Fraude con las tarjetas

La adulteración de las tarjetas de créditos, como de débitos, importa un grave perjuicio para sus titulares, con el agravante que en algunos casos, las entidades emisoras, no cumplimentan adecuadamente con el deber de seguridad, que le compete, atendiendo la actividad que llevan a cabo.-

Existen casos donde el usuario, denuncia que le hicieron una tarjeta melliza, y con ello le sacaron el dinero que poseía en la cuenta sueldo, o le duplicaron la tarjeta de crédito, y con la copia los delincuentes hicieron distintas compras por montos importantes.-.

Los casos reseñados, son solo algunos de los muchísimos que se denuncian.-

La primera medida que debe tomar el consumidor, es formular el desconocimiento ante la entidad emisora de manera fehaciente, con el objeto de impugnar tanto las extracciones, como las compras fraudulentas.-

En caso de no obtener, una adecuada respuesta que contemple y satisfaga los perjuicios ocasionados, debería ocurrir ante defensa del consumidor y/o sede judicial.-

A su respecto, cabe poner de relieve que un caso como el que nos ocupa, la cámara comercial (“Traverso María del Carmen c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/ ordinario) avaló el reclamo de un usuario a quien le debitaron fondos de su cuenta por cajero automático, de forma irregular. Los jueces, aplicando la Ley de Defensa del Consumidor, condenaron a la entidad bancaria pese a que el hecho fue cometido por terceros.

Los camaristas, en este pleito aplicaron la Ley de Defensa del Consumidor para resguardar a la parte más débil en la contratación. En esa ocasión, condenaron al banco a indemnizar a un usuario a quien le extrajeron fondos de su caja de ahorros mediante la confección de una tarjeta de débito “melliza”.

A esta altura, resulta necesario memorar que citada norma,, ha sido legislada con la clara intención de proteger a usuarios y consumidores , por los daños que podrían sufrir en las relaciones de consumo

Ello así, habida cuenta que su uso resulta cada vez más frecuente y los jueces ya la estarían aplicando para sancionar a bancos, empresas de servicios financieros y prepagas.

Esto constituiría un importante antecedente judicial para los usuarios de servicios financieros que, a veces, resultan ser víctimas de fraude por parte de terceros quienes –mediante la confección de tarjetas de débito apócrifas- extraen en forma irregular los fondos de las cuentas bancarias.

Esto a colación, habida cuenta que las entidades, expresan preocupación, porque aducen que el cliente afectado incumplió la regla de seguridad exigida por los bancos, consistente en que el cliente no debe revelar su password o PIN a otros.

En definitiva, la entidad en casos como los señalados, estarían incumpliendo con su obligación de seguridad , siendo que la misma consiste en una garantía expresa o tácita que asumen las partes en ciertos contratos, consistente en preservar a las personas y bienes de sus cocontrantantes de los daños derivados de la relación. Se podría afirmar que las personas que operan con los bancos lo hacen en función de la confianza y apariencia de seriedad y seguridad que ostentan y, con la apertura de una caja de ahorro, no sólo esperan poder operar con ella sino que también entienden que la entidad crediticia realizará todo lo que esté a su alcance para evitar que –mediante su utilización- sufra daños en su persona o bienes.

La obligación de seguridad, que le corresponde a las entidades se produce por el uso de tecnologías en apoyo de su gestión y se une a la modificación de la carga probatoria, cuando la operación se realiza a través de medios electrónicos como es el caso de los cajeros automáticos

Todo lo antedicho, avalaría un principio que va tomando forma en los juzgados en el sentido que le da el carácter legal de “cosa riesgosa” al manejo de datos o bienes ajenos por parte de entidades, como los bancos, quienes tienen el deben de garantizar la seguridad de sus clientes

Anuncios

Publicidad engañosa

La publicidad engañosa realizada de forma pública es aquella que genera un error, omite información o afecte económicamente a los consumidores. Cuando un proveedor promociona un producto o servicio, que luego de la contratación no cumple con lo prometido resulta una infracción a la ley de defensa del consumidor 24.240 y a la Ley de Lealtad Comercial 22.802 por publicidad engañosa.

