Como adquirir un bien por posesión veinteañal

Para que prospere una demanda de posesión veinteañal, deben reunirse los siguientes requisitos :

a) CONTINUIDAD. La legislación establece que se extingue la propiedad de cosas inmuebles por la posesión continua de veinte años, con ánimo de tener la cosa para sí, sin necesidad de título y buena fe por parte del poseedor.

La continuidad en la posesión consiste en la sucesión regular de actos posesorios, practicados a intervalos suficientemente cortos como para que no existan lagunas; es el resultado de uso normal del inmueble, tal como pudiera hacerlo su verdadero titular, Para finalizar la posesión requiere actos posesorios continuos, frecuentes, con asiduidad.

b) ININTERRUPCIÓN. La ininterrupción implica que no haya habido interferencia por parte de terceros en el goce de la posesión. Significa también que el poseedor no haya abandonado la posesión de la cosa inmueble.

c) PUBLICIDAD. Esto implica, como la forma de exteriorizar el ánimo de poseer, como dueño y señor de la cosa debiéndose cumplir los actos posesorios públicamente. Nuestra legislación, requiere que para que la posesión de lugar a acciones posesorias, debe ser pública., se debe demostrar con testigos

d) PACIFICIDAD. Cabe destacar que la posesión debe ser pacífica. La pacificidad requerida debe exteriorizarse y extenderse durante todo el plazo( de veinte años) .

e) PLAZO. El término para promover la demanda, requieren que hayan transcurrido veinte años r. El plazo antes señalado o debe estar vencido al tiempo de promoverse la demanda.

f) POSESIÓN Hay posesión cuando una persona tenga una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad; la posesión se adquiere por la aprehensión de la cosa con

intención de tenerla como suya, la aprehensión debe consistir en un acto que ponga a la persona en presencia de la cosa, con posibilidad física de tomarla. Los actos posesorios suponen la intención de someter la cosa al ejercicio de un derecho de propiedad, usar y disponer de ella como si fuera dueño, haber pagado los impuestos y servicios, haber realizado mejoras etc, todo ello, sin reconocer en otro la propiedad de la cosa.

En síntesis, cumplidos los recaudos antes mencionados, se podrá promover el juicio de posesión veinteañal, conocido como juicio de usucapión.

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Como reclamar una herencia en Argentina

La herencia es el conjunto de bienes , derechos y obligaciones que al morir deja el causante para su transmisión a la persona o personas que han de recibirlos, ya sea a título universal de herederos, o a título singular de legatarios.

El primer interrogante es quién designa a los herederos? Nuestra legislación contempla dos modos: uno establece que los herederos son los que nombra en vida la persona fallecida a través de un testamento y el otro es el que determina la ley. El código regula los dos sistemas.

La segunda cuestión es quienes heredan? veamos: siguiendo el apartado anterior, existen tres tipos de herederos: a) los herederos forzosos que no pueden ser excluidos mediante testamento por imposición legal. Ellos son los hijos, cónyuge y padres de la persona fallecida; b) Los herederos no forzosos que heredan si no hay herederos forzosos ni testamento. Son los demás parientes hasta el cuarto grado, como los hermanos, sobrinos, tíos y primos. c) Los que heredan por testamento, que son los que el difunto les dejó bienes por ese medio.

Hay que tener presente, que si bien se puede hacer testamento, aunque hayan herederos forzosos, pero con los límites que la misma ley establece.
Otro punto a destacar son los bienes que ingresan en la sucesión: En esta división encontramos  aquellos que se compraron después de estar casados, que los denomina gananciales, y los que denomina bienes propios, que son los que  la persona fallecida tenía antes de haberse casado o que heredó o recibió como regalo luego de haberse casado.

De los bienes gananciales la esposa o el marido que sobrevive, recibe la mitad. No lo hace como heredero sino como socio/a ( de la sociedad conyugal) La otra mitad la heredan los hijos. Si no hay hijos pero viviera alguno de los padres del difunto, esta mitad la heredan por partes iguales los padres y el cónyuge.

Si no hay hijos ni padres del fallecido, el cónyuge hereda íntegramente esta otra mitad. En este caso recibe el 100% de los bienes, la mitad como integrante de la sociedad conyugal y la otra mitad como heredero.

