Lo que deberías saber sobre los pagarés.

La justicia sentencia que la sola firma del pagaré, en las relaciones de consumo, no constituye el resultado de ninguna negociación previa, sino una condición impuesta por el proveedor como forma de obtener una vía de cobro expedita del crédito, a costa de limitar derechos irrenunciables del consumidor, lo que configura una situación de abuso de derecho
Distintos pronunciamientos, tanto en la justicia nacional como en la provincial, han desestimado la ejecución directa de los pagarés.-
Los magistrados, han entendido que cuando se advierte que bajo el título que se pretende ejecutar, como es el caso de un pagaré, se encuentra latente una relación de consumo, y por tanto han declarado la inhabilidad del cartular ya que de lo contrario, si se tolerara la habilidad de éste, implicaría un abandono, al deber de velar por el cumplimiento de las normas de orden público contenidas en la legislación de fondo.-
De conformidad con la expuesto, no se puede dejar de lado la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional Comercial, en los casos de ejecución de títulos cambiarios en donde se encuentren involucrados derechos de consumidores, donde resulta posible inferir, a partir de la calidad de las partes y demás elementos existentes en las actuaciones, que el vínculo que subyace encuadra en una operación de crédito para el consumo.
Los fallos examinados, puntualizan que los ejecutantes, son encuadrados como proveedores,, mientras que el ejecutado es una persona humana con las características que la LDC requiere para calificarlo consumidor o usuario.
Esas circunstancias personales de las partes imponen alardear, que el título que se intenta ejecutar tuvo su causa de emisión en un acto de financiamiento concedido por un proveedor profesional a un consumidor, destinado a que este último adquiera bienes o contrate servicios para beneficio propio o de su grupo familiar o social.
En la ley de defensa del consumidor, existen requisitos de información en la instrumentación del crédito para el consumo, que no deben soslayarse bajo pena de nulidad.-
Por ende, cualquier mecanismo utilizado para burlar lo normado imperativamente por el texto legal debe ser sancionado sin más con la invalidez.
A fin de concluir, los juzgadores han señalado que los títulos valores fueron creados por comerciantes y para comerciantes, a fin de facilitar el tráfico mercantil y no para reducir las vías de defensa a los no comerciantes, es decir, a los consumidores. Y no existe duda a esta altura que el Derecho del Consumidor ha desplazado –y con relevancia constitucional al derecho comercial en las operaciones de la vida diaria. Ergo,, para evitar el fraude a la ley de Defensa del Consumidor, los sentenciadores, han determinado – en numerosos casos- la nulidad de la ejecución directa de un pagaré.

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Abusos de las compañias de telefonía móvil

El público usuario  en reiteradas oportunidades se queja, de la conducta desplegada por las empresas de telefonía .  Esa disconformidad, se traduce en que resulta  de manera  frecuente que las empresas busquen el cobro de sumas para la baja de un contrato en telefonía celular.
En efecto,  resultaría habitual  que las compañías procuren (y muchas veces consigan) el cobro de sumas determinadas para la baja de un contrato de telefonía celular con el objeto de incrementar sus ganancias, pero además y fundamentalmente para retener al cliente más allá de su voluntad.
Si por cualquier causa  un usuario determinado desea la baja del servicio contratado, pero se encuentra con un costo que no puede afrontar, muchas veces ocurre que mantiene el servicio aún en contra de su propia voluntad o conveniencia.
En otras ocasiones, incluso la situación es más grave porque el usuario impedido de abonar esos cargos, no puede tramitar la baja, pero tampoco continúa con el servicio, y comienza una especie de ‘muerte gradual  de la vinculación, que es la inutilización del servicio, la baja por falta de pago o extinción del vínculo por temporalidad, pero con un incremento de la deuda por parte del usuario por esos cargos pretendidos o por los montos fijos del sostenimiento del abono o de otros ítems, mientras mantiene la empresa  esa relación contractual  en forma ficticia s.
Todo esto, es en relación a los distintos reclamos, que dan testimonio  de estos abusos que padecen los usuarios consumidores  de la telefonía  celular.
A todo evento cabe  poner de resalto, que la justicia comercial   ya ha resuelto que la empresa de telefonía celular no puede exigir el pago de una deuda como requisito previo a rescindir un contrato de un cliente.
Los usuarios de telefonía móvil de esa compañía podrán dar de baja el servicio y rescindir unilateralmente los contratos a pesar de tener deudas con la empresa, resolvió una decisión judicial.
El Juzgado Comercial Nº 21, Secretaria Nº 42, a cargo de Germán Paoz Castañera, hizo lugar a una medida cautelar contra la empresa de telefonía móvil.
Según la resolución judicial, la firma deberá suspender el cobro a sus clientes del ‘cargo de conexión’ en los casos de rescisión unilateral de los contratos por parte de los usuarios.
También deberá eliminar la imposición de pagar lo que adeudan los usuarios como requisito previo a la rescisión o resolución unilateral de los contratos que los vincula.
Asimismo se le ordena no destruir, ni alterar – bajo ningún concepto – la documentación, archivos informáticos y/o grabaciones telefónicas vinculadas a la contratación o modificación de los términos contractuales con sus usuarios, a la rescisión unilateral de todos los usuarios desde los 10 años de promovida la demanda y hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En los fundamentos, la resolución judicial recuerda ‘que cualquier disposición contractual o extracontractual que restrinja el derecho que tiene el usuario de rescindir unilateralmente el servicio resultan ser de aquellas previstas en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor’, .
El mencionado artículo aclara qué tipos de cláusulas se tomarán como ‘no convenidas’ y enumera aquellas ‘que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños’; ‘que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte’ y ‘que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor’.
La resolución agrega: ‘Así no se puede subordinar el derecho que tiene el usuario a rescindir el servicio, al pago de ninguna de las sumas que pudiera adeudarle incluyendo el denominado cargo de conexión ya que tal práctica importa cercenar el derecho que tiene a migrar libremente de compañía telefónica o su decisión de quedarse sin ella’.
En definitiva, los usuarios que vean vulnerados sus derechos, deben defender los mismos , ya que estos se encuentran tutelados  por la legislación que regula los contratos de consumo, a lo que cabe adunarle el mandato constitucional  que otorga  protección a los consumidores( Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.)

