¿Reajuste o reparación histórica?

Algunos de nuestros clientes, nos han comentado ( por boca de sus parientes “jubilados” que la tan mencionada “reparación histórica” a los jubilados no es tal.

Los comentarios ( de los jubilados) es que la propuesta que hace el gobierno para aquellos  que iniciaron los juicios es pagar una parte de lo que se les debe y que después nunca más van a poder reclamar el resto del dinero que les corresponde. Y a los que no hicieron ninguna acción legal les ofrece un aumento con un monto acordado por el propio gobierno

La realidad es notoriamente distinta, ya que  hubo casos más que llamativos, en los cuales los incrementos fueron ínfimos: hay 40 mil casos relevados en los cuales el incremento tras el anuncio fue de menos de 50 pesos.

Por lo demás, los jubilados son objeto de una segunda estafa, ya que deben dar prueba de vida comprando en farmacias y supermercados todos los meses con su tarjeta de débito.-

Cabe recordar  que la ANSES estableció un procedimiento general para implementar el “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, que detalla cómo se abonarán el pago de sentencias y la actualización de haberes. Así fue dispuesto a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Teniendo en cuenta que el mencionado “ programa de Reparación Histórica”, NO ha sido útil para  resolver el endeudamiento crónico con los jubilados proveniente de la incorrecta aplicación de la movilidad en los haberes,  debería motivar  a muchos beneficiarios a la posibilidad de obtener un reajuste mayor por medio de una sentencia judicial, y por tanto la mejor solución radicaría en  iniciar juicios al organismo(ANSES) .

Esto se origina que, cuando al jubilado ANSeS le dice lo que le ofrece, aquel debería estudiar la posibilidad  de iniciar juicio.-  

A modo ilustrativo, se puede señalar que el expediente en un juicio se demora entre seis y nueve meses en la etapa del procedimiento administrativo, entre un año y año y medio en primera instancia en la Justicia, de dos años y medio a tres en la Cámara Federal de Seguridad Social y 120 días hábiles para que ANSeS pague la sentencia.

Una de las diferencias que puede arrojar a favor la sentencia es la retroactividad, ya que ANSES ofrece pagar 48 meses desde que se notificó la demanda y no reconoce la fecha de inicio del procedimiento administrativo del expediente, unos cuatro años de pago. La otra diferencia es que el programa reajusta los haberes por índices (que arrojan actualizaciones inferiores a los fallos Badaro y Elliff (ISBIC). Y no cuestiona los topes establecidos por la ley 24.241.

A fin de culminar con el tópico, aquellos que no han iniciado acciones judiciales, tiene la posibilidad de hacerlo.

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Recursos administrativos

Los Recursos Administrativos resultan un remedio a la legal actuación de la administración, se atacan solamente actos administrativos y se defienden derechos subjetivos o intereses legítimos. Son medios legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los particulares para lograr, que la Administración rectifique/modifique su proceder. Son la garantía del particular para una efectiva protección de su situación jurídica. La Administración puede ratificar, revocar o reformar el acto. La resolución que lo resuelve es un acto administrativo que puede a su vez ser impugnado hasta agotar los recursos en vía administrativa para habilitar después las acciones judiciales pertinentes.

Los Recursos Administrativos se interponen y resuelven ante la misma Administración, por lo que esta se convierte así en Juez y parte de los mismos. De ahí que la garantía que se pretende asegurar ofreciendo mediante la interposición de recursos una posibilidad de reacción contra las resoluciones administrativas se vea limitada por el hecho de ser la propia Administración la que ha de resolver el litigio planteado y que deriva de un acto suyo.

Y de ahí que en muchas ocasiones, tras la resolución administrativa, haya que acudir a otras instancias (la vía judicial) para la última consideración y sentencia sobre el asunto en cuestión.

