MALA PRAXIS MEDICA- COMPETENCIA

En algunas oportunidades, al querer entablar acciones judiciales por “mala praxis médica”, ello nos lleva a la duda de cuál sería la competencia: ordinaria o federal .Veamos: 

El sometimiento delas obras sociales y/o  agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la ley. ¿Y cuáles son los términos de la ley de Obras Sociales? ¡Pues atender a sus beneficiarios! De lo que se desprende que en caso que surjan  incumplimientos asistenciales las Obras Sociales podrán ser demandadas por ante la justicia ordinaria.-

De ese modo lo han declarado  recientes fallos judiciales, en cuanto se sostuvo en ellos,  que es competente la justicia civil para entender en la acción de daños y perjuicios pretendidos por la actora en razón de la conducta que atribuye al profesional que la atendió y a la Obra Social a la que pertenece

Ese criterio resulta aplicable, ya que lo que se debate es  la responsabilidad civil de los médicos  y no, exclusivamente, aspectos que hacen a la instrumentación y planificación de las obras sociales, por lo que no resulta de aplicación el fuero de excepción (que indica que debe plantearse en sede federal).

En este orden de ideas, cabe destacar que nuestro más alto  Tribunal reiteró que corresponde la intervención de la justicia  civil (ordinaria) en los casos en los que, se demande por la responsabilidad civil de los profesionales  médicos, aun cuando un ente de obra social también integre la acción judicial(como demandado).-

En el mismo sentido, se ha decretado, en  reiterados casos  que si se demanda al profesional de la medicina que intervino en la cuestión, corresponde su tramitación ante el fuero civil aun cuando un organismo de la obra social también integre la litis como codemandado, sin que ese criterio se vea modificado cuando se demanda también al Estado Nacional

Es dable señalar, entonces, que si el demandante  centró el reclamo en la responsabilidad de los demandados en razón de haber sido la causa originaria y directa de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la mala actuación de los profesionales que lo atendieron, forzoso es concluir que debe intervenir  interviniendo la Justicia  Civil.

A fin de concluir, es dable precisar  que la sola mención de alguna omisión en la prestación del servicio por parte de la obra social o del prestador médico no resulta por sí suficiente para inferir  en la conveniencia del desplazamiento en la competencia ordinaria (civil)

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Historia clínica y mala praxis médica

La historia clínica es el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que consta toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. El paciente, cónyuge, herederos y su representante legal están autorizados para solicitar la Historia Clínica. Frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá el ejercicio de la acción directa de habeas data a fin de asegurar el acceso y obtención de aquella.

El ejercicio de los derechos del paciente constituyen derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector que se trate, asistencia, trato digno y respetuoso, intimidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, información sanitaria y/o interconsulta médica.

El paciente tiene el derecho a la información, a la información sanitaria, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión, en donde se informe su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, complicaciones o secuelas. El paciente debe prestar el consentimiento informado, es decir, la declaración de voluntad suficiente efectuada por su persona o la de su representante legal. En consentimiento debe ser por escrito solamente en los casos de internación, intervención quirúrgica, procedimientos de diagnósticos y terapéuticos  invasivos, procedimientos que implican riesgos según la ley.

La relevancia de la idea de la carga dinámica de la prueba, en casos de responsabilidad en el marco de un juicio por mala praxis, guarda estrecha relación con la vital importancia de las historias clínicas que como principio deben contener una descripción exacta de todos los estudios y análisis que se hayan practicado a los distintos pacientes. Es por ello, que la falta de aporte de los datos contenidos en una historia clínica podría implicar una voluntaria ocultación de antecedentes, lo cual favorecería al médico o al establecimiento asistencial, en detrimento de sus pacientes. En efecto, los datos suministrados en la historia clínica deben ser científicamente explicables y empíricamente correctos, por lo que toda deficiencia en la elaboración de la historia clínica, así como su desaparición, no deben perjudicar al paciente, cuya situación de inferioridad ha de ser tutelada.

La historia clínica si es veraz y completa es la fuente de información adecuada para evaluar la calidad de la atención médica brindada al paciente y calificar los actos médicos realizados u omitidos, para establecer la relación de causalidad y eventuales daños sufridos. El no hallazgo de la historia clínica, en las instituciones demandadas, pese a la obligación de guarda dentro del plazo de custodia que prevé la reglamentación, constituye una seria presunción en su contra en la medida en que es corroborante de otros elementos de juicio reveladores de faltas sistemáticas o culpa médica.

Muchas veces en casos de Enfermedad profesional, pese a que las historias de los pacientes no posean carácter oficial, su coincidencia parcial con el informe de los centros de salud oficiales, permite darle verosimilitud no son contradichas seriamente por el informe de la administración demandada.

Ante casos de mala praxis es necesario que solicite inmediatamente el historial clínico, y que se contacte con un Abogado de nuestro estudio para obtener un buen asesoramiento.

Carga dinámica en mala praxis médica

La  aplicación  de la “carga dinámica de la prueba” en materia de responsabilidad civil del médico, sostiene que: “…En toda causa que este cuestionada la responsabilidad médica –léase obligación de medios-, debe probar quién se encuentra en mejores condiciones para ello; es decir el médico...”. En dicha relación, pacíficamente, definida como contractual, la parte débil, la desprotegida, la generalmente carente de medios probatorios,  es la acreedora; el paciente.  Por el contrario, quién está en mejor posición probatoria, la parte fuerte de la relación contractual, es la deudora,  el médico; quién tiene, sin lugar a dudas, a su alcance todos los elementos y conocimientos necesarios para demostrar que actúo dentro de los lineamientos que la “lex artis” impone.
Esto implica un cambio en la conducta procesal de las partes, las cuales deben ir encaminadas a los principios de buena fe, y lealtad procesal, teniendo como fin último, el arribo a la realidad fáctica. Para que en última instancia la sentencia sea la solución “justa” al caso.
Si bien, tradicionalmente se entendía que la carga de la prueba pesaba sobre la parte que afirmaba la existencia de algún hecho controvertido; el otro litigante dejaba satisfecha su posición la sola negativa expresa., por lo cual regía el principio “actor incumbit probatio“.        Se advierte que en los casos de mala praxis se presentan situaciones donde la parte que niega la pretensión jurídica invocada en su contra, tiene a su alcance la prueba,  y la oculta, generalmente, de  mala fe, ante la certidumbre que  pesará en su contra a la hora de resolver.  Esta es la situación que, con frecuencia, se da en los casos de “mala praxis”, donde el profesional médico es reticente en colaborar con el material probatorio. De allí la denominada “prueba diabólica”, o el “secreto de quirófano”.
Esta teoría, “carga dinámica de la prueba”,  se funda en el deber de colaboración, y solidaridad que deben tener las partes para el órgano jurisdiccional, y poner el peso de ella , sobre las espaldas de quién mejor puede hacerlo; en la especie: el profesional médico.  . (La Ley, To.1991-B-Secc. Doctrina, pág. 1035).