Cheque competencia territorial

Para intentar el cobro de un cheque que fuera rechazado, de modo previo habría que determinar la competencia, es decir, donde se debería promover la acción judicial.-:

Como primer grado de análisis,  se podría sostener que  la ejecución de un cheque, la competencia territorial estaría  dada, en principio, por el domicilio del banco sobre el que fue librado el cheque y, subsidiariamente, a opción del tenedor, por el domicilio que el titular de la cuenta tiene consignado en el banco.

De ese modo, lo ha resuelto la jurisprudencia, donde se manifiesta que el tenedor legitimado puede escoger a los fines de la ejecución el domicilio real del deudor.

Ello sin perjuicio,  de lo que dispone la ley, ya que esta  señala que es competente para conocer en la ejecución de cheques el tribunal del lugar del domicilio del banco girado. en tal sentido cabe precisar, que conforme lo normado solo está prevista para la ejecución de cheques de pago diferido presentados a registro. A mayor abundamiento,  la modificación del régimen de registro -antes: obligatorio; ahora, facultativo y probablemente inusual- no altera el régimen legal que al admitir la posibilidad de actuación de los tribunales del lugar de la entidad bancaria depositaria, establece una suerte de especial beneficio para el tenedor de un cheque de pago diferido presentado a registro.

Sin perjuicio de lo expuesto, no se debe perder de vista, las excepciones que plantea la Ley de Defensa al Consumidor. La hipótesis de la excepción a la regla antes citada,  se ha planteado en algunos antecedentes jurisprudenciales, cada vez más frecuentes, en los que se considera que en materia de reclamos de créditos con origen en operaciones para el consumo debe regir, por sobre las normas procesales, la regla de la normativa antes citada, texto este que,, en virtud de la cual, la competencia judicial se determinará por el domicilio real del consumidor y serán nulos los pactos de prórroga de jurisdicción.

En efecto, se plantea la controversia  entre las prórrogas de competencia territorial y defensa del consumidor Uno de los casos más recurrentes tiene que ver con las excepciones de incompetencia territorial planteadas en ciertas ejecuciones en las cuales se ha efectuado una prórroga de la jurisdicción a favor del ejecutante, quien reviste el carácter de una entidad financiera o bancaria y el ejecutado, a su vez, califica como un “consumidor” en los términos de la LDC.

Al respecto cabe tener presente que la LDC  dispuso  los requisitos de validez para las operaciones financieras y de crédito para el consumo. Entre otros aspectos, la nueva norma establece que será competente para entender en los litigios relativos a esa clase de contratos el juez del domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario.

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Facturas impagas

En la actualidad, los índices de morosidad van en aumento, y muchas empresas tienen que conformarse con no cobrar la cantidad que les corresponde por falta de conocer la mejor manera de cobrar las deudas, o simplemente porque no pueden cobrarlas. Por eso mismo, resulta necesario conocer cuáles son las mejores formas de cobrar una deuda sin pagar . Veamos:

Como primera medida, cabe considerar que se debería probar la relación comercial adeudada. Esto requiere, que es necesario contar con el remito, detallado y firmado por empleado o titular de la empresa deudora.

En efecto, la experiencia comercial impone que al entregarse la mercadería el remito sea firmado, solicitándose la aclaración y el DNI de quien recibe.

Entonces, estando conformados los duplicados de las facturas en poder del vendedor, importa la prueba de que la deuda se halla impaga, porque si en realidad el precio hubiera sido abonado, cualesquiera que haya sido lo estipulado sobre el plazo y forma de pago, el comprador debió exigir la entrega de aquellos documentos para no correr el riesgo de pagar dos veces.-

Por lo demás , la falta de impugnación temporánea del contenido inserto en las facturas, la que constituye la prueba del contrato, autoriza a considerar que las condiciones del negocio fueron aceptadas por la compradora, es decir que las cuentas están liquidadas.

Para promover el reclamo, de modo previo , hay que remitir una intimación en forma fehaciente, detallando operación comercial, identificando remito y factura adeudados, señalando en lo posible quien recibió el remito y la factura, puntualizando cuando ocurrió ello. Si la citada factura no fue impugnada tiene eficacia liquidatoria.-

Es de importancia, que las facturas impagas estén registradas en la contabilidad del acreedor, ya que la contabilidad comercial es un sistema en el cual resulta difícil modificar una de las partes, si alterar el todo, de modo

que aun frente a no comerciantes, el registro comercial en los libros de dicha deuda es presunción judicial.