Reconsideración

Se interpone ante la misma autoridad que lo emitió, por quienes aleguen derecho subjetivo o interés legítimo. Plazo: diez días hábiles a partir del día siguiente de la notificación. Cuestiona la legitimidad u oportunidad del acto administrativo. Es de carácter optativo. No es requisito previo al jerárquico ni requisito preliminar a la acción procesal administrativa. Procede contra “actos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado” y contra actos interlocutorios o de mero trámite, cuando éstos lesionen un derecho subjetivo o interés legítimo. No es procedente contra actos o medidas preparatorias ni contra hechos administrativos, ni contra el silencio administrativo. La autoridad debe resolverlo durante los treinta días hábiles posteriores a la interposición. La denegación tácita se produce al vencimiento del término de los treinta días sin que se haya expedido la Administración. En ese caso, debe pedirse que las actuaciones se eleven al órgano inmediato superior, dentro de los cinco días (En general, lleva implícito el jerárquico en subsidio). Si la reconsideración es desestimada, produce la confirmación del acto recurrido. Si la resolución es favorable al administrado, se modificará el acto impugnado, revocándolo o sustituyéndolo.

Jerárquico

Medio jurídico para impugnar el acto administrativo ante un superior jerárquico del órgano que emitió el acto. (Arts. 89 a 93 del RLNPA), pudiendo interponerse sin previa reconsideración, por quienes leguen un derecho sujetivo o interés legítimo. Se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto impugnado y se eleva dentro del término de cinco días y de oficio al Ministerio que corresponda. Procede contra actos definitivos, por motivos de ilegitimidad e inoportunidad, emitidos por los órganos de la administración, incluso desconcentrados. Plazo para interponerlo: quince días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente al de la notificación del acto impugnado. Si previamente se dedujo el de reconsideración, no es necesario interponerlo pues contiene de pleno derecho el jerárquico en subsidio. Se eleva a petición de parte o de oficio. Es obligatorio el dictamen de los órganos de consulta. El plazo que tiene la administración para resolverlo es 30 días. La denegación tácita se produce por el solo transcurso del plazo para resolver, sin que el interesado solicite pronto despacho. La voluntad denegatoria de la Administración, sea tácita o expresa, abre la vía judicial. Pero los plazos son diferentes según una u otra opción.

de Alzada

Contra actos de entidades descentralizadas, entidades autárquicas o empresas del Estado, en función del ejercicio por parte del Estado (Administración Central) de la tutela sobre dichos entes. Es procedente contra actos definitivos o asimilables de entidades autárquicas, etc.
Se interpone dentro del plazo de quince días hábiles administrativos a partir del día siguiente a la notificación, ante el mismo ente descentralizado, y éste lo elevará al Ministerio pertinente.
El interesado tiene la posibilidad de opción entre la vía administrativa del recurso de alzado y la acción judicial directa. No es obligatorio el recurso de alzada como instancia previa a la acción judicial. Si el particular elige la vía administrativa, no pierde la judicial. Si opta por la judicial, pierde la administrativa. Elegida la vía administrativa, el administrado puede desistirla para promover la acción judicial o esperar la decisión definitiva que recaiga sobre el recurso de alzada.

Revisión

El recurso se presenta cuando los actos: Resultaren contradicciones en la parte dispositiva, aún cuando no se haya pedido su aclaración; después de emitido el acto se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de tercero; Hubiere sido dictado basándose en documentos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiera declarado luego de emanado el acto; Hubiese sido emitido mediando cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada. El término para interponer el recurso es de diez días (cuando resultan contradicciones en la parte dispositiva) y de treinta días (en los demás casos) Pueden interponerlo quienes posean n derecho subjetivo o interés legítimo. Se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto, y éste resuelve. El acto debe ser definitivo y firme. Con respecto a la denegatoria tácita se aplican las normas del recurso de reconsideración o jerárquico en su caso.

Aclaratoria

Se interpone cuando existe contradicción en su parte dispositiva o entre su motivación y la dispositiva, a fin de que se corrijan errores materiales, se subsanen omisiones, se aclaren conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial. Se presenta ante el mismo órgano que emitió el acto. El plazo para su presentación es de cinco diaz. En mismo plazo debe resolverse. Procede de oficio como a solicitud de parte. Por lo contrario, no procede cuando el acto por imprecisión, oscuridad, omisión o error, es nulo o inexistente, pues en tales supuestos la petición debe ser recursiva, solicitando no la enmienda sino la extinción del acto.