Habeas data competencia

En esta oportunidad, nos convoca  el tema de la competencia sobre una acción de habeas data.-

A pesar, que algunos autores  entienden que el tema “in exámine” corresponde a la justicia federal,  la Justicia nacional en lo Comercial , ha declarado que corresponde atribuir la competencia a ese fuero, habida cuenta que  la causa(de habeas data)   emerge a raíz de conflictos entre un usuario con  entidades bancarias, sometido a normas mercantiles; máxime teniendo en cuenta que la materia a decidir atañe a cuestiones y reclamos derivados de la actividad privada de las demandadas, con incidencia, únicamente, en la situación particular de quien formula el reclamo.

Por lo expuesto, la Justicia Nacional en lo Comercial resulta competente, y no la justicia federal, toda vez que no se cuestiona en autos el ejercicio del poder de policía financiera del Banco Central de la República Argentina, y las disposiciones que consagran la jurisdicción federal, -que por su naturaleza es limitada y de excepción-, deben ser interpretadas restrictivamente, descartando su aplicación analógica a situaciones que no sean expresamente contempladas en cada caso.

 Respecto a la Provincia de Buenos Aires, la ley establece que la jurisdicción le corresponderá al Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juez de Paz Letrado, donde existiere, cuando se trate de archivos privados destinados a dar informes; y al Juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo cuando se trate de archivos públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Será competente para entender en la acción constitucional de hábeas data el juez del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

Po último, cabe resaltar que el proceso de hábeas data ( en la Provincia de Buenos Aires )  tramitará según las disposiciones de la ley provincial, y  supletoriamente, por las normas del Código de Procedimiento Civil y Comercial en lo atinente al proceso sumarísimo.

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Competencia territorial en los contratos de seguros

En esta ocasión, nos parece de interés, adentrarnos sobre el tema de la competencia territorial pertinente para demandar a una Compañía de Seguros, a raíz de los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento contractual.

Reiteradamente , los jueces han sostenido que resultaba competente la justicia para intervenir en el proceso por daños y perjuicios si la citada en garantía tenía una sucursal en esta jurisdicción, no obstante, un nuevo examen de la cuestión, ha llevado a los juzgadores a modificar tal criterio, de conformidad con la jurisprudencia más reciente .

Así, se ha sostenido que si bien las previsiones legales permiten demandar a una compañía aseguradora ante el juez de la sede de una de sus sucursales, ello supone que la acción se vincule a la ejecución de obligaciones allí contraídas por sus agentes locales.

A los fines de la citación en garantía del asegurador, el domicilio que resultaría competente, debería ser el estatutario que la compañía de seguros tiene registrado ante la autoridad societaria competente o donde funcione su dirección y administración, si se tratare de un único establecimiento, y si posee distintos establecimientos o sucursales tiene el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales, pero sólo para la ejecución de obligaciones allí contraídas por las filiales locales de la compañía

Aún cuando la ley no distingue en cuanto a los diversos domicilios que pudiere tener la aseguradora -casa central, agencia, delegación, sucursal-, el Código establece que las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los agentes locales, por lo que la admisión del desplazamiento de la competencia autorizado por la ley de seguros requiere no sólo que se haya denunciado la existencia de una sucursal en la jurisdicción en que se interpone la demanda sino que además el contrato respectivo se hubiera realizado en ese lugar.

Continuando con el tópico, los jueces han entendido que la jurisdicción en la cual la aseguradora citada en garantía tiene una sucursal resulta incompetente para entender en la acción de daños y perjuicios interpuesta, ya que el siniestro, el domicilio de ambas partes y el lugar de celebración del contrato se encuentran en otra demarcación territorial

Concluyendo con el presente comentario, se podría sostener que el fundamento de la competencia territorial reside en la tutela del derecho subjetivo a los llamados “Jueces Naturales”, que son en principio los del domicilio del justiciable. La interpretación en materia de competencia no debe efectuarse con un criterio amplio sino restringido de manera tal de no sacar las causas de sus jueces naturales

Falta de cobertura del seguro

La falta de pago del seguro ante un siniestro habilitaría al asegurado a reclamar por los daños causados en toda su extensión.

Existiendo una relación contractual entre el asegurado y el seguro, obliga a que este último ante un siniestro el seguro debe cubrir la suma estipulada en el contrato. Cabe destacar que si el seguro no cumple el contrato celebrado entre las partes, el mismo no puede limitarse solo a lo expresado en el contrato. El que perimió con su incumplimiento, genera una frustración que deviene en el reclamo de los distintos rubros que puede integrar la demanda (tales como daño moral, lucro cesante, etc.). De ninguna manera puede limitarse al contenido del contrato original, cuando el actor ha sido obligado a reclamar por su derecho en sede judicial.

Dicho incumplimiento resulta, en el momento de entablar una demanda, omnicomprensivo de todos los defectos de que puede adolecer la prestación (cuantitativos y cualitativos), ya que debe considerarse todos y cada uno de los rubros que sustentan los daños ocasionados por el riesgo cierto del incumplimiento del deudor.-

La insuficiencia o no de la actividad desplegada por el deudor en la ejecución de su prestación y para ello deberá, como primera cosa, responder conforme al contrato y luego hacerse cargo de los daños causados en toda su extensión.

