Lo que deberías saber sobre los pagarés.

La justicia sentencia que la sola firma del pagaré, en las relaciones de consumo, no constituye el resultado de ninguna negociación previa, sino una condición impuesta por el proveedor como forma de obtener una vía de cobro expedita del crédito, a costa de limitar derechos irrenunciables del consumidor, lo que configura una situación de abuso de derecho
Distintos pronunciamientos, tanto en la justicia nacional como en la provincial, han desestimado la ejecución directa de los pagarés.-
Los magistrados, han entendido que cuando se advierte que bajo el título que se pretende ejecutar, como es el caso de un pagaré, se encuentra latente una relación de consumo, y por tanto han declarado la inhabilidad del cartular ya que de lo contrario, si se tolerara la habilidad de éste, implicaría un abandono, al deber de velar por el cumplimiento de las normas de orden público contenidas en la legislación de fondo.-
De conformidad con la expuesto, no se puede dejar de lado la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional Comercial, en los casos de ejecución de títulos cambiarios en donde se encuentren involucrados derechos de consumidores, donde resulta posible inferir, a partir de la calidad de las partes y demás elementos existentes en las actuaciones, que el vínculo que subyace encuadra en una operación de crédito para el consumo.
Los fallos examinados, puntualizan que los ejecutantes, son encuadrados como proveedores,, mientras que el ejecutado es una persona humana con las características que la LDC requiere para calificarlo consumidor o usuario.
Esas circunstancias personales de las partes imponen alardear, que el título que se intenta ejecutar tuvo su causa de emisión en un acto de financiamiento concedido por un proveedor profesional a un consumidor, destinado a que este último adquiera bienes o contrate servicios para beneficio propio o de su grupo familiar o social.
En la ley de defensa del consumidor, existen requisitos de información en la instrumentación del crédito para el consumo, que no deben soslayarse bajo pena de nulidad.-
Por ende, cualquier mecanismo utilizado para burlar lo normado imperativamente por el texto legal debe ser sancionado sin más con la invalidez.
A fin de concluir, los juzgadores han señalado que los títulos valores fueron creados por comerciantes y para comerciantes, a fin de facilitar el tráfico mercantil y no para reducir las vías de defensa a los no comerciantes, es decir, a los consumidores. Y no existe duda a esta altura que el Derecho del Consumidor ha desplazado –y con relevancia constitucional al derecho comercial en las operaciones de la vida diaria. Ergo,, para evitar el fraude a la ley de Defensa del Consumidor, los sentenciadores, han determinado – en numerosos casos- la nulidad de la ejecución directa de un pagaré.

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MALA PRAXIS MEDICA- COMPETENCIA

En algunas oportunidades, al querer entablar acciones judiciales por “mala praxis médica”, ello nos lleva a la duda de cuál sería la competencia: ordinaria o federal .Veamos: 

El sometimiento delas obras sociales y/o  agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la ley. ¿Y cuáles son los términos de la ley de Obras Sociales? ¡Pues atender a sus beneficiarios! De lo que se desprende que en caso que surjan  incumplimientos asistenciales las Obras Sociales podrán ser demandadas por ante la justicia ordinaria.-

De ese modo lo han declarado  recientes fallos judiciales, en cuanto se sostuvo en ellos,  que es competente la justicia civil para entender en la acción de daños y perjuicios pretendidos por la actora en razón de la conducta que atribuye al profesional que la atendió y a la Obra Social a la que pertenece

Ese criterio resulta aplicable, ya que lo que se debate es  la responsabilidad civil de los médicos  y no, exclusivamente, aspectos que hacen a la instrumentación y planificación de las obras sociales, por lo que no resulta de aplicación el fuero de excepción (que indica que debe plantearse en sede federal).