Respecto a los bienes propios: Si hay esposa/o, hijos y alguno de los padres del difunto. Heredan sólo la esposa y los hijos, no así los padres del difunto. Cabe destacar que  el cónyuge y los hijos tienen todos la misma parte en la herencia,
Si hay esposa/o y alguno de los padres del difunto, pero no hay hijos. El cónyuge hereda la mitad y la otra mitad el o los progenitores del fallecido.
Si hay hijos y alguno de los progenitores de la persona fallecida, pero no hay cónyuge. Heredan sólo los hijos.

Por último , veremos que ocurre con la herencia de una empresa y/o negocio: En este caso , puede ocurrir , que el dueño puede establecer que al fallecer la misma no se distribuya entre sus herederos por el término de hasta diez años, o hasta que todos los herederos sean mayores de edad, con el objeto de que la misma siga funcionando, o en su defecto que se haga la distribución hasta su extinción , u otras situaciones , pero en todos los casos, si se trata de una sociedad debidamente constituida, debería estar contemplada en sus estatutos.

Responsabilidad por animales sueltos en la ruta

Ante un accidente originado por una colisión contra un animal suelto en la ruta, la responsabilidad incumbe al dueño o guardián como también a la empresa concesionaria, fundada en las obligaciones de seguridad, por ende, existe una responsabilidad compartida.

Generalmente estos hechos se producen ante la existencia de animales rurales sobre la ruta, sin ningún tipo de advertencia o cuidado y mayormente durante las horas de la noche.

Todo propietario de un animal debe responder por el daño que este causare a un tercero, la responsabilidad que se adjudica es por el riesgo que asume el dueño que se sirve de los servicios del animal y por ende, por justa compensación debe cargar por los perjuicios que produzca. El propietario del animal para liberarse de responsabilidad tendrá demostrar que el animal fue excitado por un tercero, el caso fortuito o la culpa de la víctima. Igualmente, la responsabilidad del dueño o poseedor del animal tiene lugar, aunque el animal, en el momento en el que se causó el daño hubiere estado bajo la guarda de los dependientes de aquellas. Así mismo también será responsable el poseedor del animal, es decir aquella persona a la cual se hubiere mandado al animal para servirse, es decir el que lo tenía efectivamente al momento del hecho; ya que esto lo convierte en guardián del mismo por lo que se puede demandar por haberse servido del animal al momento que se originan los daños.

Por otro lado, el titular de la explotación del peaje (el concesionario) es responsable por las funciones de mantenimiento, control y vigilancia de las condiciones de seguridad vial en favor de los usuarios; esto lo debe cumplir de un modo eficaz a fin de impedir la presencia de cualquier situación u obstáculo que las comprometan; como es el caso de la presencia de animales sueltos en cualquier lugar de su trazado, aunque no fueran de su propiedad o guarda. La obligación de custodia del concesionario consiste en remover los obstáculos al tránsito que dificulten o tornen peligroso el desplazamiento de los automotores, la vigilancia permanente y toda otra medida a los fines de resguardad la seguridad.

Al existir un contrato atípico celebrado entre el usuario y la concesionaria, resulta aplicable las disposiciones establecidas en la ley de defensa al consumidor, por lo que además de solicitar la tramitación del juicio por la vía sumarísima también se puede solicitar al magistrado la aplicación de daños punitivos, multa en sumas dinerarias a favor del consumidor para desalentar que se repitan los hechos en el futuro.


¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito en argentina?

Las deudas por tarjeta de crédito que tengan los consumidores prescriben al año la acción ejecutiva, sin perjuicio de quedar habilitada la vía ordinaria la cual prescribe a los tres años.

Se denomina genéricamente tarjeta de crédito al instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor.

Cuando el titular de la tarjeta de crédito entra en mora con el pago de sus obligaciones, el emisor de la tarjeta podrá preparar la vía ejecutiva contra el titular. Esto significa que se solicitara el reconocimiento judicial del contrato de emisión de Tarjeta de crédito y el resumen de cuenta (conf. a la ley), lo cual habilitará a la tramitación de un juicio más rápido que el común (llamado ordinario) el cual no se abrirá a prueba y la única defensa permitida será oponer excepciones. Es importante que el emisor acompañe la declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la mora, por parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito y la declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido, previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por la ley de tarjetas de crédito (Ley 25.065).