La oferta publicitaria obliga al proveedor y le da el derecho al consumidor de exigir todo lo que se ha ofrecido en la actividad promocional, aunque la oferta no conste en el contrato firmado en la adquisición del servicio o del bien. Esto quiere decir que, quienes pretendan colocar sus productos o servicios en el mercado publicitando determinadas precisiones en sus anuncios, estas integrarán al contrato que se celebre con el consumidor, sin importar su transcripción o no en el correspondiente instrumento.

La ley de lealtad comercial protege a los consumidores ante las publicidades poco precisas, que contengan inexactitudes u ocultamientos puedan ser inducidos a error, engaño o confusión en la adquisición de productos o mercaderías o en la contratación de servicios. Esto es a los fines de preservar la lealtad en las relaciones comerciales, la cual abarca los derechos de los consumidores y los de los competidores, tutelando la libertad, la debida información y la transparencia en aquellas actividades

La ley de defensa el consumidor como el nuevo código civil y comercial, establece que las precisiones formuladas en la publicidad o anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el usuario y obligan al oferente. Por lo tanto, el consumidor puede exigir todo lo que se haya ofertado en la actividad publicitaria o promocional. Quien realiza la oferta deberá responder por todo aquello a lo que se obligue a través de la publicidad. Por lo tanto, la carga de la prueba de la veracidad y corrección del contenido publicitario recaerá sobre el anunciante.

Las profesiones liberales también quedan alcanzadas por las disposiciones de la ley de defensa del consumidor, cuando publicitan sus servicios profesionales en forma engañosa, pero no cuando incumplen un deber de informar propio de su ejercicio profesional.

Los proveedores tienen el deber de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del producto o del servicio, por lo que debe prestar la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión. Por lo tanto, si el proveedor quiere desvirtuar cuando se imputa el hecho de haber realizado una publicidad engañosa, le corresponde demostrar que en la fecha que adquirió el consumidor no existir dicha oferta publicitaria.

Para denunciar o reportar publicidad engañosa de forma gratuita, deberá contar con una copia de la propaganda a los fines de presentarla ante el Área de Publicidad y Concursos de la Dirección de Lealtad Comercial sacando turno previo por la Mesa de Entradas del Ministerio de Producción (al 2018).

En caso de que el proveedor no satisfaga la oferta el consumidor afectado puede solicitar el cumplimiento efectivo más los daños y perjuicios, o en su caso solicitar la restitución más la reparación del daño material y moral. En caso que dicha conducta sea reincidente también se podrá solicitar la aplicación de la multa establecida por la ley de defensa del consumidor conocida como daños punitivos que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan.

Diferencia entre cuenta corriente y tarjeta de crédito

El código de comercio estableció que las constancias de los saldos deudores en cuenta corriente bancaria, otorgadas con las firmas conjuntas de gerente y contador del banco serán consideradas títulos que traen aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio ejecutivo establezcan las leyes de procedimiento del lugar donde se ejercite la acción. Con la sanción del Código Civil y Comercial cambio esta disposición y para ejecutar un saldo deudor en cuenta corriente bancaria, se debe indicar: a) el día del cierre de la cuenta corriente, b) el saldo a dicha fecha y c) el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuenta correntista; y el mismo debe estar firmado por dos apoderados de la entidad.

La ley de tarjeta de créditos establece que el contrato tipo entre el emisor y el proveedor deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación y contendrá como mínimo: a) Plazo de vigencia. b) Topes máximos por operación de la tarjeta de que se trate. c) Determinación del tipo y monto de las comisiones, intereses y cargos administrativos de cualquier tipo. d) Obligaciones que surgen de la presente ley.e) Plazo y requisitos para la presentación de las liquidaciones. f) Tipo de comprobantes a presentar de las operaciones realizadas. g) Obligación del proveedor de consulta previa sobre la vigencia de la tarjeta. Además deberán existir tantos ejemplares como partes contratantes haya y de un mismo tenor.

