Como reclamar aportes no realizados

Si el empleador retiene los aportes del trabajador y no los deposita, el afectado puede efectuar la intimación y posterior denuncia en cualquiera de las dependencias de la AFIP, o en la Dirección de Fiscalización Operativa de la Seguridad Social.

Usted por medio de la página de ANSES puede consultar el listado histórico de aportes previsionales realizados por sus empleadores.

La falta de pago de aportes implica una severa multa a favor del trabajador perjudicado, equivalente a un sueldo por mes trabajado hasta que el incumplidor haga efectivo el depósito de los aportes correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la ley 25345 art. 43 en los arts.75°, 80°, 115°, 131° y 137° de la L.C.T. como así en el art.9° y 56° de la ley 18.037; art. 2° de la L.E. y art. 43° de la ley 25.345, siendo de aplicación los arts. 1738, 762, 765, 768 y769 del Código Civil y Comercial de la Nación.-

Para que la sanción proceda, es necesario que el trabajador intime al empleador a que un plazo de 30 días ingrese los importes adeudados más los intereses multas que pudieran corresponder. Por lo que el trabajador, deberá probar que intimo al empleador para la procedencia de la multa.

Cuando son varios los responsables del pago de aportes, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de la otra, es menester que aquella empresa contrate o subcontrate servicios que complementen su actividad normal, como en el caso que nos ocupa, se han vulnerado con cada cambio de titularidad ejecutando el mismo nombre comercial.

La ley 14236 y modificatorias establece en el artículo 16 que “las acciones por cobro de las contribuciones, aportes y multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los diez años”. La jurisprudencia ha establecido: “Si bien la Administración comienza su actuación con la denuncia del trabajador, existe sentencia laboral que reconoce la existencia de relación de dependencia en los términos que señala. Obviamente, hay prescripción liberatoria si hay inactividad del acreedor.”

Anuncios

Responsabilidad precontractual

Con el objeto de adentrarnos en este tema,  hagamos esta representación:  supongamos  que nos ha gustado un departamento  para alquilar  y solicitamos  a la propietaria que nos lo reserve un mes, que es el tiempo que tenemos para dejar nuestra actual vivienda . Ambas partes aceptamos todas las condiciones, y acordamos un precontrato para realizar un contrato en el futuro.

Transcurridos unos días, observamos  que el apartamento (que nos interesa)  vuelve a estar en oferta de alquiler. Otro caso sería  por ejemplo, queremos comprar un coche usado, llegamos a un preacuerdo con el propietario, pero al final, a punto de firmar el contrato nos dice que se lo ha vendido a otros porque le pagaban más. Entonces, ¿qué pasa con el precontrato qué hicimos?

¿Que entendemos  por  precontrato?  Es  una suerte de convenio /compromiso,  por el cual una de las partes, o ambas, se obligan, dentro de cierto lapso, sea por el vencimiento de un plazo o por el cumplimiento de una condición, a celebrar un contrato futuro determinado.

Cuando no esté totalmente determinado ese contrato futuro, de manera que para su perfección sea necesario que las partes alcancen nuevos acuerdos sobre los aspectos del mismo que quedan por determinar, en verdad nos encontramos en una situación propia de acuerdo de intenciones, que traen aparejadas  la responsabilidad de las partes

La promesa de vender o comprar o alquilar etc, habiendo conformidad en la cosa y en el precio, dará derecho a los contratantes para reclamar recíprocamente el cumplimiento del contrato

A esta altura, se podría sostener que  el precontrato, tiene su propia sustantividad jurídica, ya que obliga a exigir el cumplimiento de lo pactado: celebrar el contrato de segundo grado o contrato de cumplimiento, sin requerirse para ello renovar ningún consentimiento contractual, ya que el acuerdo para el contrato de segundo grado se refiere a la ejecución de todo aquello que se torna necesario para que las partes alcancen el propósito económico-social propio del negocio jurídico tenido en miras al celebrar el precontrato. Es decir, integra todo el proceso negocial que conducirá al otorgamiento del contrato de cumplimiento.

