Lo que debes saber si fallo el airbag

Si ante una colisión con el vehículo no se activan los airbags, el damnificado se encuentra amparado por la ley de defensa al consumidor parar reclamar ante la justicia mediante un juicio sumarísimo los daños y perjuicios sufridos, además de la aplicación de multas por daños punitivos, por el vicio de la cosa, siendo que tanto el fabricante y concesionaria son responsables por haber puesto en el mercado un producto riesgoso.


Entre el dueño del vehículo y el fabricante, existe una relación de consumo, la cual deriva de la adquisición del automóvil, más allá que la compra haya sido directa o por intermedio de un concesionario, ya que la responsabilidad se origina por una atribuida deficiencia del producto.

La responsabilidad del fabricante, como del concesionario (y de todos los que participen de la cadena) está en la falla en la apertura del airbag. El vicio de la cosa es determinante en los daños que pueden padecer los tripulantes. Por lo tanto, son responsables por haber generado el riesgo, al lanzar al mercado un producto con serias deficiencias en el sistema de seguridad.

La fragilidad de los componentes secundarios ante una colisión frontal por alcance, demuestran lo vulnerable que puede ser el sistema de seguridad. Cuando un vehículo carece de un sistema adecuado para soportar un choque, existe responsabilidad de la marca.

Existe una obligación de seguridad, consagrada en la ley de defensa al consumidor que prevé la responsabilidad objetiva derivada del vicio o defecto de la cosa. Es una obligación de resultado, por cuanto el fabricante debe entregarle al consumidor un producto o servicio que ha de cumplir con una finalidad para la cual fue adquirido o es utilizado.

Si usted ha sido víctima de un vehículo defectuoso en cuanto a sus medidas de seguridad, usted tiene derecho a una indemnización, contáctenos.

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Que hacer ante un robo al salir del banco

En una típica salidera bancaria, dos delincuentes, a punta de pistola, asaltaron a un hombre, que minutos antes había retirado una suma de dinero en efectivo. Durante el asalto, los delincuentes le gritaron “dame la guita que recién sacaste del banco o te mato”, y en la huida, uno de ellos le efectuó un disparo que impactó en el maxilar de la víctima.

En este escenario, el actor promovió una demanda de daños y perjuicios contra la sucursal bancaria. Sin embargo, la entidad negó todos los hechos, con el argumento de que “no se trató de una salidera bancaria, ya que fue a varias cuadras del banco y el actor habría concurrido a su domicilio particular”.

 

El banco adujo que cumplió con las medidas de seguridad dentro de la sucursal y que “no puede suplir una responsabilidad indelegable del Estado Nacional” ni “extender medidas de seguridad y vigilancia fuera de la misma y a varias cuadras de distancia”.

 

El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda, ya que “tuvo por probado los extremos invocados en la demanda y no habiendo la accionada acreditado una causa ajena que la exonere de responsabilidad”.

La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal relató que durante toda la operatoria realizada en el banco, el accionante estuvo “expuesto a la vista de todas las personas que se hallaban en el lugar, poniendo un sujeto en particular, especial atención a todos y cada uno de los movimientos que hizo la víctima hasta que éste se retiró del lugar”.

El video filmación muestra el momento en que el actor se encuentra en la caja a fin de efectuar la compra de dólares, y también, como es particularmente observado por un individuo ubicado a dos filas de distancia, quien luego se tira tras los pasos de la víctima.

Para los jueces, el demandante “fue observado en forma pormenorizada por un sujeto que siguió sus movimientos hasta que éste se retiró del lugar”, por lo que entendieron que “el servicio de seguridad no fue prestado adecuadamente”.

De este modo, los vocales rechazaron los argumentos vertidos en torno a que los daños que invoca el reclamante fueron causados por un tercero extraño durante un suceso violento generado por delincuentes llevado a cabo lejos de la sucursal.

 

En efecto, el tribunal confirmó la responsabilidad del banco por violación del deber de seguridad. “(…) La entidad bancaria debe adoptar medidas de seguridad para prevenir y evitar robos, los que (…) resultan habituales”, concluyó el fallo en los autos “P., H. E. c/ B. de G. y B. A. SA s/ Daños y perjuicios”.

Lo que deberías saber sobre los pagarés.