Por último, la falta de pago(de facturas) habilitaría al acreedor, a pedirle la quiebra al deudor, extremo que este estudio ha logrado en los autos “ “Foxman Fueguina S.A s/ le pide la quiebra (Plabun S.R.L)”

División de condominio contra herederos

Es sabido, conforme a nuestra legislación de fondo  que el condominio es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa, sobre una cosa mueble o inmueble, y que la legitimación activa corresponde al titular del derecho real de condominio y supone la propiedad de la cosa común

Como es de público,  cualquier condómino tiene la posibilidad de solicitar en cualquier momento la división de la cosa común, en tanto ésta no se encuentre sometida a una indivisión forzosa, pero debe respetar, lo que la doctrina y la ley denomina “ derecho de retención”. Veamos: 

En ese sentido es necesario destacar   que al crearse entre los condóminos un verdadero estado de comunidad, las obligaciones y responsabilidades se relacionan en algunos  aspectos de interés : obligación de contribuir a los gastos de conservación y reparación de la cosa común , deudas contraídas en pro de la comunidad , y deudas por las rentas y frutos –

Por ende, cualquiera de los copropietarios puede realizar gastos de conservación o reparación de la cosa, afrontándolos con su propio peculio pero luego tiene derecho para reclamar a los demás para que participen en ellos conforme a sus respectivas partes, existiendo como contrapartida la posibilidad en cabeza del restante condómino de eludir su cumplimiento y obtener la consiguiente liberación mediante abandono. 

En pocas palabras  el derecho de retención es la facultad  que tiene un acreedor para conservar en su poder una cosa que pertenece y debía entregar a su deudor, hasta que éste le pague la deuda.

Ahora bien,  retomando el tema en análisis, se debe señalar que en el condominio sin indivisión forzosa cualquiera de los copropietarios está autorizado para pedir en cualquier momento la división de la cosa común, a través de una acción judicial .

El instituto consagra  que el derecho a pedir la división de la cosa común no sea ejercido abusiva o intepestivamente, correspondiendo a los jueces determinar cuándo se da el supuesto de nocividad que obliga a

postergar la división pedida por uno de los condóminos-.Abundando en la especia , se podría  concluir que el derecho de retención es de sentido amplio pudiendo ser esgrimido más allá de que los desembolsos efectuados no se correspondan con gastos de conservación o reparación de la cosa común

Es que la ley  dispone “el derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que es debido por razón de esa misma cosa…

En conclusión,  el condómino  tiene importantes defensas que surgen de su título y acciones posesorias, a fin de controvertir una acción de división de condominio , como entre otras,  de ejercer los derechos que surgen de la relación jurídica obligacional que origina la retención; verbigracia, el cobro de suma de dinero por los gastos efectuados , como la de  exigir una suma de dinero por la tarea de cuidado de la cosa retenida..

Diferencia entre cesión de derechos y donación

En el estudio, nos han consultado sobre la conveniencia de efectuar una cesión de derechos hereditarios o una donación, en el caso que alguno de los herederos quiera ceder la parte que le corresponde de los bienes de la sucesión.

El caso típico sería que un/os heredero/os desee poner en cabeza de otro/os heredero/os el/los bien/es que conforman el acervo hereditario. La duda que se les plantea, cuál de la dos alternativas, sería la más conveniente. Veamos:

Dentro del caso que nos compete, cabe puntualizar la situación que existe entre el título de donación, así como la cesión de derechos.

La normativa señala que, en la donación se transmite la propiedad de una cosa, en tanto que en la cesión se transmiten derechos.

La cesión de derechos hereditarios es el contrato que tiene por objeto transmitir el todo o una parte alícuota de la universalidad hereditaria. La sucesión universal tiene por objeto un todo ideal sin consideración a su contenido particular por lo tanto el objeto de la cesión nunca puede limitarse a cosas particulares.

Si la cesión de cosa particular se hace por precio estamos ante la figura de la compraventa sujeta a condición suspensiva y si es a título gratuito se estará ante la figura de la donación.

Cabe destacar que la donación se hace de manera gratuita, lo que vale decir que para la donación como título traslaticio de dominio será de carácter gratuito y la cesión (de derechos) puede ser onerosa o gratuita.-

Pero, como antes se mencionara, no se debe perder de vista que la cesión (de derechos hereditarios), tiene por objeto traspasar el derecho, y en cambio la donación implica traspasar la titularidad dominial.-

En punto a lo antedicho, el heredero en su condición de tal, al no resultar titular del dominio, solo puede entregar los derechos que tiene, ya que para

efectuar una donación debería ostentar la titularidad del/os bien/es que compones el patrimonio de la sucesión.

