Derechos del consumidor: cambio de producto o devolución de dinero o quita

La venta de un producto con defecto, por parte de un comerciante, obliga a todos los participantes en la cadena del consumo al cambio o la devolución del dinero o ofrecer una quita, ya que el consumidor  cuenta con derechos que lo protegen ante estas situaciones de conflicto.

La ley de defensa al consumidor establece que en la compraventa de bienes muebles no consumibles, el comprador  y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. El plazo para reclamar garantía sin factura esta establecido por la ley: es de tres (3) meses para la venta de cosas usadas y seis (6) meses para el resto de los casos, habilitando la posibilidad de que el plazo pueda ser extendido pero no menos a la imposición legal. En caso de que para su arreglo el bien deba trasladarse a la fábrica o un taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, quien deberá afrontar los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse. Durante el periodo de tiempo que se prive al consumidor del uso de la cosa en garantía por reparación, se computa como una prorroga del plazo legal.

En caso que la cosa reparada no reúna las condiciones inmejorables para cumplir con el uso al que está destinada, (uso normal, mediando un trato adecuado y siguiendo las normas de uso y mantenimiento impartidas por el fabricante) los garantes deberán responder por las reparaciones que no resulten satisfactorias, mas los daños y perjuicios resultantes del vicio de la cosa o de la prestación del servicio que pudieren corresponder y multa por daño punitivo. El consumidor puede optar por pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características (el plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva cosa) o devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos parciales o obtener una quita proporcional del precio.

Ante este tipo de conflictos los consumidores afectados que estén domiciliados en la provincia de Buenos Aires pueden optar por la vía administrativa  de Defensa del Consumidor, o solicitar un abogado especialista en defensa del consumidor para que inicie la acción ante la justicia Comercial o Civil y Comercial, según corresponda la jurisdicción, a los fines del cobro del resarcimiento económico.

En la vía administrativa, para la reparación económica, el consumidor deberá presentar un escrito haciendo una descripción de los hechos generadores de perjuicio. Dependerá de si el caso es en provincia o capital, pero generalmente se estipulara una primer audiencia entre el consumidor y el representante legal de la empresa (que por lo general son abogado, por lo cual, claramente habrá una desventaja a la hora de negociar). En caso que no se pongan de acuerdo, y de que el reclamo prospere, si es en provincia la entidad administrativa dictara una resolución en donde se aplicaran multas a favor del consumidor; el problema que ocurre en esta situación, es que el multado apela la resolución administrativa y lleva el expediente a sede judicial (contencioso administrativo), por lo cual ya el consumidor no podrá hacer ninguna presentación si no se presenta con un abogado; esto significa, que una vez que se apela la multa administrativa si no se contrata de un abogado nunca lograra el cobro de las multas a favor; si es en capital una vez agotada la vía administrativa queda habilitada la acción legal.

Si el consumidor con domicilio en la provincia de Buenos Aires, opta por iniciar el reclamo mediante un abogado se deberá iniciar como previo la mediación previa obligatoria en cual se realiza una audiencia a los fines de poder conciliar el tema para evitar el inicio del juicio. De no conciliarse en la etapa previa, se habilita al inicio del juicio, el cual tramitara por el procedimiento más rápido en cual todos los plazos son de dos días salvo el de contestación de demanda (En la práctica, en algunas casos  no se respeta a raja tabla los plazos de dos (2) días establecidos en el código de procedimiento).

Por último, es importante destacar que la Ley 24240 con la reforma estableció el instituto de daños punitivos, por el cual habilita a que los jueces civiles apliquen multas a los infractores, con el fin de persuadir y lograr el cambio de conducta, que van desde los pesos quinientos ($500) a pesos cinco millones ($5.000.000) y que sera determinado  en consideración al valor del bien afectado, la conducta de la empresa y los inconvenientes sufridos por el usuario.

 

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Compensación por vuelo cancelado

La cancelación del vuelo cuya reserva fue confirmada generara la responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la cadena de comercialización del servicio.