Conforme a la normativa la diferencia radica en que los certificados de saldo deudor atraen aparejados la ejecución, mientras que las deudas correspondientes al uso de tarjeta de crédito previamente deberá citar al deudor a reconocer la documentación acompañada.

La búsqueda de la verdad objetiva, las exigencias de una pronta respuesta jurisdiccional y la innegable injerencia de la normativa del consumidor (que, por su calidad de normativa de orden público, hoy impregna la legislación civil y comercial), determinan la necesidad de analizar cautelosamente todos aquellos supuestos en los que se pretenda cuestionar algún aspecto relacionado con la causa de la obligación o con la composición del certificado del saldo deudor, como por ejemplo, los débitos provenientes de las operaciones de tarjeta de crédito; los cuales no deben estar incorporados al certificado de saldo deudor, en la ejecución de deudas, en función a la normativa de orden publico la cual solamente da fuerza ejecutiva a los instrumentos enumerados en la ley.

Los contratos de consumo tales como tarjeta de crédito y mutuo personal, hacen lugar a la aplicación de la ley de defensa del consumidor, ley de “orden público”, que consagra los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios. Dicha normativa le otorga al consumidor un régimen especial, derivado de su debilidad intrínseca en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios, por lo tanto sus normas son de aplicación imperativa y es deber de la judicatura implementarlas aún de oficio, con prescindencia de la alegación de parte.

La ley de defensa el consumidor establece que en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios;  b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) El importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar;h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.  En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de celebración del contrato. La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado.

La “cuenta única” que se intente ejecutar no puede mezclar la tarjeta de crédito y una cuenta corriente –entre otros contratos- como  con los débitos provenientes del pago de préstamos personales sin cumplir con los recaudos que prevé la ley antes citada, a los fines de generar a través de éste último dispositivo un saldo directamente ejecutable, pero eludiendo la aplicación de normas de orden público.

Cuando en el certificado de saldo deudor, correspondiente a la cuenta corriente bancaria, se han incorporado débitos derivados del uso de tarjeta de crédito y, dada la falta de pago en los términos acordados se pretende la ejecución directa del saldo deudor emitido sin prepararse antes la vía ejecutiva con relación a dichas operaciones, el ejecutante transgrede el orden público de la normativa específica, toda vez que el certificado de saldo deudor emitido en esas condiciones consolida indiscriminadamente y en un solo importe todas las operatorias volcadas en la cuenta, incluso aquellas derivadas del uso de la tarjeta de crédito. Por lo cual, el título elaborado en estas condiciones lo torna inhábiles ya que elude el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva como también la aplicación de los intereses que prevé la ley aplicable. Ante la falta de pago por tarjeta de créditos no procede la ejecución directa ya que previamente hay que preparar la vía, lo que significa citar al demandado a reconocer la documentación acompañada. Por lo tanto Es improcedente la ejecutabilidad directa de los saldos provenientes de las cuentas corrientes no operativas.

Se encuentra vedada la ejecución directa de los saldos de tarjeta de crédito aún cuando se intente mediante la inclusión de dicho saldo en una cuenta corriente operativa para posteriormente ejecutarlo a través del certificado de saldo deudor junto con las deudas generadas por otros servicios prestados por la entidad financiera. El carácter de orden público de la ley de tarjeta de crédito impide que las convenciones de las partes puedan erigirse por sobre sus disposiciones.

En conclusión, por lo expuesto, será letra muerta el certificado de saldo deudor que intente ejecutar saldos de tarjeta de crédito por lo que el damnificado  deberá  presentarse al juicio solicitando el rechazo de la demanda.

 

Derechos del consumidor: cambio de producto o devolución de dinero o quita

La venta de un producto con defecto, por parte de un comerciante, obliga a todos los participantes en la cadena del consumo al cambio o la devolución del dinero o ofrecer una quita, ya que el consumidor  cuenta con derechos que lo protegen ante estas situaciones de conflicto.

