Mal diagnóstico médico

El error en términos jurídicos se entiendo como la concepción no acorde con la realidad. Cuando se habla de error de diagnóstico, estamos ante un error culpable, que es aquel en que se incurre como consecuencia de un actuar de forma negligente por no actuarse con la diligencia debida a fin de conocer con precisión las consecuencias o el contexto de la conducta propia. Cuando un profesional de la salud elabora un diagnóstico erróneo, la enfermedad no está siendo atacada por lo que las consecuencias pueden ser graves ya que impedirá tratar eficientemente al enfermo. Sin embargo, muchas veces se dan casos en los cuales el médico diagnostica correctamente pero aconseja el tratamiento equivocado para combatir la enfermedad que padece el paciente. Ambas situaciones son susceptibles de configurar la culpa médica.

Los médicos deben practicar las pruebas oportunas para el conocimiento de la enfermedad. No obstante, existen casos en que las pruebas son omitidas o valoradas de forma deficiente. Por lo cual, existirá la negligencia médica cuando no se emplean los medios adecuados de diagnóstico, cuando el diagnóstico no sea el correcto o cuando se prescriben medicamentos de forma inadecuada.

Los establecimientos de salud, como los médicos, son responsables por el inexcusable error de diagnóstico derivado de la grave omisión de las reglas del arte al cuando no se realice a un paciente los exámenes necesarios para descartar la patología. Esta responsabilidad profesional se fundamenta en  el art. 1749  que dispone “Es responsable directo quien incumple una obligación u ocasiona un daño injustificado por acción u omisión.” Para poder averiguar respecto de la imputada mala, o deficiente, prestación de servicios médicos es necesario determinar si existió culpa o negligencia mediante la comparación entre la conducta obrada y la que era esperable en un profesional diligente, prudente ser considerada como “modelo” de una conducta normal. Por lo que para evaluar la responsabilidad médica en un error de diagnóstico, es necesario examinar las circunstancias, los conocimientos y las aptitudes del médico, así como si otro profesional de la misma especialidad, conforme al consenso científico y los protocolos del momento, hubiera observado o no los síntomas. Entonces, en primer lugar se sebe analizar las circunstancias del caso concreto en relación con los conocimientos y aptitudes del médico. En segundo lugar, hay que conocer el protocolo de actuación llevado a cabo dentro de la asistencia, para valorar si el médico ha actuado diligentemente y en consonancia con el modo de proceder que observaría otro profesional diligente de esa misma especialidad o en esa misma situación, conforme al denominado consenso científico, es decir, que haya cumplido los elementales deberes médicos correspondientes a su cargo y especialidad, tratando de evitar cualquier comportamiento erróneo o, que pudiera causar un resultado lesivo o mortal. Esto quiere decir que, si el error cometido era evitable, el error será sancionable.

Así mismo, la responsabilidad sera compartida con el establecimiento asistencial, ya que este asume una obligación de seguridad ante los pacientes que concurren a él, en función al deber de seguridad que establece la ley, que dispone que no sufrirán daños por la deficiente prestación médico asistencial.

En caso de un mal diagnostico o error de tratamiento, el damnificado o sus familiares pueden reclamar los daños y perjuicios ocasionados en sede judicial.

Anuncios

Fertilización asistida

La fertilización asistida es el conjunto de procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para lograr un embarazo, facilitando o sustituyendo el proceso natural.

La ley Nacional N° 26.862 garantiza el acceso integral de todas las personas a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción humana asistida.  Esta ley tiene por finalidad garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción médicamente asistida para la obtención de embarazos. Esta ley no se centra en la noción de infertilidad sino en el derecho de acceso a las técnicas de reproducción humana asistida para alcanzar el embarazo ya que el derecho humano comprometido es el derecho a la vida familiar. La ley consagra por encima de la condición de pareja la entidad “persona”, sin distinción de orientación sexual ni estado civil, para acceder a la cobertura integral del tratamiento médico asistencial de fertilización para lograr el embarazo.  La normativa establece que “Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento informado. El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer“.

La autoridad de aplicación de dicha normativa es el Ministerio de Salud de la Nación, quien podrá incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico-científicos. Así mismo, existe un registro único en el que deben estar inscriptos todos aquellos establecimientos sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida. El ministerio de salud de la nación  deberá arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los beneficiarios a las prácticas normadas por la presente;  publicar la lista de centros de referencia públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas; Efectuar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y varones; y propiciar la formación y capacitación continua de recursos humanos especializados en los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida.