De ese modo, lo ha declarado recientes fallos judiciales: en esa instancia se ha sostenido “ … nos encontramos, con el precontrato, frente a un contrato que implica la obligación convencional de contratar, pues existe una obligación generada en un contrato que obliga a las partes (o a una de ellas) a estipular un contrato futuro al que se le da el nombre de definitivo . Su objeto, es la existencia o la conclusión del futuro contrato.”

La resolución (judicial)  ha sostenido  que pese a la dependencia lógica y funcional del contrato que predispone, el preliminar es verdadero y propio contrato del que nace inmediatamente para una o las dos partes, un vínculo obligatorio cuyo conjunto se limita a la necesidad de una determinada manifestación de voluntad futura. Así, el preliminar o precontrato es una figura autónoma, un contrato en sí mismo, que obliga a contratar; esto es, obliga a prestar la declaración necesaria para que el contrato se forme, porque dentro de la amplitud que cabe reconocer a la autonomía de la voluntad, es posible celebrar este tipo de convenio.

Admitida la naturaleza jurídica del preliminar como contrato en sí mismo, queda por determinar cuáles son sus efectos. Si el precontrato se cumple, desaparece como vínculo obligacional para ser sustituido por el contrato definitivo, que genera nuevas obligaciones. Pero en caso de incumplimiento, puede demandarse judicialmente.

En efecto, la  circunstancia de que al declarar resuelto el vínculo contractual,  de forma unilateral, cabe la posibilidad  de requerir por via judicial  a la incumplidora a restituir la suma entregada por el precontrato.

Por todo lo expuesto ,  ante el incumplimiento,  se podría procurar a través de una acción judicial , obtener   que se declare  la resolución del precontrato celebrado y  obtener la restitución de la suma dada en pago por , por lo que se hada dado(ya sea para alquilar, comprar, vender etc)  con más los acrecidos, habida cuenta que corresponde que los intereses  formen parte de la reparación ( el interés del dinero pagado en miras del contrato resuelto, debe liquidarse y cancelarse desde el día en que  la otra parte  lo  percibió), sin perjuicio   de reclamar daños y perjuicios, en caso que el incumplimiento  hubiera  dado lugar a tal coyuntura