La ley de defensa al consumidor establece que en la compraventa de bienes muebles no consumibles, el comprador  y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. El plazo para reclamar garantía sin factura esta establecido por la ley: es de tres (3) meses para la venta de cosas usadas y seis (6) meses para el resto de los casos, habilitando la posibilidad de que el plazo pueda ser extendido pero no menos a la imposición legal. En caso de que para su arreglo el bien deba trasladarse a la fábrica o un taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, quien deberá afrontar los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse. Durante el periodo de tiempo que se prive al consumidor del uso de la cosa en garantía por reparación, se computa como una prorroga del plazo legal.

En caso que la cosa reparada no reúna las condiciones inmejorables para cumplir con el uso al que está destinada, (uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante) los garantes deberán responder por las reparaciones que no resulten satisfactorias, mas los daños y perjuicios resultantes del vicio de la cosa o de la prestación del servicio que pudieren corresponder y multa por daño punitivo. El consumidor puede optar por pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características (el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa) o devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales o obtener una quita proporcional del precio.

Ante este tipo de conflictos los consumidores afectados que estén domiciliados en la provincia de Buenos Aires pueden optar por la vía administrativa  de Defensa del Consumidor, o solicitar un abogado especialista en defensa del consumidor para que inicie la acción ante la justicia Comercial o Civil y Comercial, según corresponda la jurisdicción, a los fines del cobro del resarcimiento económico.

En la vía administrativa, para la reparación económica, el consumidor deberá presentar un escrito haciendo una descripción de los hechos generadores de perjuicio. Dependerá de si el caso es en provincia o capital, pero generalmente se estipulara una primer audiencia entre el consumidor y el representante legal de la empresa (que por lo general son abogado, por lo cual, claramente habrá una desventaja a la hora de negociar). En caso que no se pongan de acuerdo, y de que el reclamo prospere, si es en provincia la entidad administrativa dictara una resolución en donde se aplicaran multas a favor del consumidor; el problema que ocurre en esta situación, es que el multado apela la resolución administrativa y lleva el expediente a sede judicial (contencioso administrativo), por lo cual ya el consumidor no podrá hacer ninguna presentación si no se presenta con un abogado; esto significa, que una vez que se apela la multa administrativa si no se contrata de un abogado nunca lograra el cobro de las multas a favor; si es en capital una vez agotada la vía administrativa queda habilitada la acción legal.

Si el consumidor con domicilio en la provincia de Buenos Aires, opta por iniciar el reclamo mediante un abogado se deberá iniciar como previo la mediación previa obligatoria en cual se realiza una audiencia a los fines de poder conciliar el tema para evitar el inicio del juicio. De no conciliarse en la etapa previa, se habilita al inicio del juicio, el cual tramitara por el procedimiento más rápido en cual todos los plazos son de dos días salvo el de contestación de demanda (En la práctica, en algunas casos  no se respeta a raja tabla los plazos de dos (2) días establecidos en el código de procedimiento).

Por último, es importante destacar que la Ley 24240 con la reforma estableció el instituto de daños punitivos, por el cual habilita a que los jueces civiles apliquen multas a los infractores, con el fin de persuadir y lograr el cambio de conducta, que van desde los pesos quinientos ($500) a pesos cinco millones ($5.000.000) y que sera determinado  en consideración al valor del bien afectado, la conducta de la empresa y los inconvenientes sufridos por el usuario.

 

Compensación por vuelo cancelado

La cancelación del vuelo cuya reserva fue confirmada generara la responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la cadena de comercialización del servicio.

El contrato de transporte aéreo, se instrumenta mediante el billete de pasaje, conocido como “ticket”. El objeto de este instrumento es que el transportista traslade al pasajero a su destino final, por lo que la cancelación formal de un vuelo en forma injustificada e intempestiva configura un incumplimiento del contrato regido por normas con caracter constitucional que protegen a los pasajeros.