Se trata de una responsabilidad en sentido amplio, sinónima de un conjunto de consecuencias que se siguen de la infracción del deudor y que debe soportar por ese mismo hecho, a la que, más propiamente, conviene denominar sistema de remedios por el incumplimiento. La responsabilidad civil en su sentido restringido se identifica con la indemnización de daño.

La opción de ejercitar uno u otro pertenece al asegurado quien la ejercitará según mejor convenga a su interés afectado. Después del incumplimiento, que rompe el orden normal de las cosas (los contratos se celebran para cumplirse), es el asegurador quien debe decidir sobre el o los remedios de que hará uso para la realización de su interés, sin más límites que los provenientes de los supuestos específicos de cada remedio.

El incumplimiento es un hecho objetivo que se identifica con cualquier desviación del programa de prestación con relación a la conducta desplegada por el deudor en cumplimiento del contrato, carente de una valoración subjetiva, es el que permite articular el sistema de los remedios de que dispone el acreedor y entre los cuales puede optar más o menos libremente.

Cheque competencia territorial

Para intentar el cobro de un cheque que fuera rechazado, de modo previo habría que determinar la competencia, es decir, donde se debería promover la acción judicial.-:

Como primer grado de análisis,  se podría sostener que  la ejecución de un cheque, la competencia territorial estaría  dada, en principio, por el domicilio del banco sobre el que fue librado el cheque y, subsidiariamente, a opción del tenedor, por el domicilio que el titular de la cuenta tiene consignado en el banco.

De ese modo, lo ha resuelto la jurisprudencia, donde se manifiesta que el tenedor legitimado puede escoger a los fines de la ejecución el domicilio real del deudor.

Ello sin perjuicio,  de lo que dispone la ley, ya que esta  señala que es competente para conocer en la ejecución de cheques el tribunal del lugar del domicilio del banco girado. en tal sentido cabe precisar, que conforme lo normado solo está prevista para la ejecución de cheques de pago diferido presentados a registro. A mayor abundamiento,  la modificación del régimen de registro -antes: obligatorio; ahora, facultativo y probablemente inusual- no altera el régimen legal que al admitir la posibilidad de actuación de los tribunales del lugar de la entidad bancaria depositaria, establece una suerte de especial beneficio para el tenedor de un cheque de pago diferido presentado a registro.

Sin perjuicio de lo expuesto, no se debe perder de vista, las excepciones que plantea la Ley de Defensa al Consumidor. La hipótesis de la excepción a la regla antes citada,  se ha planteado en algunos antecedentes jurisprudenciales, cada vez más frecuentes, en los que se considera que en materia de reclamos de créditos con origen en operaciones para el consumo debe regir, por sobre las normas procesales, la regla de la normativa antes citada, texto este que,, en virtud de la cual, la competencia judicial se determinará por el domicilio real del consumidor y serán nulos los pactos de prórroga de jurisdicción.

En efecto, se plantea la controversia  entre las prórrogas de competencia territorial y defensa del consumidor Uno de los casos más recurrentes tiene que ver con las excepciones de incompetencia territorial planteadas en ciertas ejecuciones en las cuales se ha efectuado una prórroga de la jurisdicción a favor del ejecutante, quien reviste el carácter de una entidad financiera o bancaria y el ejecutado, a su vez, califica como un “consumidor” en los términos de la LDC.

Al respecto cabe tener presente que la LDC  dispuso  los requisitos de validez para las operaciones financieras y de crédito para el consumo. Entre otros aspectos, la nueva norma establece que será competente para entender en los litigios relativos a esa clase de contratos el juez del domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

Facturas impagas

En la actualidad, los índices de morosidad van en aumento, y muchas empresas tienen que conformarse con no cobrar la cantidad que les corresponde por falta de conocer la mejor manera de cobrar las deudas, o simplemente porque no pueden cobrarlas.

Por eso mismo, resulta necesario conocer cuáles son las mejores formas de cobrar una deuda sin pagar . Veamos:

Como primera medida, cabe considerar que se debería probar la relación comercial adeudada. Esto requiere, que es necesario contar con el remito, detallado y firmado por empleado o titular de la empresa deudora.

En efecto, la experiencia comercial impone que al entregarse la mercadería el remito sea firmado, solicitándose la aclaración y el DNI de quien recibe.

Entonces, estando conformados los duplicados de las facturas en poder del vendedor, importa la prueba de que la deuda se halla impaga, porque si en realidad el precio hubiera sido abonado, cualesquiera que haya sido lo estipulado sobre el plazo y forma de pago, el comprador debió exigir la entrega de aquellos documentos para no correr el riesgo de pagar dos veces.-

Por lo demás , la falta de impugnación temporánea del contenido inserto en las facturas, la que constituye la prueba del contrato, autoriza a considerar que las condiciones del negocio fueron aceptadas por la compradora, es decir que las cuentas están liquidadas.