Esta vía ejecutiva se perderá en caso que no se reúnan los requisitos señalados anteriormente, o se omitan los requisitos contractuales que prevé la ley o se omitan los requisitos para los resúmenes mensuales de operaciones. El emisor deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular o sus autorizados. Este resumen deberá contener obligatoriamente: Identificación del emisor, de la entidad bancaria, comercial o financiera que opere en su nombre; identificación del titular y los titulares adicionales, adherentes, usuarios o autorizados por el titular; fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre posterior; fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre posterior; número de identificación de la constancia con que se instrumentó la operación; Identificación del proveedor; importe de cada operación; fecha de vencimiento del pago actual, anterior y posterior;  límite de compra otorgado al titular o a sus autorizados adicionales autorizados adicionales; monto hasta el cual el emisor otorga crédito;  tasa de interés compensatorio o financiero pactado que el emisor aplica al crédito, compra o servicio contratado;  fecha a partir de la cual se aplica el interés compensatorio o financiero;  tasa de interés punitorio pactado sobe saldos impagos y fecha desde la cual se aplica; monto del pago mínimo que excluye la aplicación de intereses punitorios; monto adeudado por el o los períodos anteriores, con especificación de la clase y monto de los intereses devengados con expresa prohibición de la capitalización de los intereses; plazo para cuestionar el resumen en lugar visible y caracteres destacados; y el monto y concepto detallados de todos los gastos a cargo del titular, excluidas las operaciones realizadas por éste y autorizadas.

En caso que se pierda la vía ejecutiva y quede la vía ordinaria, la prescripción de la acción para iniciar la demanda es de tres años. En este tipo de juicios (el ordinario), se podrá abrir la causa a prueba y utilizar todos los medios que garanticen la debida defensa en juicio. Es importante que previo al juicio, en el caso pertinente, el titular cuestionase o impugnase la liquidación o el resumen dentro de los 30 días de haberlo recibido, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para esclarecerlo por nota simple girada al emisor.

Si le han iniciado juicio por una deuda de tarjeta de crédito, el siguiente artículo le podría interesar: Lo que deberías saber ante un juicio ejecutivo por deuda de tarjeta de crédito

Asentimiento conyugal por poder

La ley establece que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los bienes gananciales. El cónyuge que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen matrimonial.

El asentimiento conyugal es la declaración de voluntad del otro cónyuge, por el cual presta conformidad a la enajenación del inmueble o al someterlo a un gravamen como por ejemplo la hipoteca. El asentimiento conyugal debe ser realizado por escritura pública cuando se trata de una enajenación o un gravamen, esta es una formalidad exigida por la ley. La intención de este instituto es proteger al que no participa de la operación para que este en conocimiento del acto a producirse.

En la mayoría de los casos se dan cuando el marido quiere vender la casa (sea como bien familiar o bien ganancial), y necesita la firma de la mujer para poder perfeccionar el acto.  Cuando un matrimonio no elige el régimen de separación de bienes, todas las adquisiciones formaran un conjunto de bienes gananciales. El cónyuge que adquirido los bienes podrá administrarlo y disponerlos, pero necesitará el asentimiento conyugal del otro para enajenar o gravar los bienes registrables.  El código Civil y Comercial de la Nación trata el tema a partir del artículo 456.

El que va a prestar el asentimiento, debe tener presente que si el bien a vender o gravar ésta comprendido dentro de la comunidad del matrimonio (régimen de bien ganancial) el 50 % le pertenece, por lo que en caso de disolución o conflicto es importante sacarse todas las dudas antes de firmar, ya que una vez prestado el asentimiento no se podrá reclamar la nulidad.

MALA PRAXIS MEDICA- COMPETENCIA

En algunas oportunidades, al querer entablar acciones judiciales por “mala praxis médica”, ello nos lleva a la duda de cuál sería la competencia: ordinaria o federal. 

El sometimiento delas obras sociales y/o  agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la ley. ¿Y cuáles son los términos de la ley de Obras Sociales? ¡Pues atender a sus beneficiarios! De lo que se desprende que en caso que surjan  incumplimientos asistenciales las Obras Sociales podrán ser demandadas por ante la justicia ordinaria.-

De ese modo lo han declarado  recientes fallos judiciales, en cuanto se sostuvo en ellos,  que es competente la justicia civil para entender en la acción de daños y perjuicios pretendidos por la actora en razón de la conducta que atribuye al profesional que la atendió y a la Obra Social a la que pertenece

Ese criterio resulta aplicable, ya que lo que se debate es  la responsabilidad civil de los médicos  y no, exclusivamente, aspectos que hacen a la instrumentación y planificación de las obras sociales, por lo que no resulta de aplicación el fuero de excepción (que indica que debe plantearse en sede federal).