Los usuarios de estos servicios tienen derechos por cancelación de vuelo, ya que estan amparados en la normativa de la Ley de Defensa al Consumidor. Por lo tanto, además de la indemnización por vuelo cancelado también se podrá solicitar que se apliquen multas para evitar que dichas conductas reprochables puedan repetirse en el futuro. La indemnización por la cancelación del vuelo, o por retraso del vuelo, dependerá de los daños (material, moral, psíquico) y perjuicios sufridos. La aplicación de la multa por daños punitivos quedara a la valorización del caso, que hara la justicia, como por ejemplo si existe reincidencia en las empresas que se demandan.

Dentro de los términos del Código Aeronáutico, se consagra el principio de la responsabilidad subjetiva del transportista imponiendo la carga de la prueba sobre su falta de culpa, por lo que para poder eximirse tendrá que probar que la cancelación del vuelo se motivó a hechos inevitables o imprevisibles, y que adoptó las medidas necesarias para evitarlo, ya que al realizar su actividad comercial lo hace a título lucrativo coordinando días y horas de salida de sus vuelos.

El organizador del viaje también sera responsable del incumplimiento parcial o total de los servicios que se contraten, por lo cual resulta indiferente que los medios que se utilicen para prestar el servicio ofrecido sean contratados o propios. Deberá responder por las personas y medios que emplee para cumplir con la prestación a la que se obligó, ya que también al realizar su actividad comercial lo con fines de lucro.

Cabe destacar que la justicia ha entendido que se genera un daño moral ante los casos de reubicación en otro vuelo, con otro destino, transcurridos varios días, ya que esto provoca la pérdida del esparcimiento y disfrute contratado, provocando estados de angustias, molestias o padecimientos en grado suficiente para alterar la paz espiritual y social de los usuarios al utilizar los servicios.

Los pasajeros que sufran la cancelación de su vuelo deben realizar el reclamo pertinente. Esto ayudara a que las multas que se impongan logren persuadir el actuar de las empresas (de turismo y de transporte) a los fines de mejorar la prestación del servicio.  El plazo para reclamar los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil del contrato de transporte de personas o cosas, es de dos (2) años conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Es recomendable que los pasajeros afectados contraten un abogado en materia de defensa al consumidor para peticionar  formalmente ante la justicia la acción reparadora. En el transcurso de un año aproximadamente se suelen producir hasta 5.000 conflictos, o más, susceptibles de reclamaciones en los vuelos que se realizan en Argentina, y solamente un 7% de los pasajeros realiza el reclamo.

Estudio Gatica (estudiogatica.sitio-web.org) cuenta con abogados especializados en Defensa del Consumidor a los fines de llevar a cabo los reclamos cobrando una comisión del 20% por la indemnización en caso de obtener un resultado favorable.

Si esta interesado en contratar  nuestros servicios complete el siguiente formulario de contacto.

Esperamos que esta información sea útil para saber qué hacer en caso de verse afectado por una cancelación de vuelo.

Reserva inmobiliaria: arrepentimiento

La reserva en la compraventa, que se estipula al momento de concretar la operación, configura la aprobación del acto de venta por lo cual su incumplimiento tendrá consecuencias jurídicas.

El código civil y comercial establece que la entrega de la suma de dinero para realizar la reserva se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse caso contrario quien entregó pierde la seña, y quien la recibió debe restituir el doble. Esto quiere decir que el comprador si se arrepiente perderá la suma de dinero que entrego y el vendedor si se arrepiente deberá devolver el doble de la suma que percibió.

Cuando se procede a realizar la resolución del contrato, además de perder la seña en caso de que el comprador decida no efectuar la compra o de tener que devolver el doble de lo percibido si el comprador no entrega el bien, el contratante de buena fe también podrá exigir a la otra parte que incumplió una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de no concretarse la operación. La evaluación de dichos perjuicios dependerá de las circunstancias y particularidades del caso en concreto sin tener que estar sometido a cuestiones rigurosas. Las reservas pactadas relacionadas a la compraventa del inmueble deberán ser analizadas según el caso en concreto para poder analizar la verdadera intención de las partes al momento de celebrar el contrato. El comprador al abonar la reserva del inmueble salvaguarda por un periodo de tiempo determinado la prioridad sobre la propiedad frente a terceros posibles compradores, por lo tanto, corresponde la devolución de la suma de dinero dada si la operación no llega a realizarse por culpa del vendedor.