Derechos hereditarios nuevo código civil y comercial

Puede ocurrir que una persona, para evitar ser demandado, por ser heredero de una persona con deudas significativas, trate de eludir tal circunstancia, renunciando a los derechos hereditarios que le puedan corresponder.-

Con arreglo a lo expuesto, pensando en cumplimentar con la normativa vigente, exterioriza la mencionada abdicación mediante escritura pública.-

Pero, ese abandono de derechos hereditarios, no implica que pueda ser llamado a juicio, por el pasivo que ostentaba el fallecido, a quien por ley es considerado su heredero.- Veamos:

La renuncia de derechos hereditarios, no supone renuncia a la herencia. Nuestro ordenamiento de fondo, establece que implica aceptación de la herencia, entre otros actos: la cesión de los derechos hereditarios, sea a título oneroso o gratuito; la renuncia de la herencia en favor de alguno o algunos de sus herederos, aunque sea gratuita.-

En efecto, se debe diferenciar la renuncia a la herencia de la renuncia a los derechos adquiridos por la aceptación de la herencia.

La diferencia consiste en que la primera resuelve la vocación hereditaria del renunciante que se despoja de la calidad de heredero, en cambio la segunda opera a modo de una dimisión a los bienes que integran la herencia que formula el titular de la vocación que consolidó ésta mediante la aceptación.

En otras palabras, la renuncia a la herencia implica la abdicación voluntaria del contenido del llamamiento hereditario que coloca al titular como no habiendo sido nunca heredero, mientras que quien renuncia a título oneroso o gratuito a los derechos hereditarios en beneficio de sus coherederos, lo hace porque se considera heredero, es decir aceptante de la herencia.

A mayor abundamiento los acuerdos entre coherederos sobre bienes de una sucesión ya deferida, pueden implicar renuncia de derechos, pero no renuncia a la herencia, inadmisible después de producida la aceptación de la herencia.-

El heredero puede renunciar a la herencia en tanto no haya mediado acto de aceptación, extremo que no acontece con una renuncia a sus derechos hereditarios .-

En conclusión, como bien lo señala distintos pronunciamientos judiciales, se determina que, quién no ha renunciado a la herencia, sino a los derechos u acciones que le compete como heredero, tiene legitimación para ser demandado por las deudas contraídas por su causante( el fallecido).-Ello así, que la renuncia a los derechos y acciones hereditarias, solo hace abandono de ellos, pero no de las obligaciones que como heredero, están a su cargo.-

Sucesiones: Prorroga de jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires

Puede ocurrir que para poder iniciar una sucesión, si el fallecido (causante ) tenía su ultimo domicilio en un lugar distinto a sus herederos, por imperativo legal, estos deberían iniciar el juicio sucesorio, en una localidad lejana a sus residencias.-

Pongamos como ejemplo, que el lugar de fallecimiento (del causante) fuera Bahía Blanca y el domicilio del heredero y/o herederos sea el de Merlo, siendo que bien a trasmitir este ubicado en aquella localidad, la normativa impone que el juicio(sucesorio) debería promoverse en el Departamento Judicial de Bahía Blanca. Esto importaría que los herederos incurrieran en considerables gastos.-

Es dable memorar, que nuestro código establece, que son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante o los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de éstos.-

Pero, en esta Provincia , los jueces han aceptado la prórroga de territorialidad a favor de los herederos . Veamos:

Es el caso, cuando existe un/a única/o heredera/o o cuando se cuenta con la conformidad de todos los llamados a recoger la herencia y se ejerce dentro de esta jurisdicción (Provincia de Buenos Aires)

Por ello, la norma rectora que establece la competencia en el domicilio del causante, o de la ubicación de los bienes, cede ante la prórroga territorial en favor de los herederos, con el objeto de no obligarlo a litigar en extraña jurisdicción.-

A fin de concluir, se puede establecer que, si bien es competente para entender en el sucesorio el juez del ultimo domicilio del causante, regla ésta que cede únicamente cuando existe acuerdo de todos los herederos y siempre que la prorroga se efectúe dentro de la misma Jurisdicción .-

Por tanto, la prorroga de competencia territorial resulta procedente en materia de sucesiones mortis causa cuando cuenta con la conformidad de todos los llamados a recoger la herencia y se ejerce dentro de esta Provincia.-

Responsabilidad precontractual

Con el objeto de adentrarnos en este tema,  hagamos esta representación:  supongamos  que nos ha gustado un departamento  para alquilar  y solicitamos  a la propietaria que nos lo reserve un mes, que es el tiempo que tenemos para dejar nuestra actual vivienda . Ambas partes aceptamos todas las condiciones, y acordamos un precontrato para realizar un contrato en el futuro.

