Lo que deberías saber sobre los pagarés.

La justicia sentencia que la sola firma del pagaré, en las relaciones de consumo, no constituye el resultado de ninguna negociación previa, sino una condición impuesta por el proveedor como forma de obtener una vía de cobro expedita del crédito, a costa de limitar derechos irrenunciables del consumidor, lo que configura una situación de abuso de derecho.

Distintos pronunciamientos, tanto en la justicia nacional como en la provincial, han desestimado la ejecución directa de los pagarés.

Los magistrados, han entendido que cuando se advierte que bajo el título que se pretende ejecutar, como es el caso de un pagaré, se encuentra latente una relación de consumo, y por tanto han declarado la inhabilidad del cartular ya que de lo contrario, si se tolerara la habilidad de éste, implicaría un abandono, al deber de velar por el cumplimiento de las normas de orden público contenidas en la legislación de fondo.

De conformidad con la expuesto, no se puede dejar de lado la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional Comercial, en los casos de ejecución de títulos cambiarios en donde se encuentren involucrados derechos de consumidores, donde resulta posible inferir, a partir de la calidad de las partes y demás elementos existentes en las actuaciones, que el vínculo que subyace encuadra en una operación de crédito para el consumo.

Los fallos examinados, puntualizan que los ejecutantes, son encuadrados como proveedores,, mientras que el ejecutado es una persona humana con las características que la LDC requiere para calificarlo consumidor o usuario.

Esas circunstancias personales de las partes imponen alardear, que el título que se intenta ejecutar tuvo su causa de emisión en un acto de financiamiento concedido por un proveedor profesional a un consumidor, destinado a que este último adquiera bienes o contrate servicios para beneficio propio o de su grupo familiar o social.

En la ley de defensa del consumidor, existen requisitos de información en la instrumentación del crédito para el consumo, que no deben soslayarse bajo pena de nulidad.

Por ende, cualquier mecanismo utilizado para burlar lo normado imperativamente por el texto legal debe ser sancionado sin más con la invalidez.

A fin de concluir, los juzgadores han señalado que los títulos valores fueron creados por comerciantes y para comerciantes, a fin de facilitar el tráfico mercantil y no para reducir las vías de defensa a los no comerciantes, es decir, a los consumidores. Y no existe duda a esta altura que el Derecho del Consumidor ha desplazado –y con relevancia constitucional al derecho comercial en las operaciones de la vida diaria. Ergo, para evitar el fraude a la ley de Defensa del Consumidor, los sentenciadores, han determinado – en numerosos casos- la nulidad de la ejecución directa de un pagaré.

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Abuso de intereses

En muchas ocasiones, para una persona solicitar un préstamo o comprar con tarjeta de crédito puede ser de gran ayuda, pero es importante prestar una debida atención ante posibles situaciones de abuso que se puede llegar a padecer.

Es importante saber a qué se debe prestar atención: cuando se requiere un crédito, qué derechos se encuentran protegidos y que hacer en caso de ser víctima de un préstamo usurario o de padecer abusos en tus derechos como consumidor/a..

Cabe poner de resalto que toda persona que solicita un crédito de dinero en efectivo se convierte en un consumidor financiero. Todo consumidor financiero acepta ciertos compromisos y obligaciones, pero también tiene derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa al Consumidor.

La citada norma fue elaborada, teniendo en mira que las y los consumidores no poseen la capacidad económica ni la misma posibilidad de acceder al asesoramiento y al conocimiento técnico sobre finanzas que tienen las entidades que ofrecen créditos para el consumo.

Es dable poner el acento, que esos créditos para el consumo, se conceden a través de los unos contratos llamados de adhesión. Estos tienen la particularidad por estar íntegramente redactados por los proveedores de los préstamos. La persona que toma el crédito sólo tiene la posibilidad de decidir si lo acepta e o no, sin poder cambiar ni discutir las cláusulas del contrato.

La Ley de Defensa al Consumidor establece obligaciones que las entidades financieras que otorgan créditos para el consumo deben respetar: Veamos :

Cuando se otorgan los créditos: se debe dar toda la toda la información necesaria para conocer las características esenciales de lo que ofrecen, como por ejemplo: la forma y modalidad de pago, todos los intereses y gastos vinculados al préstamo, así como las condiciones contratación.-

No pueden existir cláusulas abusivas que restrinjan los derechos

Una buena para los consumidores

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, las deudas prescriben a los dos años. Cabe poner de resalto, que esta legislación se encuentre vigente desde Agosto del año 2015.

Esto es una buena noticia para los consumidores. El espíritu de esta normativa para propiciar estas modificaciones  no son para dispensar  a deudores sino para que los consumidores tengan derecho a organizar  su vida económica.

Cabe recordar, que antes (de Agosto de 2015)  frente a una deuda  si el acreedor no promovía juicio  contra el deudor, la misma vencía a los cinco años. Después de ese período, el acreedor no podía iniciar  la acción judicial  para exigir el pago. En otras palabras, el deudor NO  podía ser perseguido en sede judicial.

Con la nueva normativa (Código Civil y Comercial)  establece nuevos plazos de cumplimiento  de obligaciones entre proveedores y consumidores . , ya que  el plazo se redujo  a favor de los consumidores, a los dos años.

De lo expuesto, se desprende  que  no se pueden reclamar judicialmente deudas atrasadas por fuera de este período . Este plazo contempla las facturas, pagos anuales o mensuales, contratos, abonos o cuotas.

El fundamento que sustenta , es que la Ley de Defensa del Consumidor fija que si existen otras leyes que instauren plazos distintos se usará el más favorable al consumidor. El artículo 50 de esta norma dice: “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de esta ley prescribirán a los tres años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido, se usará el más favorable al consumidor”.

Se explica en doctrina que la modificación de los plazos surgió porque muchas empresas usaban el desconocimiento legal de la gente para jugar con ella. Sin embargo, se ha podido avanzar bastante al respecto y ahora el usuario está más amparado.

De lo antedicho, se puede sostener  que No puede venir alguien que diga que un  usuario consumidor  mantenga una deuda desde  hace años un servicio o impuesto  del que ya ni sabe que existe. Recordemos que muchas empresas les venden a estudios jurídicos deudas pendientes. Esto de mucha utilidad  para ponerle un freno a tales mecanismos.

Por lo demás, desde hace tiempo, la Ley de Defensa del Consumidor les exige a las empresas que informen mensualmente si los usuarios tienen una deuda o algún consumo o boleta impaga. De este modo, en cada una de las facturas debería estar incluida una leyenda en la que aparezca detallado este aspecto. Así, teniendo la última factura en mano indicando el libre de deuda no sería necesario tener que guardar las anteriores para atestiguar si existen obligaciones atrasadas con las empresas.  El artículo 30 bis de esta ley expresa que “las constancias que las empresas prestatarias de servicios entreguen a sus usuarios para el cobro de los servicios deberán expresar si existen períodos u otras deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e intereses si correspondiera, todo ello escrito en forma clara. En caso de que no existan deudas pendientes se expresará: no existen deudas pendientes.