El contrato de transporte aéreo, se instrumenta mediante el billete de pasaje, conocido como “ticket”. El objeto de este instrumento es que el transportista traslade al pasajero a su destino final, por lo que la cancelación formal de un vuelo en forma injustificada e intempestiva configura un incumplimiento del contrato regido por normas con caracter constitucional que protegen a los pasajeros.

Los usuarios de estos servicios tienen derechos por cancelación de vuelo, ya que estan amparados en la normativa de la Ley de Defensa al Consumidor. Por lo tanto, además de la indemnización por vuelo cancelado también se podrá solicitar que se apliquen multas para evitar que dichas conductas reprochables puedan repetirse en el futuro. La indemnización por la cancelación del vuelo, o por retraso del vuelo, dependerá de los daños (material, moral, psíquico) y perjuicios sufridos. La aplicación de la multa por daños punitivos quedara a la valorización del caso, que hara la justicia, como por ejemplo si existe reincidencia en las empresas que se demandan.

Dentro de los términos del Código Aeronáutico, se consagra el principio de la responsabilidad subjetiva del transportista imponiendo la carga de la prueba sobre su falta de culpa, por lo que para poder eximirse tendrá que probar que la cancelación del vuelo se motivó a hechos inevitables o imprevisibles, y que adoptó las medidas necesarias para evitarlo, ya que al realizar su actividad comercial lo hace a título lucrativo coordinando días y horas de salida de sus vuelos.

El organizador del viaje también sera responsable del incumplimiento parcial o total de los servicios que se contraten, por lo cual resulta indiferente que los medios que se utilicen para prestar el servicio ofrecido sean contratados o propios. Deberá responder por las personas y medios que emplee para cumplir con la prestación a la que se obligó, ya que también al realizar su actividad comercial lo con fines de lucro.

Cabe destacar que la justicia ha entendido que se genera un daño moral ante los casos de reubicación en otro vuelo, con otro destino, transcurridos varios días, ya que esto provoca la pérdida del esparcimiento y disfrute contratado, provocando estados de angustias, molestias o padecimientos en grado suficiente para alterar la paz espiritual y social de los usuarios al utilizar los servicios.

Los pasajeros que sufran la cancelación de su vuelo deben realizar el reclamo pertinente. Esto ayudara a que las multas que se impongan logren persuadir el actuar de las empresas (de turismo y de transporte) a los fines de mejorar la prestación del servicio.  El plazo para reclamar los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil del contrato de transporte de personas o cosas, es de dos (2) años conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Es recomendable que los pasajeros afectados contraten un abogado en materia de defensa al consumidor para peticionar  formalmente ante la justicia la acción reparadora. En el transcurso de un año aproximadamente se suelen producir hasta 5.000 conflictos, o más, susceptibles de reclamaciones en los vuelos que se realizan en Argentina, y solamente un 7% de los pasajeros realiza el reclamo.

Estudio Gatica (estudiogatica.sitio-web.org) cuenta con abogados especializados en Defensa del Consumidor a los fines de llevar a cabo los reclamos cobrando una comisión del 20% por la indemnización en caso de obtener un resultado favorable.

Si esta interesado en contratar  nuestros servicios complete el siguiente formulario de contacto.

Esperamos que esta información sea útil para saber qué hacer en caso de verse afectado por una cancelación de vuelo.

Reserva inmobiliaria: arrepentimiento

La reserva en la compraventa, que se estipula al momento de concretar la operación, configura la aprobación del acto de venta por lo cual su incumplimiento tendrá consecuencias jurídicas.

El código civil y comercial establece que la entrega de la suma de dinero para realizar la reserva se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse caso contrario quien entregó pierde la seña, y quien la recibió debe restituir el doble. Esto quiere decir que el comprador si se arrepiente perderá la suma de dinero que entrego y el vendedor si se arrepiente deberá devolver el doble de la suma que percibió.