Transcurridos unos días, observamos  que el apartamento (que nos interesa)  vuelve a estar en oferta de alquiler. Otro caso sería  por ejemplo, queremos comprar un coche usado, llegamos a un preacuerdo con el propietario, pero al final, a punto de firmar el contrato nos dice que se lo ha vendido a otros porque le pagaban más. Entonces, ¿qué pasa con el precontrato qué hicimos?

¿Que entendemos  por  precontrato?  Es  una suerte de convenio /compromiso,  por el cual una de las partes, o ambas, se obligan, dentro de cierto lapso, sea por el vencimiento de un plazo o por el cumplimiento de una condición, a celebrar un contrato futuro determinado.

Cuando no esté totalmente determinado ese contrato futuro, de manera que para su perfección sea necesario que las partes alcancen nuevos acuerdos sobre los aspectos del mismo que quedan por determinar, en verdad nos encontramos en una situación propia de acuerdo de intenciones, que traen aparejadas  la responsabilidad de las partes

La promesa de vender o comprar o alquilar etc, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato

A esta altura, se podría sostener que  el precontrato, tiene su propia sustantividad jurídica, ya que obliga a exigir el cumplimiento de lo pactado: celebrar el contrato de segundo grado o contrato de cumplimiento, sin requerirse para ello renovar ningún consentimiento contractual, ya que el acuerdo para el contrato de segundo grado se refiere a la ejecución de todo aquello que se torna necesario para que las partes alcancen el propósito económico-social propio del negocio jurídico tenido en miras al celebrar el precontrato. Es decir, integra todo el proceso negocial que conducirá al otorgamiento del contrato de cumplimiento.

De ese modo, lo ha declarado recientes fallos judiciales: en esa instancia se ha sostenido “ … nos encontramos, con el precontrato, frente a un contrato que implica la obligación convencional de contratar, pues existe una obligación generada en un contrato que obliga a las partes (o a una de ellas) a estipular un contrato futuro al que se le da el nombre de definitivo . Su objeto, es la existencia o la conclusión del futuro contrato.”

La resolución (judicial)  ha sostenido  que pese a la dependencia lógica y funcional del contrato que predispone, el preliminar es verdadero y propio contrato del que nace inmediatamente para una o las dos partes, un vínculo obligatorio cuyo conjunto se limita a la necesidad de una determinada manifestación de voluntad futura. Así, el preliminar o precontrato es una figura autónoma, un contrato en sí mismo, que obliga a contratar; esto es, obliga a prestar la declaración necesaria para que el contrato se forme, porque dentro de la amplitud que cabe reconocer a la autonomía de la voluntad, es posible celebrar este tipo de convenio.

Admitida la naturaleza jurídica del preliminar como contrato en sí mismo, queda por determinar cuáles son sus efectos. Si el precontrato se cumple, desaparece como vínculo obligacional para ser sustituido por el contrato definitivo, que genera nuevas obligaciones. Pero en caso de incumplimiento, puede demandarse judicialmente.

En efecto, la  circunstancia de que al declarar resuelto el vínculo contractual,  de forma unilateral, cabe la posibilidad  de requerir por via judicial  a la incumplidora a restituir la suma entregada por el precontrato.

Por todo lo expuesto ,  ante el incumplimiento,  se podría procurar a través de una acción judicial , obtener   que se declare  la resolución del precontrato celebrado y  obtener la restitución de la suma dada en pago por , por lo que se hada dado(ya sea para alquilar, comprar, vender etc)  con más los acrecidos, habida cuenta que corresponde que los intereses  formen parte de la reparación ( el interés del dinero pagado en miras del contrato resuelto, debe liquidarse y cancelarse desde el día en que  la otra parte  lo  percibió), sin perjuicio   de reclamar daños y perjuicios, en caso que el incumplimiento  hubiera  dado lugar a tal coyuntura