Abusos de las compañias de telefonía móvil

El público usuario  en reiteradas oportunidades se queja, de la conducta desplegada por las empresas de telefonía .  Esa disconformidad, se traduce en que resulta  de manera  frecuente que las empresas busquen el cobro de sumas para la baja de un contrato en telefonía celular.
En efecto,  resultaría habitual  que las compañías procuren (y muchas veces consigan) el cobro de sumas determinadas para la baja de un contrato de telefonía celular con el objeto de incrementar sus ganancias, pero además y fundamentalmente para retener al cliente más allá de su voluntad.
Si por cualquier causa  un usuario determinado desea la baja del servicio contratado, pero se encuentra con un costo que no puede afrontar, muchas veces ocurre que mantiene el servicio aún en contra de su propia voluntad o conveniencia.
En otras ocasiones, incluso la situación es más grave porque el usuario impedido de abonar esos cargos, no puede tramitar la baja, pero tampoco continúa con el servicio, y comienza una especie de ‘muerte gradual  de la vinculación, que es la inutilización del servicio, la baja por falta de pago o extinción del vínculo por temporalidad, pero con un incremento de la deuda por parte del usuario por esos cargos pretendidos o por los montos fijos del sostenimiento del abono o de otros ítems, mientras mantiene la empresa  esa relación contractual  en forma ficticia s.
Todo esto, es en relación a los distintos reclamos, que dan testimonio  de estos abusos que padecen los usuarios consumidores  de la telefonía  celular.
A todo evento cabe  poner de resalto, que la justicia comercial   ya ha resuelto que la empresa de telefonía celular no puede exigir el pago de una deuda como requisito previo a rescindir un contrato de un cliente.
Los usuarios de telefonía móvil de esa compañía podrán dar de baja el servicio y rescindir unilateralmente los contratos a pesar de tener deudas con la empresa, resolvió una decisión judicial.
El Juzgado Comercial Nº 21, Secretaria Nº 42, a cargo de Germán Paoz Castañera, hizo lugar a una medida cautelar contra la empresa de telefonía móvil.
Según la resolución judicial, la firma deberá suspender el cobro a sus clientes del ‘cargo de conexión’ en los casos de rescisión unilateral de los contratos por parte de los usuarios.
También deberá eliminar la imposición de pagar lo que adeudan los usuarios como requisito previo a la rescisión o resolución unilateral de los contratos que los vincula.
Asimismo se le ordena no destruir, ni alterar – bajo ningún concepto – la documentación, archivos informáticos y/o grabaciones telefónicas vinculadas a la contratación o modificación de los términos contractuales con sus usuarios, a la rescisión unilateral de todos los usuarios desde los 10 años de promovida la demanda y hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En los fundamentos, la resolución judicial recuerda ‘que cualquier disposición contractual o extracontractual que restrinja el derecho que tiene el usuario de rescindir unilateralmente el servicio resultan ser de aquellas previstas en el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor’, .
El mencionado artículo aclara qué tipos de cláusulas se tomarán como ‘no convenidas’ y enumera aquellas ‘que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños’; ‘que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte’ y ‘que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor’.
La resolución agrega: ‘Así no se puede subordinar el derecho que tiene el usuario a rescindir el servicio, al pago de ninguna de las sumas que pudiera adeudarle incluyendo el denominado cargo de conexión ya que tal práctica importa cercenar el derecho que tiene a migrar libremente de compañía telefónica o su decisión de quedarse sin ella’.
En definitiva, los usuarios que vean vulnerados sus derechos, deben defender los mismos , ya que estos se encuentran tutelados  por la legislación que regula los contratos de consumo, a lo que cabe adunarle el mandato constitucional  que otorga  protección a los consumidores( Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.)

Estar informado por Veraz

En principio, el estar informado en el “Sistema Veraz” como deudor provoca un estado de estado de angustia y desprestigio que desborda el nivel que supone meras molestias, y por otro lado , direcciona sus consecuencias en el plano de las afecciones legítimas de la actora, esto es, lo que -en el lenguaje del antiguo art. 1078 del Cód. Civil según la redacción de Vélez Sarsfield- configura propiamente un daño moral.

No se debe perder de vista que esa cuestión -la aparición en los registros de Veraz S.A.- provoca de por sí un descrédito, porque enseguida circula en plaza su nombre, con la consiguiente sospecha de insolvencia o irresponsabilidad patrimonial de la perjudicada” Esto ha sido decretado en el ámbito judicial (conf. causa 47316/2002 – “Barsi, Belén María c. Banco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ ordinario” – CNCom. – sala D – 23/11/2004) ).

Cabe poner de resalto , que la responsabilidad de le empresa de informes por la difusión de datos erróneos resulta a todas luces objetiva, sustentada en principio por la ley de defensa del consumidor

. El hecho de difundir implica responsabilidad y siendo una tarea remunerada, la informante (Veraz) debe hacerse cargo del riesgo implícito de la actividad empresaria,

Efectivamente, la persona perjudicada se encuentra en una situación de imposibilidad de controlar los mecanismos internos que tienen las entidades bancarias y Veraz para la carga y difusión de los datos. Por ello, el perjuicio se produce y no cabe duda que la causa se origina en la anotación y difusión de la condición de la actora no cierta.

