ampare en la prescripción decenal para oponerse a llevar a cabo un acto formal y complementario que en nada puede afectar la validez de la operación.

Entonces es de real importancia, destacar que aunque hayan pasado más de diez años desde la mora para escriturar, la acción no prescribe cuando el comprador ha ejercido la posesión en forma pública, pacífica, y continua, ya que esa posesión es un reconocimiento tácito del vendedor que interrumpe la prescripción.

A mayor abundamiento, la posesión continuada durante un largo tiempo sin contradicción por parte de la compradora es suficientemente idónea para mantener interrumpida la prescripción de la acción de escrituración.

Así lo han sostenido distintos pronunciamientos judiciales, en acordar a la posesión, ejercitada por el comprador con boleto de compraventa, efectos interruptivos de la prescripción de la acción de escrituración. Cuando esa posesión se funda en la tradición hecha por el vendedor al comprador, ese reconocimiento que ha sido calificado de “fluyente” es expresión inequívoca de voluntad por parte del tradente -aunque no se trate de tradición traslativa de dominio por falta del requisito del título, en el sentido de reconocer el derecho del adquirente a la obtención de la escritura del inmueble.

Cabe poner de resalto, que si el boleto se suscribió con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código, se aplica la anterior legislación, ya que los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior.

A fin de concluir, solo resta expresar que las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, y por ende, como se sostenía al principio, el comprador poseedor, está habilitado para tramitar la inscripción del bien por ante el Registro que corresponda.

¿Qué es un embargo?

A modo de introducción, se podría afirmar que el embargo es una retención por orden judicial de un bien perteneciente a una persona, para asegurar la satisfacción de una deuda, el pago de las costas judiciales o el pago de la responsabilidad derivada de un delito.

El embargo es una medida dictada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre bienes determinados cuya disponibilidad se impide. Procesalmente, se lo llama preventivo cuando se tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio y ejecutivo cuando su objeto es dar efectividad a la sentencia ya pronunciada, y también, se lo llama preventivo cuando se tiene por finalidad asegurar los bienes durante la tramitación del juicio y ejecutivo cuando su objeto es dar efectividad a la sentencia ya pronunciada.

El embargo ejecutivo es la retención (o apoderamiento) de los bienes del deudor que se realiza en el procedimiento ejecutivo, a fin de, con ellos o con el producto de su venta se pueda satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor que posea el título con fuerza de ejecución.

El embargo preventivo es la medida procesal precautoria de carácter patrimonial que, a instancia del actor o acreedor, puede decretar un magistrado o tribunal sobre los bienes del demandado, para asegurar el cumplimiento de la obligación exigida y las que resulten del procedimiento.

Si analizamos la doctrina, en ella se afirma que el embargo es la afectación, por orden de un juez, de uno o de varios bienes del deudor, o del presunto deudor, al pago del crédito sobre el cual versa el proceso. Por ejemplo, se puede embargar una propiedad, un vehículo, una cuenta bancaria, un sueldo, cobro de alquileres, algunos muebles, un fondo de comercio, derechos a cobrar en un juicio, derechos hereditarios, marcas, patentes, etc.

Comenzando por las cuestiones que tienen en común, tanto el embargo, la inhibición y demás medidas cautelares, son a partir de resoluciones que dispone un juez a pedido de un acreedor, lo que significa que cuando alguien está inhibido o tiene algo embargado, necesariamente tiene un juicio en su contra.

Otra cosa en común, extremadamente importante: tanto el embargo como la inhibición se ordenan sin avisarle antes a la otra parte. El pedido de embargo puede efectivizarse sin anoticiar al deudor, es inaudita parte, esto quiere decir que no necesita del conocimiento del deudor para aplicar la medida. Una vez efectivizada la medida se deberá poner en conocimiento del deudor que se efectivizo el embargo, bajo apercibimiento de responder los daños y perjuicios por el incumplimiento. Lo expuesto, aparece razonable, ya que si se tuviera que avisarle al deudor antes de embargarlo o inhibirlo, se le estaría dando tiempo para que se insolvente y frustre el derecho del acreedor. Esto también explica por qué la gente suele enterarse “de casualidad” que tiene alguna propiedad embargada o que está inhibida (cuando van a pedir un préstamo o tarjeta de crédito, salirle de garantía a alguien, transferir el auto, etc.).

Lo cierto es – como antes se dijera – la cautelar que nos ocupa(embargo y/o inhibición) es a todas luces correcto que no le avisen(al deudor) antes, por la razón que ya se explicara, aunque, la ley exige al acreedor que le avise al deudor después de haber inscripto el embargo o inhibición, extremo que en muchas ocasiones no se cumple , a lo que hay que agregarle, a que en muchas ocasiones se informa a un domicilio viejo y el embargado no se entera.

Tanto el embargo como la inhibición tienen una duración de cinco años (en el caso específico de los embargos de autos es de tres años), pero antes del vencimiento, el acreedor puede pedir su renovación todas las veces que quiera (por esa razón hay mucha gente inhibida hace más de veinte años), esto así, siempre y cuando el propio juicio lo permita.

Si usted tiene un juicio ejecutivo en donde le trabaron embargo, le podría interesar las siguientes notas: Lo que deberías saber ante un juicio ejecutivo por deuda de tarjeta de crédito  ; Inadmisibilidad de la ejecución directa de pagarés de consumo