Cuando se procede a realizar la resolución del contrato, además de perder la seña en caso de que el comprador decida no efectuar la compra o de tener que devolver el doble de lo percibido si el comprador no entrega el bien, el contratante de buena fe también podrá exigir a la otra parte que incumplió una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de no concretarse la operación. La evaluación de dichos perjuicios dependerá de las circunstancias y particularidades del caso en concreto sin tener que estar sometido a cuestiones rigurosas. Las reservas pactadas relacionadas a la compraventa del inmueble deberán ser analizadas según el caso en concreto para poder analizar la verdadera intención de las partes al momento de celebrar el contrato. El comprador al abonar la reserva del inmueble salvaguarda por un periodo de tiempo determinado la prioridad sobre la propiedad frente a terceros posibles compradores, por lo tanto, corresponde la devolución de la suma de dinero dada si la operación no llega a realizarse por culpa del vendedor.

La reserva que se realiza para adquirir una propiedad, dependiendo del caso, es considerado como un boleto provisorio la cual estará supeditado a perfeccionar el contrato con la escritura por ante el registro de la propiedad inmueble luego de efectuar el pago del valor del bien inmueble. Esta reserva que se realiza, es considerado similar a la seña en cuanto a sus efectos legales, por lo cual si se la considera con el alcance de un boleto definitivo podría reclamarse la escrituración.

El pago de la reserva es entendido como un pago a cuenta del precio del valor de la operación a realizarse para la adquisición del inmueble; esto implica una confirmación de la operación a perfeccionarse con la escritura, salvo que en el contrato se convenga algo distinto. Por lo que, si no nada de esto se estipula, cuando el comprador se arrepiente pierde la suma dada en seña, y si el vendedor se arrepiente deberá pagar el doble de lo percibido como penalidad. Es muy importante que al momento de elaborar el instrumento a firmar se tengan en cuenta estas posibilidades para evitar tener que judicializar el caso, el cual, de darse dicha posibilidad los diferentes supuestos que deba analizar la justicia deberán tener que interpretarse con el principio general de la buena fe.

Por último, si del contrato de compraventa nace una relación de consumo además de las penalidades, daños y perjuicios también se podrá solicitar la aplicación de daños punitivos como multa civil de conformidad a lo establecido por la Ley de Defensa al Consumidor.

De que manera exigir la cobertura de la Obra Social o la prepaga

Si la Obra Social o la empresa de medicina prepaga se niega a otorgar cobertura (en medicamentos, por discapacidad, etc.) o lo hacen de modo irregular, la ley le confiere al usuario la potestad de formular el reclamo, ya sea en la sedes de la obra Social o prepaga o en la superintendencia de salud.

Hay que tener en cuenta que dentro de las entidades más denunciadas por los usuarios, son precisamente las empresas de salud prepagas y las obras sociales . Sus principales incumplimientos parecen ser la falta de cobertura de algunas prestaciones y la publicidad engañosa.

Por lo general las empresas de medicina prepaga ( que pueden adoptar la forma de sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, simples asociaciones o fundaciones) brindan en general servicios de cobertura de salud, a cambio de una cuota mensual.. En los distintos tipos de contratación se disponen diferentes planes de cobertura y a distintos precios. Es muy importante tener en cuenta que el contrato opera como una especie de seguro de cobertura, es decir, se ofrecen las prestaciones con base en las cuotas que se van abonando regularmente y por adelantado. Estos pueden ser de plazo indeterminado, o bien por un período establecido: mensual o anual, y con renovación automática. Cabe poner de resalto, que nuestra legislación dispone que, las empresas de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo y en todos los diferentes planes que ofrezcan –básicamente- todas las prestaciones básicas referidas a atención primaria y secundaria; internación; tratamientos ambulatorios, odontológicos; plan materno infantil; prótesis y medicamentos, entre otras prestaciones, que son de cumplimiento obligatorio para las empresas.

La normativa estatuye la obligación de asegurar a sus beneficiarios las prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento médico oncológico, mediante sus propios servicios o a través de terceros contratados. No podrán establecer períodos de carencia, fuera de lo expresamente indicado en la ley. Por ello. se estableció la obligación de cubrir los tratamientos psiquiátricos, obesidad, enfermedades y problemas de drogadicción.

A fin de concluir, en caso que el reclamo ante la empresa resulte infructuoso, existe la posibilidad de ocurrir por via judicial, al amparo de la ley de defensa al consumidor.-

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Lo que deberías saber ante un juicio ejecutivo por deuda de tarjeta de crédito

Los juicios ejecutivos por deuda de tarjeta de crédito instrumentados en certificados de saldo deudor por las entidades financieras en las distintas jurisdicciones del país resultan inhábiles.