En este orden de ideas, cabe destacar que nuestro más alto  Tribunal reiteró que corresponde la intervención de la justicia  civil (ordinaria) en los casos en los que, se demande por la responsabilidad civil de los profesionales  médicos, aun cuando un ente de obra social también integre la acción judicial(como demandado).-

En el mismo sentido, se ha decretado, en  reiterados casos  que si se demanda al profesional de la medicina que intervino en la cuestión, corresponde su tramitación ante el fuero civil aun cuando un organismo de la obra social también integre la litis como codemandado, sin que ese criterio se vea modificado cuando se demanda también al Estado Nacional

Es dable señalar, entonces, que si el demandante  centró el reclamo en la responsabilidad de los demandados en razón de haber sido la causa originaria y directa de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la mala actuación de los profesionales que lo atendieron, forzoso es concluir que debe intervenir  interviniendo la Justicia  Civil.

A fin de concluir, es dable precisar  que la sola mención de alguna omisión en la prestación del servicio por parte de la obra social o del prestador médico no resulta por sí suficiente para inferir  en la conveniencia del desplazamiento en la competencia ordinaria (civil)

Abuso de intereses

En muchas ocasiones, para una persona solicitar un préstamo o comprar con tarjeta de crédito puede ser de gran ayuda, pero es importante prestar una debida atención ante posibles situaciones de abuso que se puede llegar a padecer.-

Es importante saber a qué se debe prestar atención: cuando se requiere un crédito, qué derechos se encuentran protegidos y que hacer en caso de ser víctima de un préstamo usurario o de padecer abusos en tus derechos como consumidor/a..

Cabe poner de resalto que toda persona que solicita un crédito de dinero en efectivo se convierte en un consumidor financiero. Todo consumidor financiero acepta ciertos compromisos y obligaciones, pero también tiene derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Ley de Defensa al Consumidor.

La citada norma fue elaborada, teniendo en mira que las y los consumidores no poseen la capacidad económica ni la misma posibilidad de acceder al asesoramiento y al conocimiento técnico sobre finanzas que tienen las entidades que ofrecen créditos para el consumo.

Es dable poner el acento, que esos créditos para el consumo, se conceden a través de los unos contratos llamados de adhesión. Estos tienen la particularidad por estar íntegramente redactados por los proveedores de los préstamos. La persona que toma el crédito sólo tiene la posibilidad de decidir si lo acepta e o no, sin poder cambiar ni discutir las cláusulas del contrato.

La Ley de Defensa al Consumidor establece obligaciones que las entidades financieras que otorgan créditos para el consumo deben respetar: Veamos :

Cuando se otorgan los créditos: se debe dar toda la toda la información necesaria para conocer las características esenciales de lo que ofrecen, como por ejemplo: la forma y modalidad de pago, todos los intereses y gastos vinculados al préstamo, así como las condiciones contratación.-

No pueden existir cláusulas abusivas que restrinjan los derechos

Lo que deberías saber sobre mala praxis veterinaria.

En muchas ocasiones, ocurre que nuestras mascotas no son atendidas como corresponde  por las veterinarias, ocasionando con ello serios perjuicios al animal, que incluso puede derivar en su muerte.-

 Se debe tener presente, que los veterinarios, igual que los médicos, pueden incurrir en una mala praxis. Por lo tanto, se les podrá exigir responsabilidad civil. La mala praxis o mala práctica se puede derivar de errores en el diagnóstico, deficiencias en el tratamiento farmacológico, de inmunoterapia o quirúrgico, la prevención y control de enfermedades, etcétera que pueden causar daños, a veces irreversibles o mortales, en nuestros animales de compañía.

 En primer lugar cabe señalar que el tema que nos ocupa, queda atrapado en la ley de defensa del consumidor.

 En esa idea, corresponde aplicar tal normativa  contra la veterinaria que tiene el deber de cuidado  al animal , cuando se podría  probar que el veterinario no cumple con tal premisa .-

 El incumplimiento por parte de la veterinaria deviene de concretas obligaciones impuestas por la ley de defensa del consumidor, específicamente de información y seguridad, lo que puede aparejar  para el dueño de la mascota  la pérdida definitiva de esta en condiciones poco claras y de zozobra respecto de lo ocurrido.

 A esta altura, tratándose de una responsabilidad objetiva conforme lo normado por la ley de defensa del consumidor, cabe atribuir responsabilidad de modo solidario a quienes han participado en la prestación del servicio al animal, esto es, al titular de la veterinaria, y quien se encontraba a cargo del animal en lo que hace a su cuidado y guarda.

