Como reclamar aportes no realizados

Si el empleador retiene los aportes del trabajador y no los deposita, el afectado puede efectuar la intimación y posterior denuncia en cualquiera de las dependencias de la AFIP, o en la Dirección de Fiscalización Operativa de la Seguridad Social.

Usted por medio de la página de ANSES puede consultar el listado histórico de aportes previsionales realizados por sus empleadores.

La falta de pago de aportes implica una severa multa a favor del trabajador perjudicado, equivalente a un sueldo por mes trabajado hasta que el incumplidor haga efectivo el depósito de los aportes correspondientes. Conforme a lo dispuesto en la ley 25345 art. 43 en los arts.75°, 80°, 115°, 131° y 137° de la L.C.T. como así en el art.9° y 56° de la ley 18.037; art. 2° de la L.E. y art. 43° de la ley 25.345, siendo de aplicación los arts. 1738, 762, 765, 768 y769 del Código Civil y Comercial de la Nación.-

Para que la sanción proceda, es necesario que el trabajador intime al empleador a que un plazo de 30 días ingrese los importes adeudados más los intereses multas que pudieran corresponder. Por lo que el trabajador, deberá probar que intimo al empleador para la procedencia de la multa.

Cuando son varios los responsables del pago de aportes, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que nazca la responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de la otra, es menester que aquella empresa contrate o subcontrate servicios que complementen su actividad normal, como en el caso que nos ocupa, se han vulnerado con cada cambio de titularidad ejecutando el mismo nombre comercial.

La ley 14236 y modificatorias establece en el artículo 16 que “las acciones por cobro de las contribuciones, aportes y multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescribirán a los diez años”. La jurisprudencia ha establecido: “Si bien la Administración comienza su actuación con la denuncia del trabajador, existe sentencia laboral que reconoce la existencia de relación de dependencia en los términos que señala. Obviamente, hay prescripción liberatoria si hay inactividad del acreedor.”

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Lo que deberías saber sobre los pagarés.

La justicia sentencia que la sola firma del pagaré, en las relaciones de consumo, no constituye el resultado de ninguna negociación previa, sino una condición impuesta por el proveedor como forma de obtener una vía de cobro expedita del crédito, a costa de limitar derechos irrenunciables del consumidor, lo que configura una situación de abuso de derecho
Distintos pronunciamientos, tanto en la justicia nacional como en la provincial, han desestimado la ejecución directa de los pagarés.-
Los magistrados, han entendido que cuando se advierte que bajo el título que se pretende ejecutar, como es el caso de un pagaré, se encuentra latente una relación de consumo, y por tanto han declarado la inhabilidad del cartular ya que de lo contrario, si se tolerara la habilidad de éste, implicaría un abandono, al deber de velar por el cumplimiento de las normas de orden público contenidas en la legislación de fondo.-
De conformidad con la expuesto, no se puede dejar de lado la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional Comercial, en los casos de ejecución de títulos cambiarios en donde se encuentren involucrados derechos de consumidores, donde resulta posible inferir, a partir de la calidad de las partes y demás elementos existentes en las actuaciones, que el vínculo que subyace encuadra en una operación de crédito para el consumo.
Los fallos examinados, puntualizan que los ejecutantes, son encuadrados como proveedores,, mientras que el ejecutado es una persona humana con las características que la LDC requiere para calificarlo consumidor o usuario.
Esas circunstancias personales de las partes imponen alardear, que el título que se intenta ejecutar tuvo su causa de emisión en un acto de financiamiento concedido por un proveedor profesional a un consumidor, destinado a que este último adquiera bienes o contrate servicios para beneficio propio o de su grupo familiar o social.
En la ley de defensa del consumidor, existen requisitos de información en la instrumentación del crédito para el consumo, que no deben soslayarse bajo pena de nulidad.-
Por ende, cualquier mecanismo utilizado para burlar lo normado imperativamente por el texto legal debe ser sancionado sin más con la invalidez.
A fin de concluir, los juzgadores han señalado que los títulos valores fueron creados por comerciantes y para comerciantes, a fin de facilitar el tráfico mercantil y no para reducir las vías de defensa a los no comerciantes, es decir, a los consumidores. Y no existe duda a esta altura que el Derecho del Consumidor ha desplazado –y con relevancia constitucional al derecho comercial en las operaciones de la vida diaria. Ergo,, para evitar el fraude a la ley de Defensa del Consumidor, los sentenciadores, han determinado – en numerosos casos- la nulidad de la ejecución directa de un pagaré.