El contrato de solicitud de tarjeta de crédito y el de las condiciones particulares son convenios de adhesión con reglas predispuestas que no tienen el carácter de título ejecutivo, ya que estos instrumentos les falta el credito exigible, es decir que  en ellos no existe ninguna obligación de dar una suma de dinero determinada o fácilmente determinable.  Al no constar la deuda en los contratos que se suscriben (la deuda figura en los resúmenes), no cumplen el requisito fundamental para darle la figura de título ejecutivo. Las cláusulas que le otorguen carácter de título ejecutivo son nulas, ya que no se puede solicitar la preparación de la vía ejecutiva sobre la base de un mecanismo complejo, que no guarda un razonable encuadramiento con la naturaleza y estructura del juicio ejecutivo.

En algunos casos la justicia en argentina ha negado la tramitación del juicio por el procedimiento más rápido a las obligaciones nacidas de contratos de esta índole porque sus características impiden asignarle a aquellas la necesaria autonomía que es exigible para proceder por esta vía (la ejecutiva), más aun cuando para determinar la existencia de un crédito líquido y exigible en favor de los ejecutantes es necesario acudir a elementos o documentos extraños al título mismo que sirve de base a la ejecución, como sería el caso de los resúmenes de deuda de la tarjeta.

Por otro lado, la ley 25.065 de tarjetas de crédito dispone que es nula la cláusula que permita la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito. Si en el contrato de emision de tarjeta de credito y de las condiciones particulares, se establece que las deudas originadas se debiten por medio de su cuenta corriente, no implica una autorización para “ejecutar” los saldos de esas otras operaciones (originadas fuera de la cuenta corriente) mediante su inclusión en el certificado de saldo deudor. Esa autorización resulta invalida, si para el caso particular de esas otras operatorias, su ejecutabilidad exigiera el cumplimiento de determinados recaudos que no se satisfacen con la mera inclusión de su importe en los débitos de la cuenta corriente. Por lo tanto, resulta antijurídico ejecutar una supuesta deuda que se habría devengado por la utilización de una tarjeta de crédito, intentándose este procedimiento a través de los saldos deudores en cuenta corriente.

En caso de que usted reciba un mandamiento de intimación de pago embargo y citación de remate por una deuda originada o compuesta por deudas de tarjeta de crédito es importante que inmediatamente sea asistido por un profesional en derecho comercial, ya que usted tiene 5 días hábiles desde la intimación para efectuar su defensa, caso contrario se dictara sentencia.

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¿Cuándo prescribe una deuda bancaria en Argentina?

En principio se podría afirmar  que la prescripción de una deuda consiste en la pérdida del derecho del acreedor para cobrarla.

Cuando una deuda prescribe, se pierde el derecho a reclamar -judicial o extrajudicialmente- la cantidad en cuestión. Las deudas prescriben por el mero transcurso  del tiempo fijado por ley.

Para una gran parte de la sociedad, mantener una deuda impaga en el sistema financiero es un dolor de cabeza permanente  y un gran problema emocional. Aunque la mejor solución para evitar esta situación es pagarlas a tiempo, el no hacerlo,   se origina, en muchos casos, como consecuencia de problemas financieros que escapan a la conclusión  inmediata por parte del deudor.

En nuestro país, la obligación de pago de deudas contraídas entre privados es de un máximo de dos años. Así está establecido en el nuevo Código Civil y Comercial de la nación. De ese modo, se establecen los plazos de caducidad de los cumplimientos de obligaciones monetarias entre consumidores y usuarios. De esa forma, si un acreedor no acciona contra el deudor frente a una deuda contraída por este último, dicha obligación de pago caduca a los dos años. Vencido ese periodo, las acciones legales para la exigencia del pago dejan de tener efecto, sin opción para el acreedor de reclamarla judicialmente.

Sin perjuicio de lo expuesto, a pesar de que en la Ley de Defensa del Consumidor está indicado que una deuda caduca a los tres años, la misma Ley determina que de existir otras leyes generales que instauren plazos distintos, se usará el que sea más favorable al consumidor. Estas normativas son aplicables tanto a contratos como a facturas, deudas con tarjetas de créditos, etcs.