 Por tanto, si se demuestra que la actuación del veterinario no ha sido correcta, el perjudicado tiene derecho a una compensación económica.-

 Es necesario y recomendable contar con informes emitidos por el veterinario que atendió al animal, la factura del costo del tratamiento, así como fotografías y testigos que ayuden a confirmar la versión del presunto damnificado.

 Cabe poner de resalto, que  distintos pronunciamientos judiciales, han resuelto  que la responsabilidad de los veterinarios por error de diagnóstico, es asimilable a la mala praxis médica, y es de naturaleza contractual.

 La ley de defensa del consumidor resulta aplicable al vínculo derivado de la vinculación entre el dueño de una mascota y el veterinario, ya que este  le compete brindar información veraz, detallada y suficiente de los planes de vacunación, desparasitación y alimentación con el objeto de cumplimentar el deber establecido por la ley de densa al consumidor .

A fin de precisar en que consiste la mala praxis veterinaria, podríamos señalar :  Es la omisión por parte del veterinario de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, omisión que da por resultado cierto perjuicio al dueño de la mascota.
Esto tiene dos partes fundamentales:
Que el Veterinario no cumpla responsablemente con su deber profesional.
Como consecuencia de ello, cause un perjuicio definido.

Se requiere que el Veterinario a través de un acto propio de su actividad y en relación causal y con culpa o dolo, produzca un daño determinado en la salud del animal.

Claro está que, para que el obrar del Veterinario le sea imputable y con ello generador de responsabilidad deben darse dos presupuestos: 1) La existencia de culpa) y 2) Que la conducta del Veterinario le signifique un daño al paciente, o sea que exista una relación de causalidad entre el hecho médico y el resultado habido.

El fundamento de la reparación de ese daño, está dado por la existencia de culpa, la que debe ser probada por el damnificado por todos los medios posibles, aún por el sistema de presunciones (graves, precisas y concordantes):

Es realidad que por lo general las prestaciones Veterinarias son de tracto sucesivo y resulta necesario que ello se refleje en un documento que se irá completando a lo largo del proceso de atención médica veterinaria, y como tal servirá para identificar en un futuro la claridad de dichos servicios, y muy particularmente se convertirá en una herramienta probatoria de singular importancia a la hora de determinar responsabilidades.-

  Es un documento sobre la historia clínica, la cual ha sido definida como “ La relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos del paciente, tanto anteriores como actuales, que sirve de base para el juicio acabado de la enfermedad actual”. En el citado documento deben obrar no sólo los antecedentes del paciente y su estado actual, sino también los estudios ordenados y realizados, el diagnóstico, la terapia o tratamiento a aplicar, la medicación suministrada, la evolución del paciente y los resultados logrados.

 A fin de concluir con este tema, si se puede demostrar  la culpa del Veterinario, la existencia del daño y la relación de causalidad entre lo primero y lo segundo, es factible  procurar actuaciones judiciales, l  a fin de lograr una indemnización que conforme una  reparación integral


No hace falta que muera el animal para demandar al veterinario.- Basta con sospechar que el daño o lesión fue producto de la negligencia, imprudencia o impericia del veterinario para demandarlo judicialmente.

 

Estar informado por Veraz

En principio, el estar informado en el “Sistema Veraz” como deudor provoca un estado de estado de angustia y desprestigio que desborda el nivel que supone meras molestias, y por otro lado , direcciona sus consecuencias en el plano de las afecciones legítimas de la actora, esto es, lo que -en el lenguaje del antiguo art. 1078 del Cód. Civil según la redacción de Vélez Sarsfield- configura propiamente un daño moral.

No se debe perder de vista que esa cuestión -la aparición en los registros de Veraz S.A.- provoca de por sí un descrédito, porque enseguida circula en plaza su nombre, con la consiguiente sospecha de insolvencia o irresponsabilidad patrimonial de la perjudicada” Esto ha sido decretado en el ámbito judicial (conf. causa 47316/2002 – “Barsi, Belén María c. Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ ordinario” – CNCom. – sala D – 23/11/2004) ).