La justicia sentencia que la sola firma del pagaré, en las relaciones de consumo, no constituye el resultado de ninguna negociación previa, sino una condición impuesta por el proveedor como forma de obtener una vía de cobro expedita del crédito, a costa de limitar derechos irrenunciables del consumidor, lo que configura una situación de abuso de derecho.

Distintos pronunciamientos, tanto en la justicia nacional como en la provincial, han desestimado la ejecución directa de los pagarés.

Los magistrados, han entendido que cuando se advierte que bajo el título que se pretende ejecutar, como es el caso de un pagaré, se encuentra latente una relación de consumo, y por tanto han declarado la inhabilidad del cartular ya que de lo contrario, si se tolerara la habilidad de éste, implicaría un abandono, al deber de velar por el cumplimiento de las normas de orden público contenidas en la legislación de fondo.

De conformidad con la expuesto, no se puede dejar de lado la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional Comercial, en los casos de ejecución de títulos cambiarios en donde se encuentren involucrados derechos de consumidores, donde resulta posible inferir, a partir de la calidad de las partes y demás elementos existentes en las actuaciones, que el vínculo que subyace encuadra en una operación de crédito para el consumo.

Los fallos examinados, puntualizan que los ejecutantes, son encuadrados como proveedores,, mientras que el ejecutado es una persona humana con las características que la LDC requiere para calificarlo consumidor o usuario.

Esas circunstancias personales de las partes imponen alardear, que el título que se intenta ejecutar tuvo su causa de emisión en un acto de financiamiento concedido por un proveedor profesional a un consumidor, destinado a que este último adquiera bienes o contrate servicios para beneficio propio o de su grupo familiar o social.

En la ley de defensa del consumidor, existen requisitos de información en la instrumentación del crédito para el consumo, que no deben soslayarse bajo pena de nulidad.

Por ende, cualquier mecanismo utilizado para burlar lo normado imperativamente por el texto legal debe ser sancionado sin más con la invalidez.

A fin de concluir, los juzgadores han señalado que los títulos valores fueron creados por comerciantes y para comerciantes, a fin de facilitar el tráfico mercantil y no para reducir las vías de defensa a los no comerciantes, es decir, a los consumidores. Y no existe duda a esta altura que el Derecho del Consumidor ha desplazado –y con relevancia constitucional al derecho comercial en las operaciones de la vida diaria. Ergo, para evitar el fraude a la ley de Defensa del Consumidor, los sentenciadores, han determinado – en numerosos casos- la nulidad de la ejecución directa de un pagaré.

Abuso de intereses

En muchas ocasiones, para una persona solicitar un préstamo o comprar con tarjeta de crédito puede ser de gran ayuda, pero es importante prestar una debida atención ante posibles situaciones de abuso que se puede llegar a padecer.

Es importante saber a qué se debe prestar atención: cuando se requiere un crédito, qué derechos se encuentran protegidos y que hacer en caso de ser víctima de un préstamo usurario o de padecer abusos en tus derechos como consumidor/a..

Cabe poner de resalto que toda persona que solicita un crédito de dinero en efectivo se convierte en un consumidor financiero. Todo consumidor financiero acepta ciertos compromisos y obligaciones, pero también tiene derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa al Consumidor.

La citada norma fue elaborada, teniendo en mira que las y los consumidores no poseen la capacidad económica ni la misma posibilidad de acceder al asesoramiento y al conocimiento técnico sobre finanzas que tienen las entidades que ofrecen créditos para el consumo.

Es dable poner el acento, que esos créditos para el consumo, se conceden a través de los unos contratos llamados de adhesión. Estos tienen la particularidad por estar íntegramente redactados por los proveedores de los préstamos. La persona que toma el crédito sólo tiene la posibilidad de decidir si lo acepta e o no, sin poder cambiar ni discutir las cláusulas del contrato.

La Ley de Defensa al Consumidor establece obligaciones que las entidades financieras que otorgan créditos para el consumo deben respetar: Veamos :

Cuando se otorgan los créditos: se debe dar toda la toda la información necesaria para conocer las características esenciales de lo que ofrecen, como por ejemplo: la forma y modalidad de pago, todos los intereses y gastos vinculados al préstamo, así como las condiciones contratación.-

No pueden existir cláusulas abusivas que restrinjan los derechos

Lo que deberías saber sobre mala praxis veterinaria.