Con respecto la cobertura, la norma establece que: “El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios. También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro. Una obra social debe cubrir íntegramente el tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad con ovodonación, toda vez que la demandada se encuentra obligada a brindar la cobertura peticionada por la amparista conforme lo dispuesto por la Ley Nacional de Reproducción Medicamente Asistida 26.862 reglamentada por el Decreto 956/2013, la cual garantiza el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción medicamente asistida.

Así mismo, recientemente en las relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires se incorporó la Licencia por procedimientos o técnicas de fertilización asistida, por lo cual los trabajadores que requieran la utilización de técnicas o procedimientos de reproducción humana médicamente asistida, podrá gozar por año calendario de hasta treinta (30) días de licencia con goce íntegro de haberes, por los días continuos o discontinuos que certifique el médico actuante.

En caso que la prepaga u obra social niegue el acceso a un tratamiento de fertilización medicamente asistida habilita la acción expedita de amparo a los fines de que se arbitre lo conducente para que sea íntegramente cumplimentada la cobertura del tratamiento, en función que la ley dispone: “son objetivos de la presente garantizar el mayor nivel de tratamiento médico asistencial integral dentro del ámbito de las parejas que padezcan esta patología, para la procreación de un hijo biológico”.

 

 

Acompañante terapéutico en Salud Mental

Los acompañantes terapéuticos tienen una gran importancia en el campo de los tratamientos de salud mental, ya que resultan una herramienta útil para abordar las patologías como la dislexia, psicosis, autismo,  mutismo selectivo, demencias, esquizofrenias, adicciones, etcétera.

La ley al establecer la figura del acompañante terapéutico lo que busca es prevenir el daño inminente o una amenaza cierta de daño concreto (art. 43 de la Constitución Nacional). No se debe confundir con la mera acción preventiva de un daño eventual o conjetural.

Las prestadoras médicas deberán efectuar, con la intervención necesaria de un equipo interdisciplinario -a través de acciones de evaluación y orientación-, un adecuado seguimiento y control de la enfermedad de los menores con problemas de salud mental y su evolución, y llegado el caso, orientarlo invariablemente hacia un servicio que contemple su superación.

Asi mismo, la ley 25.241 establece el programa de asistencia primaria de salud mental, que establece el acompañante terapéutico como un derecho que debe garantizarse a los pacientes. Esto significa que la obra social brindar cobertura del 100 % del acompañante terapéutico escolar a un niño con discapacidad. En su Anexo I se refiere al acompañante terapéutico, quien interviene acompañando, cuidando, estimulando e integrando socialmente a los pacientes. Esta prestación está concebida para desarrollar acciones que auxilien y complementen el tratamiento que el afectado recibe por parte del profesional. El fin de esta figura es acompañar un tratamiento sin aislar al paciente dé su entorno familiar y social.

La reglamentación interna de las Obra Sociales, no puede ser utilizadas como argumento válido para modificar el cumplimiento de la ley, más aún teniendo en cuenta la importancia que tiene para el tratamiento de rehabilitación de un niño con discapacidad. Tampoco las obras sociales pueden desatender cuando el médico a cargo del tratamiento recomendó que el paciente cuente con “acompañante terapéutico”.

Así mismo, el Estado Argentino ha incorporado a nuestra constitución los tratados internacionales que aseguran a todos los hombres le derecho a la preservación de la salud (art. XI, DADDH; art. 25, DUDH; art. 75:22, Const. Nac.).  La Constitución Nacional (art. 75 inc 23) y los Tratados Internaciones de Derechos Humanos con jerarquía constitucional establecidos en el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna otorgan sustento normativo a los derechos de las personas con problemas en su salud mental.  Nuestro país ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados internacionales, entre otros, a la Convención sobre los Derechos del Niño que establece la obligación de los Estados partes de alentar y asegurar a los menores con impedimentos físicos o mentales el acceso efectivo a los servicios sanitarios, de rehabilitación, de educación, oportunidad de esparcimiento, para que el niño logre la integración social, desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible, para lo cual debe tenerse en cuenta la legislación nacional, la situación de cada infante y de las personas responsables de su mantenimiento (CIDN arts. 23, 24 y 26), y la ley 26.061 en su art. 15, desarrolla el derecho a la educación, señalando que los niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su condición.

