Lo que deberías saber ante un juicio ejecutivo por deuda de tarjeta de crédito

Los juicios ejecutivos por deuda de tarjeta de crédito instrumentados en certificados de saldo deudor por las entidades financieras en las distintas jurisdicciones del país resultan inhábiles.

El contrato de solicitud de tarjeta de crédito y el de las condiciones particulares son convenios de adhesión con reglas predispuestas que no tienen el carácter de título ejecutivo, ya que estos instrumentos les falta el credito exigible, es decir que  en ellos no existe ninguna obligación de dar una suma de dinero determinada o fácilmente determinable.  Al no constar la deuda en los contratos que se suscriben (la deuda figura en los resúmenes), no cumplen el requisito fundamental para darle la figura de título ejecutivo. Las cláusulas que le otorguen carácter de título ejecutivo son nulas, ya que no se puede solicitar la preparación de la vía ejecutiva sobre la base de un mecanismo complejo, que no guarda un razonable encuadramiento con la naturaleza y estructura del juicio ejecutivo.

En algunos casos la justicia en argentina ha negado la tramitación del juicio por el procedimiento más rápido a las obligaciones nacidas de contratos de esta índole porque sus características impiden asignarle a aquellas la necesaria autonomía que es exigible para proceder por esta vía (la ejecutiva), más aun cuando para determinar la existencia de un crédito líquido y exigible en favor de los ejecutantes es necesario acudir a elementos o documentos extraños al título mismo que sirve de base a la ejecución, como sería el caso de los resúmenes de deuda de la tarjeta.

Por otro lado, la ley 25.065 de tarjetas de crédito dispone que es nula la cláusula que permita la habilitación directa de la vía ejecutiva por cobro de deudas que tengan origen en el sistema de tarjetas de crédito. Si en el contrato de emision de tarjeta de credito y de las condiciones particulares, se establece que las deudas originadas se debiten por medio de su cuenta corriente, no implica una autorización para “ejecutar” los saldos de esas otras operaciones (originadas fuera de la cuenta corriente) mediante su inclusión en el certificado de saldo deudor. Esa autorización resulta invalida, si para el caso particular de esas otras operatorias, su ejecutabilidad exigiera el cumplimiento de determinados recaudos que no se satisfacen con la mera inclusión de su importe en los débitos de la cuenta corriente. Por lo tanto, resulta antijurídico ejecutar una supuesta deuda que se habría devengado por la utilización de una tarjeta de crédito, intentándose este procedimiento a través de los saldos deudores en cuenta corriente.

En caso de que usted reciba un mandamiento de intimación de pago embargo y citación de remate por una deuda originada o compuesta por deudas de tarjeta de crédito es importante que inmediatamente sea asistido por un profesional en derecho comercial, ya que usted tiene 5 días hábiles desde la intimación para efectuar su defensa, caso contrario se dictara sentencia.

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¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito en argentina?

Las deudas por tarjeta de crédito que tengan los consumidores prescriben al año la acción ejecutiva, sin perjuicio de quedar habilitada la vía ordinaria la cual prescribe a los tres años.

Se denomina genéricamente tarjeta de crédito al instrumento material de identificación del usuario, que puede ser magnético o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor.

Cuando el titular de la tarjeta de crédito entra en mora con el pago de sus obligaciones, el emisor de la tarjeta podrá preparar la vía ejecutiva contra el titular. Esto significa que se solicitara el reconocimiento judicial del contrato de emisión de Tarjeta de crédito y el resumen de cuenta (conf. a la ley), lo cual habilitará a la tramitación de un juicio más rápido que el común (llamado ordinario) el cual no se abrirá a prueba y la única defensa permitida será oponer excepciones. Es importante que el emisor acompañe la declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia fundada y válida, previa a la mora, por parte del titular o del adicional por extravío o sustracción de la respectiva Tarjeta de Crédito y la declaración jurada sobre la inexistencia de cuestionamiento fundado y válido, previo a la mora, por parte del titular, de conformidad con lo prescripto por la ley de tarjetas de crédito (Ley 25.065).

Esta vía ejecutiva se perderá en caso que no se reúnan los requisitos señalados anteriormente, o se omitan los requisitos contractuales que prevé la ley o se omitan los requisitos para los resúmenes mensuales de operaciones. El emisor deberá confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular o sus autorizados. Este resumen deberá contener obligatoriamente: Identificación del emisor, de la entidad bancaria, comercial o financiera que opere en su nombre; identificación del titular y los titulares adicionales, adherentes, usuarios o autorizados por el titular; fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre posterior; fecha de cierre contable del resumen actual y del cierre posterior; número de identificación de la constancia con que se instrumentó la operación; Identificación del proveedor; importe de cada operación; fecha de vencimiento del pago actual, anterior y posterior;  límite de compra otorgado al titular o a sus autorizados adicionales autorizados adicionales; monto hasta el cual el emisor otorga crédito;  tasa de interés compensatorio o financiero pactado que el emisor aplica al crédito, compra o servicio contratado;  fecha a partir de la cual se aplica el interés compensatorio o financiero;  tasa de interés punitorio pactado sobe saldos impagos y fecha desde la cual se aplica; monto del pago mínimo que excluye la aplicación de intereses punitorios; monto adeudado por el o los períodos anteriores, con especificación de la clase y monto de los intereses devengados con expresa prohibición de la capitalización de los intereses; plazo para cuestionar el resumen en lugar visible y caracteres destacados; y el monto y concepto detallados de todos los gastos a cargo del titular, excluidas las operaciones realizadas por éste y autorizadas.

En caso que se pierda la vía ejecutiva y quede la vía ordinaria, la prescripción de la acción para iniciar la demanda es de tres años. En este tipo de juicios (el ordinario), se podrá abrir la causa a prueba y utilizar todos los medios que garanticen la debida defensa en juicio. Es importante que previo al juicio, en el caso pertinente, el titular cuestionase o impugnase la liquidación o el resumen dentro de los 30 días de haberlo recibido, detallando claramente el error atribuido y aportando todo dato que sirva para esclarecerlo por nota simple girada al emisor.

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