Cabe poner de resalto , que la responsabilidad de le empresa de informes por la difusión de datos erróneos resulta a todas luces objetiva, sustentada en principio por la ley de defensa del consumidor

. El hecho de difundir implica responsabilidad y siendo una tarea remunerada, la informante (Veraz) debe hacerse cargo del riesgo implícito de la actividad empresaria,

Efectivamente, la persona perjudicada se encuentra en una situación de imposibilidad de controlar los mecanismos internos que tienen las entidades bancarias y Veraz para la carga y difusión de los datos. Por ello, el perjuicio se produce y no cabe duda que la causa se origina en la anotación y difusión de la condición de la actora no cierta.

Es entonces, que se debe tener presente que la ya mencionada ley de protección al consumidor, consagra la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada y condiciones de trato equitativo y justo; derecho que tiene explícita base constitucional (v. Art. 42 C.N.) con alcance operativo e inmediato principio de

cumplimiento. En consecuencia, la persona se ve forzada a tolerar una progresiva escisión entre praxis bancaria y normatividad que sólo conduce a una deplorable desvalorización del orden jurídico, como instrumento de regulación social (conf. “Avan SA c. Banco Torquinst SA s/ordinario” – CNCom. – sala A – 17/02/2004), incumbiendo a Veraz investigar antes de difundir el error en la entidad crediticia y no después de haberse consumado el daño.

Por ello , cuando Veraz violenta la obligación establecida en el art. 4º de la ley 24.240, el cual establece la obligación de quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, de suministrar al consumidor o usuarios, en forma cierta y objetiva, encontrándose encuadrada en la misma a tenor del servicio que presta , a la (persona) afectada no le queda otra alternativa -, ante la falta de solución , que ocurrir ante los tribunales, con el objeto de lograr una correcta reparación.-

Inadmisibilidad de la ejecución directa de pagarés de consumo

Si bien la firma del pagaré , en el marco de una operación de crédito entre un usuario y una entidad bancaria , da nacimiento a una relación jurídica de naturaleza cambiaria y no existen en la LDC soluciones expresas que modifiquen la disciplina de los títulos de crédito, ello no puede constituirse válidamente como una herramienta para eludir el régimen de tutela preventiva establecido en el art. 36 LDC en cuanto establece, bajo pena de nulidad, el cumplimiento de una serie de requisitos destinados a la información del consumidor respecto del riesgo que asume al suscribir un crédito.

A su respecto, de conformidad con la doctrina plenaria sentada en el fallo plenario de la cámara nacional comercial “ Autoconvocatoria…” se determinó que la calidad de las partes, encuadraba en una relación de consumo. Y una vez, acreditado el contrato de consumo, si la entidad bancaria detenta el rol de proveedor , esta deberá cumplimentar con el art. 36 de la ley antes citada ( La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) El importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses;g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.) siendo que su incumplimiento , ocasionará la nulidad de la contratación.-

Obsérvese que en el fallo plenario citado se Indicó que en las operaciones financieras para el consumo, las entidades suelen imponer al beneficiario librar, al formalizar la operación de crédito, un pagaré a la vista, generalmente en blanco, en garantía de la obligación contraída y como instrumento para su ejecución a su vencimiento, lo que responde a una estrategia que pretende eliminar el control del deudor a la hora de liquidar la deuda, de suerte que la entidad financiera pueda completar el pagaré con la cantidad que juzgue pertinente, sin necesidad de rendir cuentas y así romper el equilibrio del contrato e invertir la carga de la prueba en perjuicio del prestatario.

Por tanto , ese procedimiento –señala el decisorio- es una práctica cuya única meta es el fraude a la ley, que se da cuando pese a brindarse una apariencia de respeto por la letra de la norma imperativa o de orden público, de hecho se desvirtúa su finalidad o se la elude, utilizando otro instrumento legal a modo de acto de cobertura, para conseguir un resultado final análogo o prácticamente equivalente al prohibido por aquella.

Por todo lo expuesto, la firma del pagaré por parte del consumidor no conforma el resultado de una negociación , sino una condición impuesta por la entidad bancaria , como forma de obtener una ejecución expedita, en desmedro del derecho de defensa del usuario, lo que configura un total abuso del derecho, extremo que los jueces estarían obligados a remediar .-