Es entonces, que se debe tener presente que la ya mencionada ley de protección al consumidor, consagra la protección de los intereses económicos de los consumidores y usuarios, otorgándoles derecho a una información adecuada y condiciones de trato equitativo y justo; derecho que tiene explícita base constitucional (v. Art. 42 C.N.) con alcance operativo e inmediato principio de

cumplimiento. En consecuencia, la persona se ve forzada a tolerar una progresiva escisión entre praxis bancaria y normatividad que sólo conduce a una deplorable desvalorización del orden jurídico, como instrumento de regulación social (conf. “Avan SA c. Banco Torquinst SA s/ordinario” – CNCom. – sala A – 17/02/2004), incumbiendo a Veraz investigar antes de difundir el error en la entidad crediticia y no después de haberse consumado el daño.

Por ello , cuando Veraz violenta la obligación establecida en el art. 4º de la ley 24.240, el cual establece la obligación de quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, de suministrar al consumidor o usuarios, en forma cierta y objetiva, encontrándose encuadrada en la misma a tenor del servicio que presta , a la (persona) afectada no le queda otra alternativa -, ante la falta de solución , que ocurrir ante los tribunales, con el objeto de lograr una correcta reparación.-

Vacaciones – Incumplimiento de contrato- Protección normativa – acción Judicial

En este espacio, se intentará dar respuesta a distintas problemáticas que pudieran acontecer cuando se contrata un servicio turístico, siendo que los problemas más frecuentes podrían ser, entre otros : Cancelaciones, demoras, sobreventas, cambios de pasajes y tarifas de aviones, trenes, y ómnibus; Diferencias en ubicación y confort, reservas, robos, mal funcionamiento de las instalaciones, servicios que no presta como internet, lavado de ropa sin cargo o aire acondicionad y otros, en hoteles y apartamentos de alquiler vacacional y cruceros marítimos.; Incumplimientos de contratos, a la publicidad engañosa, cambios de itinerarios o de hoteles distintos a los que se habían pactado, cargos extras que el turista debe abonar por excursiones o paseos, que en teoría estaba incluidos en los paquetes, entre otras quejas a causa de paquetes turísticos comprados en Agencias de Viajes.

En un primer grado de análisis, se podría sostener que el régimen aplicable al contrato de turismo debe considerarse integrado por las disposiciones de la ley de defensa del consumidor y poniendo de resalto que el deber de información goza de protección constitucional.-

Puntualizando lo antes expuesto, habría que señalar que la actividad de las agencias de viajes está sujeta a las disposiciones de la ley n° 18.829 (Ley Nacional de Agentes de Viajes), cuyo decreto reglamentario (n° 2.182/1972) establece: “las agencias de viajes serán responsables por cualquier servicio que hayan comprometido ellas, sus sucursales o sus corresponsales, siempre que no estén comprendidas en el párrafo siguiente. Quedan eximidas las agencias de toda responsabilidad frente al usuario, no mediando culpa, dolo o negligencia de su parte, cuando sean intermediarias entre las empresas de servicios y los mencionados usuarios, siempre y cuando tales empresas desarrollen sus actividades sujetas a un reglamento o legislación aprobado por autoridad competente que establezca las modalidades de la contratación entre esas empresas y los usuarios” Volveré sobre el particular

Asimismo, el contrato internacional de viaje está regulado por la Convención Internacional relativa al Contrato de Viaje celebrada en Bruselas en 1970 (en adelante, “Convención de Bruselas”), adoptada por nuestro país a través de la ley 19.918.

Tomando lo establecido en esa convención, y como antes se adelantara, se define como organizador de viaje, a aquella persona (física y/o jurídica) que

habitualmente se compromete “en su nombre a procurar a otra, mediante un precio global, un conjunto de prestaciones combinadas de transporte, de estadía distintas del transporte o de otros servicios que se relacionan con él” , sea a título principal o accesorio, profesional o no .

Ese mismo catalogo precisa al que cumple funciones como intermediario de viaje, quien resultaría aquella(persona físoca y/o jurídica) que habitualmente se obliga “a procurar a otra, mediante un precio, o bien un contrato de organización de viaje, o una de las prestaciones aisladas que permitan realizar un viaje o una estadía cualquiera”, sea a título principal o accesorio, profesional o no.