MALA PRAXIS MEDICA- COMPETENCIA

En algunas oportunidades, al querer entablar acciones judiciales por “mala praxis médica”, ello nos lleva a la duda de cuál sería la competencia: ordinaria o federal .Veamos: 

El sometimiento delas obras sociales y/o  agentes del seguro a la justicia ordinaria estará limitado a su actuación como sujeto de derecho en los términos dispuestos en la ley. ¿Y cuáles son los términos de la ley de Obras Sociales? ¡Pues atender a sus beneficiarios! De lo que se desprende que en caso que surjan  incumplimientos asistenciales las Obras Sociales podrán ser demandadas por ante la justicia ordinaria.-

De ese modo lo han declarado  recientes fallos judiciales, en cuanto se sostuvo en ellos,  que es competente la justicia civil para entender en la acción de daños y perjuicios pretendidos por la actora en razón de la conducta que atribuye al profesional que la atendió y a la Obra Social a la que pertenece

Ese criterio resulta aplicable, ya que lo que se debate es  la responsabilidad civil de los médicos  y no, exclusivamente, aspectos que hacen a la instrumentación y planificación de las obras sociales, por lo que no resulta de aplicación el fuero de excepción (que indica que debe plantearse en sede federal).

En este orden de ideas, cabe destacar que nuestro más alto  Tribunal reiteró que corresponde la intervención de la justicia  civil (ordinaria) en los casos en los que, se demande por la responsabilidad civil de los profesionales  médicos, aun cuando un ente de obra social también integre la acción judicial(como demandado).-

En el mismo sentido, se ha decretado, en  reiterados casos  que si se demanda al profesional de la medicina que intervino en la cuestión, corresponde su tramitación ante el fuero civil aun cuando un organismo de la obra social también integre la litis como codemandado, sin que ese criterio se vea modificado cuando se demanda también al Estado Nacional

Es dable señalar, entonces, que si el demandante  centró el reclamo en la responsabilidad de los demandados en razón de haber sido la causa originaria y directa de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la mala actuación de los profesionales que lo atendieron, forzoso es concluir que debe intervenir  interviniendo la Justicia  Civil.

A fin de concluir, es dable precisar  que la sola mención de alguna omisión en la prestación del servicio por parte de la obra social o del prestador médico no resulta por sí suficiente para inferir  en la conveniencia del desplazamiento en la competencia ordinaria (civil)

Extravío del pagare

Existe  la posibilidad, mientras tenemos en nuestro poder  un pagaré, con determinado vencimiento y/o a la vista, de que lo extraviemos  o nos los sustraigan(al pagaré)

Resulta de vital importancia de mantener  en todo momento la custodia de los pagarés para evitar tener que realizar después las acciones pertinentes para poder cobrarlo, que alargan el proceso de cobro y nos supondrán un gasto extra.

Es de total obviedad,  que sin tener el cartular,  no resulta posible  exigir el pago al firmante del pagaré, y  por ende  tampoco se podrá  cobrar.

Comprobada la  pérdida, sustracción o destrucción, el portador desposeído  debería comunicar r el hecho al girado y al librador y requerir la cancelación del título al juez letrado del lugar donde la letra debe pagarse o ante el de su domicilio

Por lo tanto, una vez  que se ha constatado, el extravió y/o sustracción del documento, y se ha comunicado al firmante, habría que  promover sin demora una acción judicial, con la finalidad   de evitar  que un tercero pueda cobrar ilegítimamente el importe del pagaré que no le corresponde.

Este procedimiento, está previsto por la ley,  donde se explican claramente las acciones que se deben tomar,  para obtener finalmente una resolución judicial de modo que  permita,  reclamar el pago del pagaré a vencimiento así como, la posibilidad de iniciar las actuaciones judiciales correspondientes, en caso de no poder obtener su cobro.

Una vez radicada la denuncia, el juez debería practicar  las averiguaciones pertinentes sobre la veracidad o no de los hechos que se presentan, y tras estudiar las diferentes particularidades de cada caso, decretaría algunas de estas  posibilidades.

La primera,  puede consistir en la obligar al  firmante de expedir un duplicado o  la segunda en la que se expresa el reconocimiento del derecho del tenedor desposeído a exigir el pago si el vencimiento del pagaré ya ha transcurrido.

Por último, cabe poner de resalto que el trámite judicial  comienza y se desarrolla con la intervención de una sola parte -el portador desposeído-, y tiende a lograr la resolución judicial, no contra otro sujeto determinado, sino para establecer la eficacia de un nexo jurídico -acto de constatación-, sin conflicto con nadie, es decir que no hay intereses encontrados con parte alguna  No persigue una decisión entre dos partes, sino solamente con relación al sujeto que reclama el ejercicio de la actividad judicial en el caso concreto.


Al tramitarse inaudita parte, corresponde al tenedor desposeído  cumplir con los recaudos de toda demanda judicial, indicando los requisitos formales del pagaré, cuya cancelación se pretende. También deberá acompañar la prueba documental que tenga en su poder y ofrecerá la pertinente sobre la titularidad del derecho, la propiedad del documento, y de las circunstancias que motivaron la desposesión involuntariamente sufrida 

Cheque rechazado por orden de no pagar

Por lo general, los cheques sin indicación de beneficiario, por lo cual, resultando la legitimación de su mera posesión, y habiéndose depositado en una cuenta para su cobro, el simple rechazo bancario consignado en el dorso del documento con aclaración de su causa, deja expedita la vía ejecutiva por surtir los efectos de un protesto.

La orden de no pagar un cheque.  NO le hace perder a éste su fuerza ejecutiva, ya que sólo tiende a impedir el pago cuando se dan algunas  circunstancias consignadas en la ley , sin que ello determine  la validez del documento considerado en su perfeccionamiento (orden de pago y título de crédito).

