Historia clínica y mala praxis médica

La historia clínica es el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que consta toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. El paciente, cónyuge, herederos y su representante legal están autorizados para solicitar la Historia Clínica. Frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá el ejercicio de la acción directa de habeas data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquella.

El ejercicio de los derechos del paciente constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector que se trate, asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, información sanitaria y/o interconsulta médica.

El paciente tiene el derecho a la información, a la información sanitaria, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión, en donde se informe su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas. El paciente debe prestar el consentimiento informado, es decir, la declaración de voluntad suficiente efectuada por su persona o la de su representante legal. En consentimiento debe ser por escrito solamente en los casos de internación, intervención quirúrgica, procedimientos de diagnósticos y terapéuticos  invasivos, procedimientos que implican riesgos según la ley.

La relevancia de la idea de la carga dinámica de la prueba, en casos de responsabilidad en el marco de un juicio por mala praxis, guarda estrecha relación con la vital importancia de las historias clínicas que como principio deben contener una descripción exacta de todos los estudios y análisis que se hayan practicado a los distintos pacientes. Es por ello, que la falta de aporte de los datos contenidos en una historia clínica podría implicar una voluntaria ocultación de antecedentes, lo cual favorecería al médico o al establecimiento asistencial, en detrimento de sus pacientes. En efecto, los datos suministrados en la historia clínica deben ser científicamente explicables y empíricamente correctos, por lo que toda deficiencia en la elaboración de la historia clínica, así como su desaparición, no deben perjudicar al paciente, cuya situación de inferioridad ha de ser tutelada.

La historia clínica si es veraz y completa es la fuente de información adecuada para evaluar la calidad de la atención médica brindada al paciente y calificar los actos médicos realizados u omitidos, para establecer la relación de causalidad y eventuales daños sufridos. El no hallazgo de la historia clínica, en las instituciones demandadas, pese a la obligación de guarda dentro del plazo de custodia que prevé la reglamentación, constituye una seria presunción en su contra en la medida en que es corroborante de otros elementos de juicio reveladores de faltas sistemáticas o culpa médica.

Muchas veces en casos de Enfermedad profesional, pese a que las historias de los pacientes no posean carácter oficial, su coincidencia parcial con el informe de los centros de salud oficiales, permite darle verosimilitud no son contradichas seriamente por el informe de la administración demandada.

Ante casos de mala praxis es necesario que solicite inmediatamente el historial clínico, y que se contacte con un Abogado de nuestro estudio para obtener un buen asesoramiento.

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Cláusulas abusivas en las cuotas de medicina prepaga

La justicia ha condenado a Swiss Medical SA, empresa de medicina prepaga, abstenerse de incrementar la cuota a un afiliado por haber cumplido 61 años.

La prestadora  hacía valer una cláusula contractual que la autorizaba  a imponer tarifas  accesorias  por edad, lo cual importa una violación  a los a lo dispuesto en  los arts. 37 y 38 de la Ley 24.240 y  por ello entra en conflicto  con el art. 42 de la Constitución Nacional, en cuanto garantiza a los consumidores el derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, así como el trato equitativo y digno.

La empresa de medicina prepaga que intempestivamente aumentó la cuota del afiliado al cumplir 61 años debe abstenerse de acrecentar  esa  contribución , pues ese proceder  resulta un abuso de derecho  y no existe constancia  fehaciente  que el órgano rector (Superintendencia de Servicios de Salud)  hubiese otorgado tal autorización , máxime cuando se trata de una cláusula indirecta de extinción que frustra la cobertura esperada para la vejez.

El órgano jurisdiccional, resolvió que el aumento establecido de acuerdo a la cláusula contractual que faculta a la empresa a imponer aranceles adicionales por edad resulta abusiva, ya que llevaría a la asociada a pagar o aceptar la extinción del vínculo justamente en el momento que más requiere del servicio médico contratado. Por otro lado consideró que no corresponde hacer lugar al pedido de retrocesión del arancel al importe vigente antes del aumento ya que el mismo puede depender de otros factores independientes del rango etario de la accionante.