Por lo tanto, la falta de inclusión de la prestación requeridas por un enfermo mental en la obra social, en principio, NO es una excusa suficiente para no brindar la cobertura. De lo contrario se podría llegar al absurdo de que quien padece de una discapacidad y no tiene ninguna obra social tendrá una cobertura como la requerida por parte del Estado Provincial y/o Nacional, y quienes sí la tiene una obra social no puedan acceder a las mismas prestaciones. La justicia debe buscar la integralidad en el cumplimiento de la prestación asistencial, que indica que la prestación debe ser ejecutada del modo más eficaz e idóneo para satisfacer las condiciones mínimas acordes con las necesidades del discapacitado.

El acompañante terapéutico es un dispositivo indicado para la atención de afiliados con patologías que abarca la salud mental, que por las características de sus diagnósticos requieren asistencia permanente, y está concebido para desarrollar acciones que auxilien a los profesionales en la tarea de promoción, asistencia y rehabilitación, tanto individual como familiar, tendientes a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su inserción social y laboral ayudando a desarrollar en el mismo conductas participativas.

Si la obra social niega la cobertura, será necesario poner un profesional del derecho para exigir el cumplimiento efectivo de la prestación medica mediante la justicia.

T: #Acompañante #Terapéutico #acompañamientoterapeutico

Amparo ante negativa de cobertura en la obesidad mórbida

La obesidad mórbida, es el término utilizado para la patología en una persona que presenta un sobrepeso del 40 al 100 por ciento por encima del peso corporal ideal. Cuando una persona padece de obesidad mórbida tiene un riesgo mayor para la salud relacionado al exceso de peso, por lo cual  la Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como un problema grave de salud y la define como  una acumulación anormal o excesiva de grasa.

Este tipo de padecimiento genera varios trastornos, ya que el incremento de grasa abajo del diafragma y en la pared torácica puede ejercer presión en los pulmones, ocasionando dificultad en la respiración y momentos de ahogo, siquiera sin realizar esfuerzo físico. La dificultad al respirar puede entrometerse  gravemente en el sueño generando trastornos como la apnea del sueño, lo que origina somnolencia durante el día entre otras complicaciones. También la obesidad mórbida puede causar varios problemas ortopédicos,  trastornos cutáneos ,tumefacción de los pies y los tobillos, diabetes, hipertensión arterial, síndrome depresivo e imposibilidad de moverse.

Cuando existe un riesgo en la salud del enfermo es necesario que se disponga la internación en un centro asistencial de atención, en el que puedan estabilizar las condiciones de salud suministrándole los tratamientos, la mediación y alimentación adecuada y necesaria a su patología.

Así mismo, cuando se ha realizado numerosos tratamientos (multidisciplinarios) para descender de peso sin conseguir resultados, o no logrando mantener el peso padeciendo otras enfermedades derivadas de la obesidad las cuales exigen tratamiento y medicación (por ejemplo: diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, etc.), el profesional de la salud puede prescribir la  “cirugía bariátrica”, la cual es el procedimiento quirúrgico para tratar la obesidad con el fin de lograr la disminución de la masa corporal.  Las obran sociales deben arbitrar los medios necesarios para brindar cobertura inmediata e integral de la cirugía bariátrica vía laparoscópica de  quien padece obesidad mórbida.

Cuando la conducta de la prestadora medica constituya en una verdadera barrera para la efectiva tutela de los derechos involucrados, colocando al damnificado  en la irresolución de saber si podrá realizarse la cirugía o no, de manera que no brindar una respuesta jurisdiccional favorable, oportuna y eficaz implicaría violentar los derechos constitucionales en detrimento de la salud, siendo que el derecho a la salud tiene rango constitucional por lo tanto, su privación o restricción manifiestamente ilegítima abre la vía del amparo.

Así mismo, los tratados internacionales sobre derechos humanos comprometen al Estado argentino a adoptar las medidas sanitarias y sociales relativas a la asistencia medica. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, expresa que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas –entre otros aspectos– a asistencia médica. En ese lineamiento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure – entre otros beneficios– la salud, el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, entre las medidas que deben adoptar los Estados partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, enuncia la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

Cobertura total por diabetes insulinodependientes

El tratamiento por diabetes insulinodependientes debe ser cubierto de forma gratuita e interrumpida la provisión, con una cobertura completa, para los medicamentos e insumos y reactivos para control de glucemia.