Para promover el reclamo, de modo previo , hay que remitir una intimación en forma fehaciente, detallando operación comercial, identificando remito y factura adeudados, señalando en lo posible quien recibió el remito y la factura, puntualizando cuando ocurrió ello. Si la citada factura no fue impugnada tiene eficacia liquidatoria.-

Es de importancia, que las facturas impagas estén registradas en la contabilidad del acreedor, ya que la contabilidad comercial es un sistema en el cual resulta difícil modificar una de las partes, si alterar el todo, de modo

que aun frente a no comerciantes, el registro comercial en los libros de dicha deuda es presunción judicial.

Por último, la falta de pago(de facturas) habilitaría al acreedor, a pedirle la quiebra al deudor, extremo que este estudio ha logrado en los autos “ “Foxman Fueguina S.A s/ le pide la quiebra (Plabun S.R.L)”

División de condominio contra herederos

Es sabido, conforme a nuestra legislación de fondo  que el condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa, sobre una cosa mueble o inmueble, y que la legitimación activa corresponde al titular del derecho real de condominio y supone la propiedad de la cosa común.

Como es de público,  cualquier condómino tiene la posibilidad de solicitar en cualquier momento la división de la cosa común, en tanto ésta no se encuentre sometida a una indivisión forzosa, pero debe respetar, lo que la doctrina y la ley denomina “ derecho de retención”. Veamos: 

En ese sentido es necesario destacar   que al crearse entre los condóminos un verdadero estado de comunidad, las obligaciones y responsabilidades se relacionan en algunos  aspectos de interés : obligación de contribuir a los gastos de conservación y reparación de la cosa común , deudas contraídas en pro de la comunidad , y deudas por las rentas y frutos.

Por ende, cualquiera de los copropietarios puede realizar gastos de conservación o reparación de la cosa, afrontándolos con su propio peculio pero luego tiene derecho para reclamar a los demás para que participen en ellos conforme a sus respectivas partes, existiendo como contrapartida la posibilidad en cabeza del restante condómino de eludir su cumplimiento y obtener la consiguiente liberación mediante abandono. 

En pocas palabras  el derecho de retención es la facultad  que tiene un acreedor para conservar en su poder una cosa que pertenece y debía entregar a su deudor, hasta que éste le pague la deuda.

Ahora bien,  retomando el tema en análisis, se debe señalar que en el condominio sin indivisión forzosa cualquiera de los copropietarios está autorizado para pedir en cualquier momento la división de la cosa común, a través de una acción judicial .

El instituto consagra  que el derecho a pedir la división de la cosa común no sea ejercido abusiva o intepestivamente, correspondiendo a los jueces determinar cuándo se da el supuesto de nocividad que obliga a postergar la división pedida por uno de los condóminos-.Abundando en la especia , se podría  concluir que el derecho de retención es de sentido amplio pudiendo ser esgrimido más allá de que los desembolsos efectuados no se correspondan con gastos de conservación o reparación de la cosa común.

Es que la ley  dispone “el derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que es debido por razón de esa misma cosa.

En conclusión,  el condómino  tiene importantes defensas que surgen de su título y acciones posesorias, a fin de controvertir una acción de división de condominio , como entre otras,  de ejercer los derechos que surgen de la relación jurídica obligacional que origina la retención; verbigracia, el cobro de suma de dinero por los gastos efectuados , como la de  exigir una suma de dinero por la tarea de cuidado de la cosa retenida.

Diferencia entre cesión de derechos y donación

En el estudio, nos han consultado sobre la conveniencia de efectuar una cesión de derechos hereditarios o una donación, en el caso que alguno de los herederos quiera ceder la parte que le corresponde de los bienes de la sucesión.

El caso típico sería que un/os heredero/os desee poner en cabeza de otro/os heredero/os el/los bien/es que conforman el acervo hereditario. La duda que se les plantea, cuál de la dos alternativas, sería la más conveniente. Veamos:

Dentro del caso que nos compete, cabe puntualizar la situación que existe entre el título de donación, así como la cesión de derechos.

La normativa señala que, en la donación se transmite la propiedad de una cosa, en tanto que en la cesión se transmiten derechos.

La cesión de derechos hereditarios es el contrato que tiene por objeto transmitir el todo o una parte alícuota de la universalidad hereditaria. La sucesión universal tiene por objeto un todo ideal sin consideración a su contenido particular por lo tanto el objeto de la cesión nunca puede limitarse a cosas particulares.

Si la cesión de cosa particular se hace por precio estamos ante la figura de la compraventa sujeta a condición suspensiva y si es a título gratuito se estará ante la figura de la donación.

Cabe destacar que la donación se hace de manera gratuita, lo que vale decir que para la donación como título traslaticio de dominio será de carácter gratuito y la cesión (de derechos) puede ser onerosa o gratuita.-

Pero, como antes se mencionara, no se debe perder de vista que la cesión (de derechos hereditarios), tiene por objeto traspasar el derecho, y en cambio la donación implica traspasar la titularidad dominial.-

En punto a lo antedicho, el heredero en su condición de tal, al no resultar titular del dominio, solo puede entregar los derechos que tiene, ya que para

efectuar una donación debería ostentar la titularidad del/os bien/es que compones el patrimonio de la sucesión.