En muchas ocasiones, ocurre que nuestras mascotas no son atendidas como corresponde  por las veterinarias, ocasionando con ello serios perjuicios al animal, que incluso puede derivar en su muerte.

 Se debe tener presente, que los veterinarios, igual que los médicos, pueden incurrir en una mala praxis. Por lo tanto, se les podrá exigir responsabilidad civil. La mala praxis o mala práctica se puede derivar de errores en el diagnóstico, deficiencias en el tratamiento farmacológico, de inmunoterapia o quirúrgico, la prevención y control de enfermedades, etcétera que pueden causar daños, a veces irreversibles o mortales, en nuestros animales de compañía.

 En primer lugar cabe señalar que el tema que nos ocupa, queda atrapado en la ley de defensa del consumidor.

 En esa idea, corresponde aplicar tal normativa  contra la veterinaria que tiene el deber de cuidado  al animal , cuando se podría  probar que el veterinario no cumple con tal premisa .-

 El incumplimiento por parte de la veterinaria deviene de concretas obligaciones impuestas por la ley de defensa del consumidor, específicamente de información y seguridad, lo que puede aparejar  para el dueño de la mascota  la pérdida definitiva de esta en condiciones poco claras y de zozobra respecto de lo ocurrido.

 A esta altura, tratándose de una responsabilidad objetiva conforme lo normado por la ley de defensa del consumidor, cabe atribuir responsabilidad de modo solidario a quienes han participado en la prestación del servicio al animal, esto es, al titular de la veterinaria, y quien se encontraba a cargo del animal en lo que hace a su cuidado y guarda.

 Por tanto, si se demuestra que la actuación del veterinario no ha sido correcta, el perjudicado tiene derecho a una compensación económica.-

 Es necesario y recomendable contar con informes emitidos por el veterinario que atendió al animal, la factura del costo del tratamiento, así como fotografías y testigos que ayuden a confirmar la versión del presunto damnificado.

 Cabe poner de resalto, que  distintos pronunciamientos judiciales, han resuelto  que la responsabilidad de los veterinarios por error de diagnóstico, es asimilable a la mala praxis médica, y es de naturaleza contractual.

 La ley de defensa del consumidor resulta aplicable al vínculo derivado de la vinculación entre el dueño de una mascota y el veterinario, ya que este  le compete brindar información veraz, detallada y suficiente de los planes de vacunación, desparasitación y alimentación con el objeto de cumplimentar el deber establecido por la ley de densa al consumidor .

A fin de precisar en que consiste la mala praxis veterinaria, podríamos señalar :  Es la omisión por parte del veterinario de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, omisión que da por resultado cierto perjuicio al dueño de la mascota.
Esto tiene dos partes fundamentales:
Que el Veterinario no cumpla responsablemente con su deber profesional.
Como consecuencia de ello, cause un perjuicio definido.

Se requiere que el Veterinario a través de un acto propio de su actividad y en relación causal y con culpa o dolo, produzca un daño determinado en la salud del animal.

Claro está que, para que el obrar del Veterinario le sea imputable y con ello generador de responsabilidad deben darse dos presupuestos: 1) La existencia de culpa) y 2) Que la conducta del Veterinario le signifique un daño al paciente, o sea que exista una relación de causalidad entre el hecho médico y el resultado habido.

El fundamento de la reparación de ese daño, está dado por la existencia de culpa, la que debe ser probada por el damnificado por todos los medios posibles, aún por el sistema de presunciones (graves, precisas y concordantes):

Es realidad que por lo general las prestaciones Veterinarias son de tracto sucesivo y resulta necesario que ello se refleje en un documento que se irá completando a lo largo del proceso de atención médica veterinaria, y como tal servirá para identificar en un futuro la claridad de dichos servicios, y muy particularmente se convertirá en una herramienta probatoria de singular importancia a la hora de determinar responsabilidades.-

  Es un documento sobre la historia clínica, la cual ha sido definida como “ La relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos del paciente, tanto anteriores como actuales, que sirve de base para el juicio acabado de la enfermedad actual”. En el citado documento deben obrar no sólo los antecedentes del paciente y su estado actual, sino también los estudios ordenados y realizados, el diagnóstico, la terapia o tratamiento a aplicar, la medicación suministrada, la evolución del paciente y los resultados logrados.

