MALA PRAXIS MEDICA- COMPETENCIA

En algunas oportunidades, al querer entablar acciones judiciales por “mala praxis médica”, ello nos lleva a la duda de cuál sería la competencia: ordinaria o federal .Veamos: 

El sometimiento delas obras sociales y/o  agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la ley. ¿Y cuáles son los términos de la ley de Obras Sociales? ¡Pues atender a sus beneficiarios! De lo que se desprende que en caso que surjan  incumplimientos asistenciales las Obras Sociales podrán ser demandadas por ante la justicia ordinaria.-

De ese modo lo han declarado  recientes fallos judiciales, en cuanto se sostuvo en ellos,  que es competente la justicia civil para entender en la acción de daños y perjuicios pretendidos por la actora en razón de la conducta que atribuye al profesional que la atendió y a la Obra Social a la que pertenece

Ese criterio resulta aplicable, ya que lo que se debate es  la responsabilidad civil de los médicos  y no, exclusivamente, aspectos que hacen a la instrumentación y planificación de las obras sociales, por lo que no resulta de aplicación el fuero de excepción (que indica que debe plantearse en sede federal).

En este orden de ideas, cabe destacar que nuestro más alto  Tribunal reiteró que corresponde la intervención de la justicia  civil (ordinaria) en los casos en los que, se demande por la responsabilidad civil de los profesionales  médicos, aun cuando un ente de obra social también integre la acción judicial(como demandado).-

En el mismo sentido, se ha decretado, en  reiterados casos  que si se demanda al profesional de la medicina que intervino en la cuestión, corresponde su tramitación ante el fuero civil aun cuando un organismo de la obra social también integre la litis como codemandado, sin que ese criterio se vea modificado cuando se demanda también al Estado Nacional

Es dable señalar, entonces, que si el demandante  centró el reclamo en la responsabilidad de los demandados en razón de haber sido la causa originaria y directa de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la mala actuación de los profesionales que lo atendieron, forzoso es concluir que debe intervenir  interviniendo la Justicia  Civil.

A fin de concluir, es dable precisar  que la sola mención de alguna omisión en la prestación del servicio por parte de la obra social o del prestador médico no resulta por sí suficiente para inferir  en la conveniencia del desplazamiento en la competencia ordinaria (civil)

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Cláusulas abusivas en las cuotas de medicina prepaga

La justicia ha condenado a Swiss Medical SA, empresa de medicina prepaga, abstenerse de incrementar la cuota a un afiliado por haber cumplido 61 años.

La prestadora  hacía valer una cláusula contractual que la autorizaba  a imponer tarifas  accesorias  por edad, lo cual importa una violación  a los a lo dispuesto en  los arts. 37 y 38 de la Ley 24.240 y  por ello entra en conflicto  con el art. 42 de la Constitución Nacional, en cuanto garantiza a los consumidores el derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, así como el trato equitativo y digno.

La empresa de medicina prepaga que intempestivamente aumentó la cuota del afiliado al cumplir 61 años debe abstenerse de acrecentar  esa  contribución , pues ese proceder  resulta un abuso de derecho  y no existe constancia  fehaciente  que el órgano rector (Superintendencia de Servicios de Salud)  hubiese otorgado tal autorización , máxime cuando se trata de una cláusula indirecta de extinción que frustra la cobertura esperada para la vejez.

El órgano jurisdiccional, resolvió que el aumento establecido de acuerdo a la cláusula contractual que faculta a la empresa a imponer aranceles adicionales por edad resulta abusiva, ya que llevaría a la asociada a pagar o aceptar la extinción del vínculo justamente en el momento que más requiere del servicio médico contratado. Por otro lado consideró que no corresponde hacer lugar al pedido de retrocesión del arancel al importe vigente antes del aumento ya que el mismo puede depender de otros factores independientes del rango etario de la accionante.

Los jueces señalaron , “ Que, ante todo, es apropiado señalar el marco normativo aplicable al caso, la ley 26.682 y su decreto reglamentario N° 1991/11, que establece en su artículo 17 que: “la autoridad de aplicación fiscalizará y garantizará la razonabilidad de las cuotas cuando el mismo esté fundado en variaciones de estructura de costos y razonable cálculo actuarial de riesgos”, y por su parte el artículo 12 establece que “en el caso de las personas mayores de 65 años, la Autoridad de Aplicación debe definir los porcentajes de aumento de costos según riesgo para los distintos rangos etarios” y que “a los usuarios mayores de 65 años que tengan una antigüedad mayor a diez años … no se les puede aplicar el aumento en razón de su edad”.

En definitiva , en coincidencia con el fallo citado , se trataría, , de una cláusula indirecta de extinción, pues importa tanto como forzar al asociado -cuya situación vital lo pone en una condición de particular vulnerabilidad- a pagar el aumento impuesto por la empresa o aceptar la extinción del vínculo -frustrando, de este modo, la cobertura esperada por el consumidor justamente para la vejez-; evidentemente, una cláusula semejante contraría la finalidad del contrato, que “tiene elementos de previsión, de asegurarse contra las contingencias propias de la decadencia humana” (Lorenzetti, Ricardo L., “La empresa médica”, p. 189 -y su cita de nota 75-),

Concluyendo con el tópico, no  se puede perder de vista que se debe optar por la interpretación más favorable para el consumidor o usuario (art. 3 de la ley 24.240); pauta que alcanza tanto a la interpretación de la ley como del contrato (conf. Alterini, Atilio A. y López Cabana, Roberto M., “regulación aplicable a los contratos atípicos”, punto 7, primer párrafo, DJ 1996-2-685), ya que a esta altura de la evolución legislativa, doctrinal y jurisprudencial, no cabe duda acerca de que en materia de interpretación contractual y de acuerdo con lo prescripto por el art. 1198 del Código Civil, debe optarse por privilegiar a la parte más débil (conf. Galdós, Jorge Mario, “El principio favor debilis en materia contractual. Algunas aproximaciones”, punto III -y sus citas-. LL 1997-D-11 2; asimismo, art. 37 de la ley 24.240; asimismo, conf. Sala II, causas 1079/99 del 12/10/99 y 8.125/07 del 3/12/09, entre otras).