La reserva que se realiza para adquirir una propiedad, dependiendo del caso, es considerado como un boleto provisorio la cual estará supeditado a perfeccionar el contrato con la escritura por ante el registro de la propiedad inmueble luego de efectuar el pago del valor del bien inmueble. Esta reserva que se realiza, es considerado similar a la seña en cuanto a sus efectos legales, por lo cual si se la considera con el alcance de un boleto definitivo podría reclamarse la escrituración.

El pago de la reserva es entendido como un pago a cuenta del precio del valor de la operación a realizarse para la adquisición del inmueble; esto implica una confirmación de la operación a perfeccionarse con la escritura, salvo que en el contrato se convenga algo distinto. Por lo que, si no nada de esto se estipula, cuando el comprador se arrepiente pierde la suma dada en seña, y si el vendedor se arrepiente deberá pagar el doble de lo percibido como penalidad. Es muy importante que al momento de elaborar el instrumento a firmar se tengan en cuenta estas posibilidades para evitar tener que judicializar el caso, el cual, de darse dicha posibilidad los diferentes supuestos que deba analizar la justicia deberán tener que interpretarse con el principio general de la buena fe.

Por último, si del contrato de compraventa nace una relación de consumo además de las penalidades, daños y perjuicios también se podrá solicitar la aplicación de daños punitivos como multa civil de conformidad a lo establecido por la Ley de Defensa al Consumidor.

De que manera exigir la cobertura de la Obra Social o la prepaga

Si la Obra Social o la empresa de medicina prepaga se niega a otorgar cobertura (en medicamentos, por discapacidad, etc.) o lo hacen de modo irregular, la ley le confiere al usuario la potestad de formular el reclamo, ya sea en la sedes de la obra Social o prepaga o en la superintendencia de salud.

Hay que tener en cuenta que dentro de las entidades más denunciadas por los usuarios, son precisamente las empresas de salud prepagas y las obras sociales . Sus principales incumplimientos parecen ser la falta de cobertura de algunas prestaciones y la publicidad engañosa.

Por lo general las empresas de medicina prepaga ( que pueden adoptar la forma de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, simples asociaciones o fundaciones) brindan en general servicios de cobertura de salud, a cambio de una cuota mensual.. En los distintos tipos de contratación se disponen diferentes planes de cobertura y a distintos precios. Es muy importante tener en cuenta que el contrato opera como una especie de seguro de cobertura, es decir, se ofrecen las prestaciones con base en las cuotas que se van abonando regularmente y por adelantado. Estos pueden ser de plazo indeterminado, o bien por un período establecido: mensual o anual, y con renovación automática. Cabe poner de resalto, que nuestra legislación dispone que, las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo y en todos los diferentes planes que ofrezcan –básicamente- todas las prestaciones básicas referidas a atención primaria y secundaria; internación; tratamientos ambulatorios, odontológicos; plan materno infantil; prótesis y medicamentos, entre otras prestaciones, que son de cumplimiento obligatorio para las empresas.

La normativa estatuye la obligación de asegurar a sus beneficiarios las prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento médico oncológico, mediante sus propios servicios o a través de terceros contratados. No podrán establecer períodos de carencia, fuera de lo expresamente indicado en la ley. Por ello. se estableció la obligación de cubrir los tratamientos psiquiátricos, obesidad, enfermedades y problemas de drogadicción.

A fin de concluir, en caso que el reclamo ante la empresa resulte infructuoso, existe la posibilidad de ocurrir por via judicial, al amparo de la ley de defensa al consumidor.-

El siguiente artículo podría interesarle: Amparo por falta de cobertura médica