Los jueces señalaron , “ Que, ante todo, es apropiado señalar el marco normativo aplicable al caso, la ley 26.682 y su decreto reglamentario N° 1991/11, que establece en su artículo 17 que: “la autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”, y por su parte el artículo 12 establece que “en el caso de las personas mayores de 65 años, la Autoridad de Aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios” y que “a los usuarios mayores de 65 años que tengan una antigüedad mayor a diez años … no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad”.

En definitiva , en coincidencia con el fallo citado , se trataría, , de una cláusula indirecta de extinción, pues importa tanto como forzar al asociado -cuya situación vital lo pone en una condición de particular vulnerabilidad- a pagar el aumento impuesto por la empresa o aceptar la extinción del vínculo -frustrando, de este modo, la cobertura esperada por el consumidor justamente para la vejez-; evidentemente, una cláusula semejante contraría la finalidad del contrato, que “tiene elementos de previsión, de asegurarse contra las contingencias propias de la decadencia humana” (Lorenzetti, Ricardo L., “La empresa médica”, p. 189 -y su cita de nota 75-),

Concluyendo con el tópico, no  se puede perder de vista que se debe optar por la interpretación más favorable para el consumidor o usuario (art. 3 de la ley 24.240); pauta que alcanza tanto a la interpretación de la ley como del contrato (conf. Alterini, Atilio A. y López Cabana, Roberto M., “regulación aplicable a los contratos atípicos”, punto 7, primer párrafo, DJ 1996-2-685), ya que a esta altura de la evolución legislativa, doctrinal y jurisprudencial, no cabe duda acerca de que en materia de interpretación contractual y de acuerdo con lo prescripto por el art. 1198 del Código Civil, debe optarse por privilegiar a la parte más débil (conf. Galdós, Jorge Mario, “El principio favor debilis en materia contractual. Algunas aproximaciones”, punto III -y sus citas-. LL 1997-D-11 2; asimismo, art. 37 de la ley 24.240; asimismo, conf. Sala II, causas 1079/99 del 12/10/99 y 8.125/07 del 3/12/09, entre otras).

Carga dinámica en mala praxis médica

La  aplicación  de la “carga dinámica de la prueba” en materia de responsabilidad civil del médico, sostiene que: “…En toda causa que este cuestionada la responsabilidad médica –léase obligación de medios-, debe probar quién se encuentra en mejores condiciones para ello; es decir el médico...”. En dicha relación, pacíficamente, definida como contractual, la parte débil, la desprotegida, la generalmente carente de medios probatorios,  es la acreedora; el paciente.  Por el contrario, quién está en mejor posición probatoria, la parte fuerte de la relación contractual, es la deudora,  el médico; quién tiene, sin lugar a dudas, a su alcance todos los elementos y conocimientos necesarios para demostrar que actúo dentro de los lineamientos que la “lex artis” impone.
Esto implica un cambio en la conducta procesal de las partes, las cuales deben ir encaminadas a los principios de buena fe, y lealtad procesal, teniendo como fin último, el arribo a la realidad fáctica. Para que en última instancia la sentencia sea la solución “justa” al caso.
Si bien, tradicionalmente se entendía que la carga de la prueba pesaba sobre la parte que afirmaba la existencia de algún hecho controvertido; el otro litigante dejaba satisfecha su posición la sola negativa expresa., por lo cual regía el principio “actor incumbit probatio“.        Se advierte que en los casos de mala praxis se presentan situaciones donde la parte que niega la pretensión jurídica invocada en su contra, tiene a su alcance la prueba,  y la oculta, generalmente, de  mala fe, ante la certidumbre que  pesará en su contra a la hora de resolver.  Esta es la situación que, con frecuencia, se da en los casos de “mala praxis”, donde el profesional médico es reticente en colaborar con el material probatorio. De allí la denominada “prueba diabólica”, o el “secreto de quirófano”.
Esta teoría, “carga dinámica de la prueba”,  se funda en el deber de colaboración, y solidaridad que deben tener las partes para el órgano jurisdiccional, y poner el peso de ella , sobre las espaldas de quién mejor puede hacerlo; en la especie: el profesional médico.  . (La Ley, To.1991-B-Secc. Doctrina, pág. 1035).