 A fin de concluir con este tema, si se puede demostrar  la culpa del Veterinario, la existencia del daño y la relación de causalidad entre lo primero y lo segundo, es factible  procurar actuaciones judiciales, l  a fin de lograr una indemnización que conforme una  reparación integral


No hace falta que muera el animal para demandar al veterinario.- Basta con sospechar que el daño o lesión fue producto de la negligencia, imprudencia o impericia del veterinario para demandarlo judicialmente.

Una buena para los consumidores

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, las deudas prescriben a los dos años. Cabe poner de resalto, que esta legislación se encuentre vigente desde Agosto del año 2015.

Esto es una buena noticia para los consumidores. El espíritu de esta normativa para propiciar estas modificaciones  no son para dispensar  a deudores sino para que los consumidores tengan derecho a organizar  su vida económica.

Cabe recordar, que antes (de Agosto de 2015)  frente a una deuda  si el acreedor no promovía juicio  contra el deudor, la misma vencía a los cinco años. Después de ese período, el acreedor no podía iniciar  la acción judicial  para exigir el pago. En otras palabras, el deudor NO  podía ser perseguido en sede judicial.

Con la nueva normativa (Código Civil y Comercial)  establece nuevos plazos de cumplimiento  de obligaciones entre proveedores y consumidores . , ya que  el plazo se redujo  a favor de los consumidores, a los dos años.

De lo expuesto, se desprende  que  no se pueden reclamar judicialmente deudas atrasadas por fuera de este período . Este plazo contempla las facturas, pagos anuales o mensuales, contratos, abonos o cuotas.

El fundamento que sustenta , es que la Ley de Defensa del Consumidor fija que si existen otras leyes que instauren plazos distintos se usará el más favorable al consumidor. El artículo 50 de esta norma dice: “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de esta ley prescribirán a los tres años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido, se usará el más favorable al consumidor”.

Se explica en doctrina que la modificación de los plazos surgió porque muchas empresas usaban el desconocimiento legal de la gente para jugar con ella. Sin embargo, se ha podido avanzar bastante al respecto y ahora el usuario está más amparado.

De lo antedicho, se puede sostener  que No puede venir alguien que diga que un  usuario consumidor  mantenga una deuda desde  hace años un servicio o impuesto  del que ya ni sabe que existe. Recordemos que muchas empresas les venden a estudios jurídicos deudas pendientes. Esto de mucha utilidad  para ponerle un freno a tales mecanismos.

Por lo demás, desde hace tiempo, la Ley de Defensa del Consumidor les exige a las empresas que informen mensualmente si los usuarios tienen una deuda o algún consumo o boleta impaga. De este modo, en cada una de las facturas debería estar incluida una leyenda en la que aparezca detallado este aspecto. Así, teniendo la última factura en mano indicando el libre de deuda no sería necesario tener que guardar las anteriores para atestiguar si existen obligaciones atrasadas con las empresas.  El artículo 30 bis de esta ley expresa que “las constancias que las empresas prestatarias de servicios entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios deberán expresar si existen períodos u otras deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello escrito en forma clara. En caso de que no existan deudas pendientes se expresará: no existen deudas pendientes.

Como solucionar problemas con tarjetas de crédito

 Se observa que de manera más frecuente, aparecen en los resúmenes de tarjetas de créditos  gastos  dudosos como compras que no se han realizado.-

En efecto,    al analizar (el resumen de tarjeta)  vemos  entre otros ítems, cargos desconocidos por compras de productos que no hemos realizado.; Cobro de deudas inexistentes o ya pagadas ; doble cargos; cargos por cobro de seguro de vida o por robo de tarjeta de débito; cargos por exceso en el límite de compra autorizado de las tarjetas de crédito.; cobro ilegal de comisiones y cargos en cuentas de sueldo.; “gasto por diferir pago”, “gastos por gestión de cobranza”, “gastos por reserva de fondos” tampoco corresponden sino han sido pactados previamente en el contrato.

Es muy importante recordar,  que el proveedor es responsable de verificar la firma en el comprobante de compra y proporcionar mecanismos de seguridad para aquellos que compran en internet.  Esto significa que el cliente no puede ser castigado por una falla en el administrador de tu tarjeta de crédito. La empresa está obligada a investigar el fraude y devolver al consumidor si ha pagado  por algo que no ha comprado.