En este trabajo, no podemos dejar de referirnos a las deudas por saldos deudores en cuenta corriente bancaria. Para este tipo de acciones, la prescripción debería ocurrir  a los cinco años, pero si el deudor es una persona física, la vinculación estaría comprendida en un contrato de consumo, y por ende la prescripción acontece a los tres años.

A fin de concluir,  cabe destacar  que si el deudor no pudo pagar en tiempo la  tarjeta de crédito, un préstamo personal , o cualquier otro tipo de deuda bancaria, y ha pasado el lapso, sin que el acreedor promueva acciones judiciales , se debería evitar a refinanciarlas sea personalmente o por medios telefónicos. Ello así, habida cuenta que la refinanciación corta el tiempo de prescripción de la deuda que estaba corriendo a  favor del deudor , y crea un nuevo plazo de tres o dos años- según el caso- , y consecuentemente tiene la dificultad que el deudor  no puedes liberar su firma en forma inmediata por esa refinanciación.

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Lo que deberías saber sobre los accidentes en estadios de futbol

Las lesiones que sufran los consumidores en los estadios de futbol o sus alrededores como consecuencia de lesiones, sea por un piedrazo en un espectáculo deportivo o una avalancha en un recital, deberán ser indemnizadas por la Asociación de Futbol Argentino -AFA-.

La AFA, es una entidad que al coordinar la acción de las entidades que practiquen en los estadios de futbol, y dentro de la amplia funcionalidad que le asigna el “estatuto”, tiene el gobierno de todo lo atinente a los distintos hechos que se desarrollen entre los distintos clubes asociados, y es quien controla todo lo relacionado con la organización y desarrollo de los partidos que integran la fecha de cada campeonato de fútbol, y percibe un porcentaje de la recaudación. Esta organización tiene un estrecho vínculo con los espectadores que asisten a los distintos espectáculos ya que percibe un porcentaje del precio de las entradas que abonen los consumidores.

La ley establece que todo organizador de una función tiene una obligación de seguridad respecto de los espectadores, por lo tanto, será responsable de todos los hechos dañosos que ocurran durante su desarrollo, en función del deber de seguridad que asume sin poder alegar como hecho de terceros para librarse de responsabilidad. Así mismo deberá responder lo que acaece cuando el hecho perjudicial se produce dentro del ámbito espacial y temporal en el que razonablemente se desarrolla la actividad, por lo cual será responsable por los daños cometidos en las inmediaciones del estadio.

Así mismo, la imposición legal de seguridad no termina por la circunstancia de haber contratado los servicios de las fuerzas de seguridad del Estado, porque los incumplimientos que pudieran generarse por esa parte en la relación contractual interna no pueden imputarse a la víctima.

Los asistentes en un evento, dentro de un estadio, son todas las personas que se encuentran en el lugar, más allá de la calidad que revistan de hinchas, de árbitros, de jugadores, de periodistas, de camarógrafos, etc., ya que esto es una garantía del principio constitucional de igualdad estatuido en la Constitución Nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino que organiza, diagrama y  controla las condiciones de los estadios (venta de entradas, designación de árbitros y medidas de seguridad) es beneficiaria económica del espectáculo al percibir un porcentaje sobre la recaudación bruta de los eventos oficiales que organiza y de la televisación de esos encuentros, por lo cual deberá afrontar la responsabilidad por los daños ocasionados al participante del evento.

La Corte Suprema de justicia ha establecida que: ” Resulta razonable establecer expresamente una responsabilidad objetiva y más rigurosa del organizador del espectáculo deportivo, a fin de poner límite al comportamiento de los simpatizantes en los estadios de fútbol, que ha sido muchas veces estimulado por las propias asociaciones, desinteresadas en acudir a las medidas de seguridad imprescindibles para prevenir esta clase de hechos”.

La solidaridad de las responsabilidades ante los accidentes en lo estadio de futbol dependerá de los que participan en el negocio del espectáculo deportivo, asumiendo su control y no necesariamente la entidad con cuyo equipo se realiza el partido.