La diabetes es una enfermedad que aparece cuando los niveles de glucosa de la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, están muy altos. La normativa aplicable a la enfermedad Diabetes, en argentina, aborda el tema de manera abarcativa   y platea una cobertura amplia en lo social, laboral y educativa, además de médica y farmacológica. Cuando se exige cobertura por la enfermedad de diabetes, las obras sociales deben reforzar los recaudos a fin de dar un efectivo cumplimiento para la atención de la persona enferma de diabetes, en función que existe una relación de una confianza especial, por la prestación de un servicio de salud.

La cobertura de los medicamentos y reactivos de diagnóstico para autocontrol de los pacientes con diabetes, se fija al 100% (ciento por ciento) y en las cantidades necesarias según prescripción médica. La ley 26914 establece que la autoridad de aplicación establecerá normas de provisión de medicamentos e insumos, las que deberán ser revisadas y actualizadas como mínimo cada dos (2) años, a fin de poder incluir en la cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos, para una mejor calidad de vida de los pacientes diabéticos.

Ante la enfermedad de diabetes insulino dependiente, existiendo una cuestión de derecho a la preservación de la salud, el cual incluye el derecho a la vida, y la garantía constitucional de protección integral de la seguridad sociales, las obras sociales en conflicto con la cobertura total del tratamiento prescripto, tienen la obligación de dar una respuesta rápida,  caso contrario podría acarrear consecuencias negativas que pueden interferir en le suspensión o interrupción de dicho tratamiento, por lo que será responsable de efectivizar el incumplimiento como también de los daños y perjuicios que se ocasionen.

Cuando la naturaleza de la patología que sufre el enfermo padece de diabetes tipo labil -insulinodependiente-, justifica la toma de medidas rápidas y efectivas en favor a asegurar la efectiva admisión de una atención medica adecuada, como por ejemplo seria en brindar una bomba de infusión continua de insulina en el marco del tratamiento indicado.

El amparo resulta la vía idónea para el reclamo de la cobertura del 100% de medicamentos e insumos requeridos por una portadora de diabetes insulina dependiente, pues se debe evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de garantías constitucionales que hacen a la protección del derecho a la salud desde el significado del régimen de seguridad social.

 

Amparo ante la contaminación del suelo en Argentina

La contaminación del suelo es producida por los productores agropecuarios que fumigan sin respetar las normas reglamentarias aplicables a la materia.

El uso ilegítimo de productos en cantidades superiores a las recomendadas o de agroquímicos prohibidos,  o fumigar cuando el viento supera la velocidad indicada por la autoridad, o  no dar aviso al vecino, o sin la presencia de un ingeniero agrónomo; puede provocar grandes problemas de salud a los habitantes a la comunidad y generar contaminación de los recursos naturales del lugar. Cuando los lotes a tratar con plaguicidas, o en sus cercanías, hubiera viviendas, cursos de agua, embalses utilizados como fuentes de abastecimiento de agua o abrevaderos de ganados, explotaciones apícolas, el asesor técnico de la empresa y los fumigadores deberán extremar las precauciones para evitar que el producto utilizado en las fumigaciones tome contacto con los lugares antes descriptos y que su aplicación no afecte al medio ambiente.

En la aplicación de plaguicidas en inmuebles en cuyas proximidades existieran casas, cursos de agua o laguna, existe el deber de extremar las medidas de seguridad. La negligencia en el cumplimiento de las obligaciones responsabilizara  a los aplicadores de las sustancias, teniendo la obligación de reparar los daños que ocasionen por  deficiente aplicación o deriva, (vinculadas a la velocidad del viento y su dirección, para evitar la derivación del producto). Las víctimas de la contaminación  por agrotóxicos presentan diversos problemas de salud, como por ejemplo, problemas respiratorios, fiebre, mal estado general, afectación del habla, de la vista,  y casos de internación. Al existir daño como consecuencia de fumigación por agrotóxicos resulta inminente la prevención de futuros daños en el suelo, al aire y al agua.

La vía judicial más expeditiva y rápida para lograr una solución que frene e impida los daños es el amparo ambiental, el cual tiene su base en nuestra Constitución Nacional.  Esta acción tiene plazos más cortos y abreviados por lo cual se hace lugar a la medida cautelar solicitada para evitar provocar más perjuicios o que los mismos se agraven. Se debe exigir que se ordene el cese de la fumigación terrestre o aérea con agroquímicos, cuando la misma se efectúa sin respetar los parámetros reglamentarios, para evitar la afectación de la salud de terceros.