Cabe  poner de resalto , que si al recibir el resumen , el usuario  desconoce algún gasto, tiene un período de 30 días para impugnar ese resumen y no pagar la operación cuestionada hasta tanto el banco investigue el origen del cargo.

Puede ocurrir,  que estas infracciones a la Ley, en general se basan en aprovecharse de la falta de conocimiento del consumidor, donde la falta de impugnación de un cargo genera enormes y siderales ganancias a la entidades financieras.  Pero  no debemos olvidar  que el consumidor dispone de derechos  consagrados  por la ley  . Veamos:

Ante la aparición de cargos indebidos o que presenten dudas para el consumidor., este tiene que impugnar el resumen recibido dentro de los treinta (30) días de recibido. Durante ese lapso,  el consumidor tiene  la facultad ,  de  no pagar la operaciones impugnadas.

Es de importancia, señalar  que el  banco no está autorizado a rechazar la nota si no es llevada personalmente por el titular, pero sí podrá solicitar que se ratifique la impugnación por el titular.

En este primer paso, se debe reclamar ante  el Banco que otorgó la tarjeta  de crédito, ya sea en forma telefónica (se debe pedir el nro de reclamo) , por internet(anotando  el nro de reclamo) , por carta documento, o como antes se dijera , por nota . En todos los caso, se debe individualizar  las operaciones  que motivan el reclamo

 Mientras dure el procedimiento de impugnación, se debe exigir  a la entidad, que no se le impida ni dificulte el uso de alguna manera el uso de la Tarjeta de Crédito o de sus adicionales, mientras no supere el límite de compra, y haya efectuado  el pago del mínimo pactado por los rubros no cuestionados de la liquidación

A esta altura,  es oportuno  remarcar  que se debe exigir la entrega de duplicados de todo lo que se firme y dedíquele tiempo para controlar las liquidaciones de las tarjetas. Si existen dudas, solicite explicaciones al banco emisor y consulte con una asociación de defensa del consumidor: no tiene costo, y puede resolver su duda con un llamado telefónico. Lleve un control periódico de gastos a través de Internet o del resumen de la tarjeta. 

 En caso que la entidad, no haya satisfecho el reclamo o no sea plenamente satisfactorio, porque no se la abono intereses por la demora en la devolución de su dinero, o los daños y perjuicios ocasionado por la demora o por los trastornos ocasionados, el usuario  debería  concurrir a formular la denuncia al Organismo Gubernamental de Defensa del Consumidor.

 En caso  que  el trámite ante las oficinas de Defensa al consumidor,   fuera dispuesta a una fecha remota, que prolongue el trámite innecesariamente en el tiempo,   le ley  lo faculta a recurrir la via Judicial. Para ello, requerirá un abogado que lo asesore y patrocine. Todas las acciones por defensa al consumidor gozan de gratuidad, por lo que no se abonará ninguna tasa o gasto para su inicio.

 En caso de verse obligado a litigar judicialmente para poder reclamar el cumplimiento de las obligaciones legales el consumidor . podrá también reclamar una  multa (sanción punitiva) que deberán pagar a su favor. Esta multa puede ser establecida entre los $ 100 y $ 5.000.000, dependiendo  del carácter de reincidente, la cuantía de los beneficios indebidamente obtenidos, su proyección económica, el peligro de su generalización para todos los usuarios, y la repercusión de estas infracciones atento la posición en el mercado.

Distintos pronunciamientos judiciales  entendieron   que el banco tenía la obligación de brindarle seguridad a sus usuarios y que no fueron suficientemente protegidos por parte de la entidad de los “reiterados ataques” contra el sistema informático del banco. Esto quiere decir que la ley atribuye responsabilidad al prestador del servicio (en el caso, la entidad bancaria) independientemente de que éste hubiera incurrido en culpa o negligencia.

A fin de concluir,  no se puede sostener  que el banco pueda eximirse de responsabilidad. En rigor,  todas estas cuestiones, deben  ser objeto de particular atención por la entidad bancaria en orden a ofrecer a sus clientes la suficiente seguridad para evitar perjuicios a sus clientes, habida cuenta que el banco se encuentra en una posición ventajosa frente al usuario, en tanto posee la información y todas las aptitudes técnicas para ofrecer seguridad.- Los bancos deban hacerse cargo de los daños y perjuicios causados, y a su vez del “daño punitivo”