Estar informado por Veraz

En principio, el estar informado en el “Sistema Veraz” como deudor provoca un estado de estado de angustia y desprestigio que desborda el nivel que supone meras molestias, y por otro lado , direcciona sus consecuencias en el plano de las afecciones legítimas de la actora, esto es, lo que -en el lenguaje del antiguo art. 1078 del Cód. Civil según la redacción de Vélez Sarsfield- configura propiamente un daño moral.

No se debe perder de vista que esa cuestión -la aparición en los registros de Veraz S.A.- provoca de por sí un descrédito, porque enseguida circula en plaza su nombre, con la consiguiente sospecha de insolvencia o irresponsabilidad patrimonial de la perjudicada” Esto ha sido decretado en el ámbito judicial (conf. causa 47316/2002 – “Barsi, Belén María c. Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ ordinario” – CNCom. – sala D – 23/11/2004) ).

Cabe poner de resalto , que la responsabilidad de le empresa de informes por la difusión de datos erróneos resulta a todas luces objetiva, sustentada en principio por la ley de defensa del consumidor

. El hecho de difundir implica responsabilidad y siendo una tarea remunerada, la informante (Veraz) debe hacerse cargo del riesgo implícito de la actividad empresaria,

Efectivamente, la persona perjudicada se encuentra en una situación de imposibilidad de controlar los mecanismos internos que tienen las entidades bancarias y Veraz para la carga y difusión de los datos. Por ello, el perjuicio se produce y no cabe duda que la causa se origina en la anotación y difusión de la condición de la actora no cierta.

Es entonces, que se debe tener presente que la ya mencionada ley de protección al consumidor, consagra la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada y condiciones de trato equitativo y justo; derecho que tiene explícita base constitucional (v. Art. 42 C.N.) con alcance operativo e inmediato principio de

cumplimiento. En consecuencia, la persona se ve forzada a tolerar una progresiva escisión entre praxis bancaria y normatividad que sólo conduce a una deplorable desvalorización del orden jurídico, como instrumento de regulación social (conf. “Avan SA c. Banco Torquinst SA s/ordinario” – CNCom. – sala A – 17/02/2004), incumbiendo a Veraz investigar antes de difundir el error en la entidad crediticia y no después de haberse consumado el daño.

Por ello , cuando Veraz violenta la obligación establecida en el art. 4º de la ley 24.240, el cual establece la obligación de quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, de suministrar al consumidor o usuarios, en forma cierta y objetiva, encontrándose encuadrada en la misma a tenor del servicio que presta , a la (persona) afectada no le queda otra alternativa -, ante la falta de solución , que ocurrir ante los tribunales, con el objeto de lograr una correcta reparación.-