Si el firmante y/o librador de los cheques se limita a mencionar una denuncia policial, sin acreditar el inicio del procedimiento de cancelación, no podrá privar al ejecutante,  de su derecho a exigir judicialmente el cobro de la deuda instrumentada en los documentos cuestionados.

Actuar en sentido inverso, quitándole fuerza ejecutiva a los cheques mediante el simple recurso de formular una denuncia policial, sería un grave error.

Sin perjuicio de lo expuesto, de modo previo, resultaría prudente efectivizar algunas acciones: En primer lugar, determinar  fecha de la orden de no pagar, fecha del hecho o acto que le diera causa, y si se ha registrado ratificación judicial (en caso de extravío, por tentativa de estafa)
Alguno de estos datos surgen del propio cheque rechazado y de información de la base del BCRA. Otros se deben obtener del Banco girado. Para ello se debería remitir una comunicación  al Banco girado, requiriendo toda la información que resulte menester.-

Por otro lado,  si de las averiguaciones surge que la denuncia y los hechos o actos que le dieron causa son posteriores a la tenencia del Banco del cheque, debe efectuarse reclamo (y potencialmente denuncia penal) al librador del valor

Cumplidos los recaudos, antes reseñados , se estaría en condiciones  de accionar por vía judicial, habida cuenta que resultaría  preferible que recaiga sobre la víctima directa de una sustracción o una pérdida el perjuicio económico, a que se entronice por vía de interpretación judicial un mecanismo que permita a las gentes de mala fe abusarse del prójimo, quitándole virtualidad al cheque.

Solidaridad laboral en la tercerización

El presente  comentario tiene por objeto, analizar la tercerización a la luz de la ley de contrato de trabajo y su interpretación por la justicia del trabajo.-

En su redacción original, la norma  establecía que “Quienes contraten o subcontraten con otros la realización de obras o trabajos, o cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre para la realización de obras o prestación de servicios que hagan a su actividad principal o accesoria, tenga ésta o no fines de lucro, deberán exigir a éstos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado. “

En la actual redacción se declara que quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social.

La normativa laboral vigente  dispone que quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o  contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito.

En ese sentido, se pronunció la  Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo eEn la causa “Landsmand, Carlos Martín c/ HSBC Bank Argentina S.A. y otro s/ Despido”, al precisar que la , hace referencia a la actividad normal y específica propia del establecimiento”, añadiendo que “por establecimiento se entiende, según la propia ley, de la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de fines de la empresa, a través de una o más explotaciones”, por lo que “se trata de una normal estructura empresarial que obtiene un beneficio por la tareas ajenas y que, según la ley manda, debe responder ante la insolvencia del contratista o subcontratista”.

La resolución “ in examine”  destaca que “la actividad propia y específica no sólo comprende a lo que atañe directamente al objeto o fin perseguido por la empresa, sino también aquéllas otras actividades que resultan coadyuvantes y necesarias al punto de tornarse imprescindibles”, siendo que los camaristas   entendieron que “la explotación de la entidad  por medio de los servicios de la empresa tercerizada o subcontratada , resulta necesaria para el normal desarrollo en el mismo, haciendo posible el cumplimiento de su finalidad empresaria propia”.

 De lo expuesto, se desprende con claridad meridiana, que no pueden existir dudas acerca de la solidaridad que le corresponde a la empresa que (tercerizó) sub contrató  sus actividades.-

Despido: falta de invocación de causas

El objeto de este comentario, es reseñar un reciente fallo dictado por la sala I de la Cámara Nacional del Trabajo.-

El tema en debate, era determinar si el despido dispuesto por la empleadora resultaba justificado.-

La empleada había sido despedida, y se le había imputado incumplimiento en las tareas a su cargo, lo que había motivado su destitución.- Esto fue rechazado, y dio origen al reclamo.-

En primera instancia se hizo lugar a la demanda, extremo que fue confirmado por el Superior del fuero.-

La jueza de grado,  consideró que las causales invocadas por la empleadora en la comunicación extintiva, no reunían los recaudos exigidos por la ley laboral, por lo que, teniendo en cuenta que tal omisión no podía ser subsanada con posterioridad, determinó que el despido fue injustificado.

La empleadora, intentó probar los incumplimientos de la dependiente a través de testigos, siendo que ello, no resultaba suficiente para subsanar las deficiencias contenidas en la epístola donde se despedía a la trabajadora.-

En efecto, la comunicación que establece la normativa debe ser clara y precisa. Esto es, la invariabilidad de la causa de despido.
Cabe poner de resalto, que el despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas.

De ese modo, si las  causales de la misiva extintiva  resultan ambiguas  y de carácter genérico, se incumple con los recaudos que dispone la ley de contrato de trabajo. 

 Por tanto, queda claro, que si no se explicita con precisión los fundamentos  de la cesantía   en la comunicación (fehaciente), no se podrá suplir en la posterior acción judicial, por lo que el despido será considerado como injustificado.-