En este orden de ideas, cabe destacar que nuestro más alto  Tribunal reiteró que corresponde la intervención de la justicia  civil (ordinaria) en los casos en los que, se demande por la responsabilidad civil de los profesionales  médicos, aun cuando un ente de obra social también integre la acción judicial(como demandado).-

En el mismo sentido, se ha decretado, en  reiterados casos  que si se demanda al profesional de la medicina que intervino en la cuestión, corresponde su tramitación ante el fuero civil aun cuando un organismo de la obra social también integre la litis como codemandado, sin que ese criterio se vea modificado cuando se demanda también al Estado Nacional

Es dable señalar, entonces, que si el demandante  centró el reclamo en la responsabilidad de los demandados en razón de haber sido la causa originaria y directa de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la mala actuación de los profesionales que lo atendieron, forzoso es concluir que debe intervenir  interviniendo la Justicia  Civil.

A fin de concluir, es dable precisar  que la sola mención de alguna omisión en la prestación del servicio por parte de la obra social o del prestador médico no resulta por sí suficiente para inferir  en la conveniencia del desplazamiento en la competencia ordinaria (civil)

Extravío del pagare

Existe  la posibilidad, mientras tenemos en nuestro poder  un pagaré, con determinado vencimiento y/o a la vista, de que lo extraviemos  o nos los sustraigan(al pagaré)

Resulta de vital importancia de mantener  en todo momento la custodia de los pagarés para evitar tener que realizar después las acciones pertinentes para poder cobrarlo, que alargan el proceso de cobro y nos supondrán un gasto extra.

Es de total obviedad,  que sin tener el cartular,  no resulta posible  exigir el pago al firmante del pagaré, y  por ende  tampoco se podrá  cobrar.

Comprobada la  pérdida, sustracción o destrucción, el portador desposeído  debería comunicar r el hecho al girado y al librador y requerir la cancelación del título al juez letrado del lugar donde la letra debe pagarse o ante el de su domicilio

Por lo tanto, una vez  que se ha constatado, el extravió y/o sustracción del documento, y se ha comunicado al firmante, habría que  promover sin demora una acción judicial, con la finalidad   de evitar  que un tercero pueda cobrar ilegítimamente el importe del pagaré que no le corresponde.

Este procedimiento, está previsto por la ley,  donde se explican claramente las acciones que se deben tomar,  para obtener finalmente una resolución judicial de modo que  permita,  reclamar el pago del pagaré a vencimiento así como, la posibilidad de iniciar las actuaciones judiciales correspondientes, en caso de no poder obtener su cobro.

Una vez radicada la denuncia, el juez debería practicar  las averiguaciones pertinentes sobre la veracidad o no de los hechos que se presentan, y tras estudiar las diferentes particularidades de cada caso, decretaría algunas de estas  posibilidades.

La primera,  puede consistir en la obligar al  firmante de expedir un duplicado o  la segunda en la que se expresa el reconocimiento del derecho del tenedor desposeído a exigir el pago si el vencimiento del pagaré ya ha transcurrido.

Por último, cabe poner de resalto que el trámite judicial  comienza y se desarrolla con la intervención de una sola parte -el portador desposeído-, y tiende a lograr la resolución judicial, no contra otro sujeto determinado, sino para establecer la eficacia de un nexo jurídico -acto de constatación-, sin conflicto con nadie, es decir que no hay intereses encontrados con parte alguna  No persigue una decisión entre dos partes, sino solamente con relación al sujeto que reclama el ejercicio de la actividad judicial en el caso concreto.


Al tramitarse inaudita parte, corresponde al tenedor desposeído  cumplir con los recaudos de toda demanda judicial, indicando los requisitos formales del pagaré, cuya cancelación se pretende. También deberá acompañar la prueba documental que tenga en su poder y ofrecerá la pertinente sobre la titularidad del derecho, la propiedad del documento, y de las circunstancias que motivaron la desposesión involuntariamente sufrida