Es necesario contar con medios de prueba que posibiliten ejercer la vía del amparo ya que quien intenta la acción debe probar la ilegitimidad o arbitrariedad del acto u omisión y el daño cierto, actual o inminente.  Las certificaciones médicas, en principio, serán un elemento esencial suficiente para poder acreditar que el hecho denunciado puede causar un perjuicio a la salud o al medio ambiente. Otro elemento importante de prueba serán los informes de impacto ambiental que comprueben los problemas de contaminación. Estos medios pueden servir de sustento para suspender la aplicación. En caso que existan pruebas en las que algún recurso natural de carácter interjurisdiccional se podría ver afectado, pudiendo delimitar los suelos que estarían eventualmente contaminados, daría lugar a la intervención de la vía per saltum por gravedad ambiental. La apelación por salto de la instancia es un recurso extraordinario que habilita ir directamente a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, con el objeto de evitar daños de imposible o insuficiente reparación posterior.

Conforme a lo expuesto, para concluir, se podría decir que el derecho de amparo ambiental es cautelar- Esto significa que es un derecho para prevenir o frenar la actividad riesgosa (o que ésta avance)  en perjuicio del ambiente y de la salud de la población. Con esta acción, nace una obligación para la justicia de brindar una respuesta rápida y suficiente para evitar el daño.

 

 

Amparo por falta de cobertura médica

El derecho a la preservación de la salud del paciente está comprendido dentro del derecho a la vida, por lo cual no puede ser objeto de análisis restrictivos para quitar o limitar la cobertura en los casos de urgencia.

Los servicios médico-asistenciales brindados por las empresas de salud son considerados como servicios públicos de asistencia social, esto quiere decir que, confiere a los institutos de obra social el cumplimiento de finalidades de interés público y social, tienen por finalidad mantener o mejorar el buen estado sanitario, en tanto en lo que se refiere a la sanidad preventiva como la medicina curativa. Estas organizaciones privadas, de salud prepaga, son personas jurídicas que requieren una delegación por parte del Estado de un servicio público, esencial, de sanidad.

Al existir un contrato entre el usuario y empresa, el cual es de oferta abierta y pública, las obligaciones y responsabilidad que surjan están bajo la protección de la Ley de Defensa al Consumidor y sus modificaciones, por lo tanto la interpretación contractual debe hacerse de conformidad con los principios del derecho del consumidor: trato digno y no discriminatorio, buena fe, información adecuada y veraz y ante caso de duda la interpretación será la más favorable al consumidor.

La obligación que se encuentra asegurada por el contrato de prestación de medicina prepaga, comprende desplegar los diferentes medios con el objeto de lograr el restablecimiento de la salud del paciente de la mejor forma posible. Esto implica que la cobertura no se limitara a la provisión de fármacos o elementos para revertir un cuadro clínico, sino que deberá ajustarse a cada caso particular sea por la continuación de determinados médicos tratantes, tratamiento requerido o tratamiento domiciliario, medicamentos, traslado de clínica, transporte especial, rehabilitación, reintegro, acompañante terapéutico, etc. Ante estos casos ocurre la baja del servicio ofrecido bajo el argumento de ocultar y falsear datos en la solicitud, lo cual resulta improcedente si el usuario desconocía su dolencia o patología en el momento de su ingreso.

El ordenamiento legal vigente expresa que toda persona tiene el deber de prevención del daño, en cuanto depende de ella, de evitar causar un daño no justificado, tomas las medidas razonables para evitar o disminuir el daño y no agravarlo. Si existe la posibilidad de que una acción u omisión antijurídica produzca un daño (o continuación, agravamiento), quienes acrediten un interés razonable en la prevención, estarán legitimados para promover la acción preventiva. La sentencia que admita la acción preventiva deberá disponer, en forma definitiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o no hacer y los medios necesarios para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad. En estos casos se utiliza la aplicación de astreintes, multas que aplica la justicia, estableciendo un monto en dinero por cada día de retardo en el cumplimiento.

Ante un cuadro en el cual exista peligro en la demora, la empresa de medicina prepaga no puede desatender las necesidades de su afiliado,  será necesario poner un profesional del derecho para que obtenga la cobertura mediante la justicia con el fin de obtener la cobertura íntegra.