Es importante destacar , que cuando el contrato de intermediario de viaje se refiere a un contrato de organización de viaje, ,se debería completar la mención del nombre y del domicilio del organizador de viajes, con la indicación del nombre y dirección del intermediario de viajes y con la mención que éste actúa en calidad de intermediario del primero”. La sanción a la inobservancia de tal requisito , traerá como consecuencia que , el intermediario de viajes será considerado como organizador de viajes”.

Con relación a la responsabilidad del organizador de viajes, la Convención de Bruselas establece que: “será responsable de todo perjuicio causado al viajero en razón del incumplimiento, total o parcial, de sus obligaciones de organización tales como resultan del contrato de la presente Convención, salvo que pruebe que él ha obrado como un diligente organizador de viajes”. Y el mismo cuerpo legal señala : “El organizador de viajes que hace efectuar por terceros prestaciones de transporte, alojamiento o cualquier otro servicio relativo a la ejecución del viaje o la estadía, será responsable de todo perjuicio causado al viajero en razón del incumplimiento total o parcial de esas prestaciones, conforme a las disposiciones que las rigen. Idéntico criterio se seguirá ante cualquier perjuicio causado al viajero en ocasión de la ejecución de estas prestaciones, salvo si el organizador de viajes prueba que él se ha comportado como un diligente organizador de viajes en la elección de la persona que realiza el servicio”.

Por otra parte, respecto del intermediario de viajes la convención estipula que él: “será responsable de los actos y omisiones de sus empleados y agentes cuando estos actúen en el ejercicio de sus funciones, como si fueran propios”. Y, además, establece: “El intermediario de viajes será responsable por toda falta que cometa en la ejecución de sus obligaciones, debiendo apreciarse dicha culpa en relación con los deberes que incumben a un diligente intermediario de viajes”.

Es prístino que las normas recién mencionadas (ley 18.829, decreto 2.182/1972, y Convención de Bruselas) estructuran -en principio- un sistema de responsabilidad subjetiva, basado en la diligencia que deben poner las agencias intermediarias y los organizadores de viajes en la prestación del servicio prometido por ellas y en la selección de las personas (físicas o jurídicas) que eligen para ejecutarlas

En consecuencia, aquel régimen especial debe integrarse con los principios generales de la responsabilidad civil establecidos en nuestro sistema normativo de fondo . Por otra parte, no caben dudas de que, en tanto exista la contratación de la provisión de un servicio de turismo (que incluya transportes aéreos, terrestres y navales, hospedajes, alimentación, y excursiones) para su consumo final, se configuran los extremos previstos por la ley de Defensa al consumidor , razón por la cual resulta indudable que existe entre las partes una relación de consumo. Por tal razón, el régimen aplicable al contrato de turismo también debe considerarse integrado por las disposiciones de la recién citada Ley de Defensa del Consumidor

Sin ánimo de agotar el tópico y a fin de concluir con el presente, la aplicación al contrato de turismo de las normas tuitivas de los consumidores y usuarios lleva a poner el acento en el deber de información que procede tanto de la Constitución Nacional, como de la ya citada Ley de defensa al consumidor . Es sabido que en las relaciones de consumo ese deber se ve particularmente acentuado, y abarca tanto la etapa precontractual como la contractual propiamente dicha. Veamos:

En la primera de ellas, la información tiene por finalidad que el consumidor tome una decisión razonada, en conocimiento de todas las características de las cosas o servicios que adquiere, las condiciones de comercialización, etc.

En cambio, en la etapa contractual su finalidad es la de garantizar una ejecución satisfactoria del contrato, lo que constituye un factor íntimamente vinculado al principio elemental de la buena fe .-

Por todo lo antedicho, la normativa descripta se dirige a proteger el interés del consumidor, con el objeto, que este no vea fustrada su expectativa vacacional, y en su caso sancionar a traces de una acción judicial , los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones principales asumidas en la contratación der servicios turísticos.-